jump to navigation

Viernes 16 de mayo de 2008

El cheque escolar

8:51 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Hablamos de esta controvertida criatura cuya formulación actual corresponde a Milton Friedman, premio Nobel de economía y máximo exponente de la llamada Escuela de Chicago.

Qué es el cheque escolar.

En primer lugar, es preciso aclarar lo que no es el cheque escolar. El cheque escolar no pretende ni la eliminación de la escuela pública ni la eliminación del derecho universal a la enseñanza. El cheque escolar es un cheque que el estado entrega a los padres para que estos elijan en qué colegio quieren que estudien sus hijos. El cheque escolar supone que, en vez de financiar a los colegios, sea a las familias a quienes se financie. De esta forma se consiguen inmediatamente varias ventajas notables sobre el sistema actual.

  • Se garantiza a todos el derecho a la enseñanza.
  • Los padres pueden elegir el colegio.
  • Los colegios deben competir y ofrecer la mejor calidad para atraer las matrículas.



Libertad frente a territorialidad.

Normalmente, el criterio de asignación de los alumnos a los colegios es el de la cercanía. Es decir, el territorio. Si la inmigración tiende a habitar los barrios donde el metro cuadrado de suelo es más barato, los hijos de inmigrantes también tenderán a estudiar en los mismos colegios. Frente a este criterio de territorialidad, el cheque escolar introduce el criterio de libertad. Y primando el criterio de libertad, la apuesta de los padres previsiblemente será la calidad. De este modo, el cheque escolar no sólo no sería un instrumento antisocial, sino que sería un instrumento de libertad, justicia y progreso. Lo antisocial, incluso, podría ser el modelo actual.


Libertad y diversidad.

Vivimos en una sociedad plural. El denominador común de todas las familias es que todas buscan la mejor educación para sus hijos. Pero unas familias querrán colegios religiosos y otras no. Una querrán que sus hijos aprendan vascuence y otras querrán que sus hijos aprendan inglés. Unas querrán que la educación de sus hijos dedique especial atención a las artes. Otras querrán que esa atención especial la reciba el deporte, la ciencia, la formación profesional… Desde este punto de vista, al no existir libertad de elección, el modelo actual confunde la universalidad con la uniformidad. Sólo los más favorecidos, de hecho, tienen recursos para poder elegir. Un modelo plural, como lo es de hecho la sociedad, sólo es posible con un modelo educativo basado en la libertad. El modelo actual no sólo es caro, además es uniformizador y restrictivo de la libertad. Menos para las clases pudientes, contrariamente a lo que sostiene la ortodoxia progresista.


Países donde se aplica el cheque escolar.

El cheque escolar ya es una realidad en algunos estados de los EEUU, en algunas partes de Italia, en Chile o, por extraño que parezca, en Suecia, antaño paraíso socialdemócrata. No hay un solo caso en el que la introducción del cheque escolar haya colapsado el sistema, dejado de garantizar la escolarización universal o empeorado los resultados del modelo anterior. Siendo pocos los países que han implantado este sistema, llama la atención que precisamente uno de ellos, Nueva Zelanda, ocupe los puestos más altos del informe PISA.



Publicado en Navarra confidencial

Al día el directorio de entidades pro objeción


Viernes 2 de mayo de 2008

Una ‘ilícita invasión’ del Gobierno

12:19 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Por Justino Sinova

La última sentencia judicial sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía condena las medidas invasivas del Gobierno, su afán por imponer asuntos que no le competen, su maniobra de limitar, para ello, libertades y derechos individuales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sentenciado que parte de esa asignatura inventada por el Gobierno Zapatero vulnera el principio de neutralidad ideológica a que están obligados los poderes públicos e invade de forma ilícita los campos de la moral, de la ética y del Derecho.

El Gobierno socialista ha realizado un acto contrario al espíritu democrático -al disponer una imposición que lesiona el valor del pluralismo-, de los más rechazables -al violentar el ámbito de la educación de los niños- y de los más dolorosos -al lesionar el derecho fundamental a las libertades ideológica y de enseñanza-.

Desde que el Gobierno diseñó la asignatura se advirtió el riesgo y surgieron razonables voces de alarma ante el intento de entrar con argumentos partidarios en el ámbito de la educación. Las sospechas se confirmaron cuando se conoció mejor el propósito gubernamental. Y se dispararon las alarmas cuando ese afán se plasmó en textos escolares, algunos de los cuales resultaron ser reflejo de ideologías tan antiguas como el totalitarismo (aquí dejamos alguna constancia de ello).

El que muchos padres denunciaran la invasión política y el que en diversos lugares de España empezaran a surgir objeciones formales a la asignatura eran reacciones lógicas de protesta, además de una sana resistencia contra la injusticia. Como se ha ido comprobando, Educación para la Ciudadanía es una asignatura ideológica concebida para formar a los niños en propuestas de la ideología gobernante, a la que se quiere instalar por esa incidencia coyuntural en ideología dominante.

Esta pretensión arbitraria es tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Andalucía cuando argumenta que «la instrucción de los niños y jóvenes no puede estar orientada ideológicamente por el Estado». Esta afirmación es definitoria del problema: un Tribunal se ve en el deber de recordarle al Gobierno lo que es esencial en el sistema democrático y que está recogido en nuestra Constitución de 1978, o sea, el ya citado valor superior del pluralismo, además de la libertad ideológica consagrada en el artículo 16 y de la libertad de enseñanza del 27, en el que se subraya que la educación habrá de respetar «los derechos y libertades fundamentales».

Ante la pretensión asaltante del Gobierno hay que recordar el maltrato con que distingue a otra asignatura que los padres en su mayoría quieren para sus hijos, la de Religión, que desprecia al no hacerla computable para la calificación final del alumno. En este caso, el Gobierno se burla del 84,5% de los padres de alumnos de Infantil y Primaria que piden para sus hijos la Religión, en aplastante mayoría católica. Han leído bien, el 84,5 %, porcentaje que desciende en los niveles superiores -ESO y Bachillerato-, pero que en la media total queda en el 75,7%.

Tres cuartas partes de los alumnos piden la asignatura de Religión, pero el Gobierno la considera de segunda división para el currículo; al tiempo, impone la de Educación para la Ciudadanía, que hace obligatoria y computable a todos los efectos, o sea, un trágala. Ante tamaña coerción, se justifica la objeción que va extendiéndose por España. Los Gobiernos están para resolver los problemas de los ciudadanos, no para creárselos ni mucho menos para imponerles lo que deben pensar. Estamos aquí ante una batalla por la libertad que merece la pena, una batalla necesaria por uno de los bienes más preciados de la persona, al que no podemos ni debemos renunciar.

Publicado en El Mundo, edición impresa


Miércoles 30 de abril de 2008

Profesionales por la Ética reclama al MEC la retirada de EpC

21:26 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

PPE

PPE considera que, con su decisión de anular parcialmente el desarroollo autonómico de la asignatura, el TSJA torpedea ‘Educación para la ciudadanía’ y refuerza el movimiento objetor.

REDACCIÓN HO.- Ante la declaracion judicial del caracter ideologico de la asignatura, el MEC debe retirar la asignatura. Así lo reclama Profesionales por la Ética (PPE) en un comunicado hecho público en la tarde de este miércoles.

En él se afirma que la sentencia del TSJA conocida hoy confirma de nuevo la naturaleza ideológica de ‘Educación para la ciudadanía’, constituye un importante refuerzo de la posición de los padres objetores y obliga a todas las Administraciones educativas insensibles a la libertad educativa a modificar su actitud de rechazo a la objeción de conciencia.

Para PPE, la declaración de nulidad de aspectos como la ideología de género y la homosexualidad -tratados favorablemente en las órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan los contenidos de la materia correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria-, evidencia la legitimidad que ofrece nuestra democracia para no compartir las doctrinas oficiales que subvierten las convicciones de millones de ciudadanos.

La asociación promotora de la objeción de conciencia ante la mencionada asignatura considera como enormemente trascendente la llamada que la Sala hace al Tribunal Supremo para que, mediante cuestión de ilegalidad, conozca y resuelva sobre los reales decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el Ministerio. El mero planteamiento de esta cuestión es prueba de que la naturaleza ideológica de ‘Educación para la ciudadanía’ es genética, de modo que si son ideológicamente inaceptables las normas autonómicas andaluzas, se ha de sostener que también lo son los reales decretos en los que éstas se fundan, y cuyos principios y contenidos incorporan.

Esta sentencia -continúa exponiendo el comunicado- torpedea en su línea de flotación el esfuerzo adoctrinador del Estado que pretende imponer, mediante la ideología de género, un modo de entender la persona y la familia completamente inaceptable para buena parte de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, es una llamada de atención a las Administraciones educativas encantadas con bailar el vals del lobby rosa, para que dejen a un lado las pretensiones impositivas del activismo homosexual y presten la debida atención a la libertad educativa de los padres.

Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, “se ha puesto en evidencia el carácter adoctrinador de la asignatura y el Ministerio debe rectificar, retirar ‘Educación para la ciudadanía’ o, al menos, cesar en su afán adoctrinador, expulsar del sistema educativo cualquier planteamiento ideológico y asegurar la libertad educativa de los padres”.


Un gran disparate

10:10 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Pedro Trevijano

Cuando leí que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma afirmaban que la objeción de conciencia contra la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía no podía admitirse, porque la objeción de conciencia «no está reconocida en nuestro Estado de Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado» (La Rioja 16-IV-08), me quedé estupefacto. Yo creía que «la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión» y, en consecuencia, la objeción de conciencia contra las disposiciones que se oponen a estas libertades, estaban en el artículo 18 de los Derechos Humanos de la ONU; que el derecho de los padres «a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» estaba en el artículo 26 párrafo 3, mientras nuestra Constitución, artículo 27 párrafo 3, recoge el derecho de los padres «a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

El problema es: ¿son los derechos humanos propios de la dignidad intrínseca del hombre y anteriores por tanto a la graciosa concesión del Estado, o son inexistentes mientras al Estado no le dé la gana regularlos?; es decir, ¿su único fundamento es la legalidad del Estado? Como persona, ciudadano y católico me apunto a la primera solución. La otra, me gustaría que alguien me explique porqué es democrática y no totalitaria.

Publicado en La Rioja 


Una vez más con la objeción de conciencia

10:00 h | Artículos,Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

por Nieves Ciprés periodista y ex Concejal de Educación del Ayuntamiento de Pamplona.
Miércoles 30 de abril | Navarra

Nos toca vivir cuatro años más de gobierno socialista… y el ánimo de los padres no decae, mejora día a día. De nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (no olvidemos comunidad autónoma socialista) dicta auto y reconoce el derecho a la objeción de conciencia contra la asignatura de adoctrinamiento de Educación para la Ciudadanía impuesta por el gobierno socialista, sin consenso y bajo una autoridad inusual que se escapa del ordenamiento jurídico de la propia constitución española que, todavía hoy, nos ampara y protege. El “Estado” únicamente debe proteger y amparar el derecho a la educación y a la libertad (cosa que no está ocurriendo) y loable es que un Tribunal así lo explique y dicte. Por eso la educación y la libertad, como derechos fundamentales y responsabilidad exclusiva de los padres, deben prevalecer. Por tanto, el “estado” no debe desamparar nuestro derecho a la libertad, libertad de los padres a elegir libremente el colegio que queremos para nuestros hijos, según nuestras propias convicciones religiosas y morales (art. 27.3 Constitución Española). Si no es así los padres, amparados por la constitución y la ley Protección de Derechos Humanos de la ONU, tenemos el derecho moral y de conciencia a revelarnos.

La imposición de esta asignatura, sectaria y propia de totalitarismos fascistoides, desampara gravemente esta libertad, la coarta y la aniquila. Elegimos colegio de acuerdo a nuestra conciencia y convicciones y nos encontramos con que, en todos y cada uno de los colegios e institutos, privados, públicos y concertados, queda impuesta una asignatura contraria al ideario del colegio elegido. ¿Es esto libertad? La intromisión del Gobierno es tal que, incumpliendo las leyes constitucionales y el derecho constitucional a la objeción de conciencia, ha comenzado su adoctrinamiento peculiar en las escuelas. Incluso con la Vicepresidenta del Gobierno Nacional de profesora en campaña electoral. La lucha es de los padres por su puesto. Pero… ¿no debería ampliarse la negativa o la objeción de conciencia también al sistema educativo (colegios, profesores…) ya que están siendo utilizados para actuar como vehículos doctrinales y de transmisión en la creación, de un nuevo sistema político y de pensamiento socialista-laicista, alejado de nuestras raíces culturales religiosas?.

A diferencia de Navarra, junto a otras comunidades socialistas y nacionalistas, en Madrid y Murcia, escuchando y atendiendo a los padres, ya se están tomando medidas al respecto, que bien pueden servir de ejemplo. Se reconoce y respeta el derecho a la objeción de conciencia de los padres y lo más importante: los alumnos que quieran objetar quedan exentos de la asignatura y de su evaluación.

Hay que seguir recordando que, en esta democracia de la que tanta “gala” se hace, esta asignatura nació sin consenso social ni educativo, por imposición, por el “como sea”. Haciendo caso omiso a los 3.000.000 de firmas (superando ampliamente las 500.000 necesarias) contra la LOE, que incluía esta asignatura, y a tantos miles y miles de objeciones de conciencia que se presentan tanto al Gobierno central, como autonómico o foral (como es nuestro caso navarro con más de 600 firmas). Estoy de acuerdo, me sumo y apoyo a los padres que aterrados y luchadores siguen presentando objeciones con el fin de que el Gobierno retire esta asignatura y en su defecto sea optativa. Y hago mío el lema de los objetores: NI UN PASO ATRÁS.

Nieves Ciprés periodista y ex Concejal de Educación del Ayuntamiento de Pamplona

Publicado en Navarra Confidencial


Martes 29 de abril de 2008

Quien paga, ahorra

12:42 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

El precio de la universidad (1)

Thomas Sowell

Construir un puente conlleva el agotamiento de recursos que se podrían haber empleado para hacer viviendas o un hospital. Ir a la universidad supone grandes cantidades de recursos que podrían haber sido gastados en otro tipo de cosas.

Este titular de portada del New York Times capta buena parte de la confusión en materia de economía de nuestro tiempo: “Menos posibilidades para pagar la matrícula universitaria”. El artículo entero versa sobre el incremento en el coste de los estudios universitarios, las dificultades que los padres tienen para afrontarlo y los apuros que tanto padres como estudiantes experimentan a la hora de pedir prestado el dinero que necesitan cuando sus ingresos son menores que el precio de la matrícula.

Todo esto viene la mar de bien para una crónica de “interés humano”. Pero diseñar políticas económicas sobre la base de estas historias, que es lo que los políticos hacen cada vez con mayor frecuencia, especialmente en año electoral, tiene una enorme desventaja para quienes tienen la mala pata de no entrar en las categorías elegidas para la redacción de estos relatos de interés humano.

La idea central de las historias de interés humano sobre personas con problemas económicos, sean estudiantes universitarios o gente que se enfrenta a ejecuciones hipotecarias, es que el Estado tiene que salir en su rescate porque se supone que tiene mucho dinero, y estos individuos muy poco. Sin embargo, como la mayoría de los “grandes bolsillos”, los del Estado provienen de un enorme número de personas con bolsillos mucho menores. En muchos casos, los ingresos del contribuyente medio están por debajo de los de esas personas sobre las cuales el Estado prodiga sus favores financieros.

Los costes no son sólo cosas que el Estado deba ayudar a la gente a pagar. Los costes siempre nos dicen algo que resulta peligroso ignorar. El hecho fundamental de la vida económica (capitalista, socialista o feudal) es que los recursos no bastan para producir todo lo que deseamos. Esto significa que el coste real de cualquier cosa es el de todas las demás que se podrían haber producido usando los mismos recursos. Construir un puente conlleva el agotamiento de recursos que se podrían haber empleado para hacer viviendas o un hospital. Ir a la universidad supone grandes cantidades de recursos que podrían haber sido gastados en otro tipo de cosas.

Los precios obligan a la gente a ahorrar. Los precios subvencionados nos permiten sustraer recursos de otros usos sin tener que sopesar el coste real de hacerlo. En ausencia de precios de mercado que informen sobre los costes reales de los recursos que se niegan a otros usos alternativos, tenderemos a malgastarlos. Esa fue la principal razón de que las industrias soviéticas usaran más electricidad que las norteamericanas para una producción menor. Por este motivo consumían más acero y cemento que Japón y Alemania aunque su producción de artículos hechos de estos materiales fuera menor. Cuando se paga el coste completo de algo, es decir, el valor total de sus recursos para usos alternativos, se tiende a economizar. Si pagas menos, a derrochar.

Que alguien vaya a la universidad, el tipo de universidad a la que asista o continuar en ella para hacer cursos de postgrado son todas ellas decisiones que hay que tomar sobre la cantidad de recursos que otra gente desea, y que le son sustraídos para ser usados por otras personas sobre las que de forma arbitraria centramos nuestras crónicas de interés humano.

Esto no es desnudar a un santo para vestir a otro. El nivel de vida de la sociedad entera disminuye cuando los recursos son desplazados de usos altamente valorados a otros que lo son menos, para ser además malgastados por personas subvencionadas o a las que de alguna forma se les permite pagar por debajo del coste real.

El hecho de que el sistema económico soviético permitiera a sus industrias derrochar recursos conllevó el pago de un precio no en dinero, sino en un nivel de vida menor de lo que la tecnología y los recursos disponibles eran capaces de generar. La Unión Soviética era uno de los países mejor provistos de recursos naturales, si no el mejor de todos. Aún así, muchas personas allí vivían casi como si estuvieran en el Tercer Mundo.

¿Cuántas personas acudirían a la universidad si tuvieran que pagar el coste real de todos los recursos sustraídos a otros sectores de la economía? Probablemente muchas menos. Además, si la tuvieran que pagar de su propio bolsillo seguramente habría menos gente gastando dinero en cursos que les hacen sentir bien como las que incluyen sesiones de música rap, en lugar de matricularse en asignaturas serias. También habría menos gente pululando por el campus en busca de una vida social o refugiándose de las responsabilidades adultas del mundo real.

Thomas Sowell es doctor en Economía y escritor. Es especialista del Instituto Hoover

Publicado en LD


Educación para la Ciudadanía y el PP

12:02 h | Artículos,Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Señores del PP: Educación para la Ciudadanía va a ser un problema para ustedes si se ponen en contra de los objetores, es decir, en contra de los que estamos defendiendo que en este país sigan existiendo el pluralismo ideológico y las libertades

Victoria Llopis
Nuevos aires parecen soplar en el Partido Popular. Hace escasos días un medio digital nos informaba  lo siguiente:

«Génova quiere dar una vuelta a todo aquello que “huela a naftalina” o a “cera de sacristía” y que durante la pasada legislatura tomó un papel determinante en su imagen pública. Así que, por lo pronto, para que el partido vaya engrasando su maquinaria, adaptándose a la renovación, se han impartido instrucciones para evitar seguir fomentando la objeción de conciencia de padres en los colegios contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.»

Todos recordamos cómo el señor Rajoy, para atraerse el voto de miles y miles de padres de familia, se comprometió durante la campaña electoral a eliminar Educación para la Ciudadanía si llegaba al poder porque era “innecesaria y adoctrinadora”. Sí, dijo “adoctrinadora”.

También recordamos cómo basó su campaña electoral en “resolver los problemas de la gente”. Pues bien, parece que fue sólo oportunismo electoral. Los ciudadanos asistimos atónitos estos días al volantazo dado en este tema. Así, algunos dirigentes del PP con cotas de poder autonómico están empezando a disparar groseramente en la dirección contraria.

Lo que dijo el otro día el consejero de Educación de La Rioja, del Partido Popular, afirmando poco más o menos que la objeción es incompatible con la existencia del Estado lo podría haber dicho perfectamente el consejero de Castilla la Mancha, del PSOE, a poco que hubiera alargado un poco más su totalitario discurso

Educación para la Ciudadanía no es sólo un problema de los padres de familia que tienen hijos en edad escolar; es un problema de la sociedad española en su conjunto, porque es la clave de bóveda del proyecto de cambio revolucionario impulsado por Zapatero. La viabilidad de su proyecto a medio plazo pasa por la implantación de EpC. No es una asignatura; es la plasmación en modos, valores, conceptos y palabras de lo que Zapatero pretende hacer de España y los españoles.

Señores del PP: Educación para la Ciudadanía va a ser un problema para ustedes si equivocan el tiro. EpC no es algo que se asimile a los católicos, de los que de pronto parecen huir como de la peste. Va a ser un problema para ustedes si se ponen en contra de los objetores, es decir, en contra de los que estamos defendiendo que en este país siga existiendo el pluralismo ideológico y las libertades de expresión, pensamiento y praxis política. Pluralismo y libertades que son las bases de nuestro Estado de Derecho. Y los que defendemos estas libertades fundamentales no tenemos en absoluto cautivo nuestro voto. Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Avisados quedan.
Publicado en LD


Sábado 26 de abril de 2008

El género en la EpC

18:21 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

En Educación para la Ciudadanía, nos encontramos con que una perspectiva de género por la que se pasa de dos a cinco sexos: mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales.

Pablo Rodríguez

Publicado en Religion en Libertad

El otro día, un buen amigo mío, que está preparando la oposición al cuerpo jurídico militar, me explicaba el último tema que han incorporado al conjunto de los que tiene que estudiar. Se trata de la “perspectiva de género”, que imagino debe ser importante para el buen quehacer técnico de todo jurista de nuestro ejército que se precie.

Otro conocido, con relación con el cuerpo diplomático, me explica que en la Escuela Diplomática, donde aquellos que han aprobado la oposición que da acceso a este cuerpo de funcionarios del Estado pasan unos meses formativos, también una de las asignaturas que allí se imparten tiene un nuevo tema: la perspectiva de género.

En Educación para la Ciudadanía, nos encontramos con que esta perspectiva de género se encuentra presente en el temario.

Activado principalmente por la conversación con mi amigo opositor, me lanzo a buscar más información sobre el particular. Lo que encuentro, sobre todo con la ayuda de un informe de una profesora norteamericana llamada Dale O’Leary, autora de un informe titulado descriptivamente “La deconstrucción de la mujer”, me sorprende tanto que estoy aquí escribiéndoles sobre mis impresiones.

La expresión “género” no es otra manera de referirse a la división de la humanidad en dos sexos, sino que sus proponentes ideológicos buscan superar esta estructura bipolar: piensan que las diferencias de manera de pensar y obrar son el producto de la cultura de un país y una época determinados, que les asigna a cada grupo de personas una serie de características que se explican por las conveniencias de las estructuras sociales de dicha sociedad. Quieren rebelarse contra esto y dejar a la libertad de cada cual el tipo de “género” al que quieren pertenecer, todos igualmente válidos, diluyendo la diferencia entre sexos como algo convencionalmente atribuido por la sociedad, y cada uno puede inventarse a sí mismo. Añaden además que pasamos de dos a cinco sexos: mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales.

Unas frases iniciales resultan ilustrativas: el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno y otro sexo. El género se relaciona a la forma en que se nos percibe y se espera que pensemos y actuemos como mujeres y hombres, por la forma en que la sociedad está organizada, no por nuestras diferencias biológicas.

La perspectiva de género deriva del pensamiento del feminismo de género, que se diferencia del tradicional feminismo de equidad, en que el primero busca para la mujer lo que quiere para todos: tratamiento justo, ausencia de discriminación; mientras que el feminismo de género piensa que la mujer está presa en un sistema patriarcal opresivo (Christina Hoff Sommers, “Who Stole Feminism?”).

Profundizando en la cuestión me encontré unas afirmaciones que merecen ser difundidas para contribuir modestamente a evitar la injusticia que sería para la humanidad perderse estas perlas de la filosofía universal:

“Cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de sus órganos genitales. Una vez hecha esta asignación nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es – femenina o masculino -. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y el pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo” (Kate Bornstein, “Gender Outlaw”).

“El género implica clase, y la clase presupone desigualdad (…) los hombres no gozarían del privilegio masculino si no hubiera hombres. Y las mujeres no serían oprimidas si no existiera tal cosa como la mujer” (Susan Moller Okin, “Change the Family, Change the World”).

“La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva del género debe integrarse en los programas (escolares). Deben eliminarse los estereotipos en los textos escolares y concienciar en este sentido a los maestros, para asegurar así que las niñas y niños hagan una selección profesional informada, y no en base a tradiciones prejuiciadas sobre el género” (“Equality and democracy: Utopia or Challenge?”, Council of Europe).

“No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deben tener esa opción, porque si esa opción existe, demasiadas mujeres decidirán por ella” (Christina Hoff Sommers, “Who Stole Feminism?”).

“La forma en que se propaga la especia es determinada socialmente. (…) En sociedades más imaginativas, la reproducción biológica podría asegurarse con otras técnicas.” Heidi Harmann, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism).

“Este reclamo de derechos humanos elementales confronta con la oposición de todo tipo de fundamentalistas religiosos, con el Vaticano como líder en la organización de la oposición religiosa a la salud y a los derechos reproductivos, incluyendo hasta los servicios de planificación familiar” (Rhonde Copelon y Berta Esperanza Hernández. Sexual and Reproductive Rights and Health as Human Rights: Concepts and Strategies; an introduction for Activists, Human Rights Series, Cairo).

La verdad es que, despistado, no prestaba mucha atención a todo esto, hasta que recordé lo que me había impulsado a buscar algo información: su introducción parece que sistemática en la enseñanza escolar, en temarios de oposiciones, en formación de funcionarios. ¿Será que se creen estas cosas? ¿será que las defienden?

Pablo Rodríguez, Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.


Martes 22 de abril de 2008

El cheque escolar: el Final de los monopolios en educación

10:37 h | Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados
cheque escolar.jpg

Intervención del presidente de la Unión Democrática de Estudiantes y miembro del Consejo Escolar del Estado, Álvaro Vermoet, en el VIII Congreso Mundial de Educación, celebrado el pasado día 18 en Valencia.

REDACCIÓN HO.- Publicamos a continuación el texto íntegro de la intervención de Vermoet en el Congreso:

Queridos amigos:

Quiero, antes de nada, agradecer a la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) su amable invitación para poder intervenir en este VIII Congreso Mundial de Educación, rodeado de ponentes y congresistas de excepcional prestigio. Especialmente, es para mí un honor compartir mesa con Mauricio Rojas, un genuino liberal, defensor en la teoría y en la práctica de la libertad y del pluralismo, y cuyas ideas nos han servido de inspiración en incontables ocasiones.

El pluralismo ideológico, cultural o filosófico de la España actual responde al modelo de “sociedad abierta” que defendemos los liberales, los que creemos que los individuos, las familias, las empresas, las fundaciones y, en definitiva, la sociedad, no deben encontrarse con ninguna traba a la hora de crear, enseñar, aprender e innovar. Encontramos ese pluralismo en muchos ámbitos de la vida privada (las creencias, el origen, la raza, la orientación sexual) y de la vida pública. En una sociedad libre, los individuos podemos elegir dónde trabajamos, dónde vivimos y dónde comemos, qué hacer con nuestros ahorros, o qué vivienda elegir para nuestra familia.

La libertad económica nos permite traducir el pluralismo de la sociedad en un mercado cada vez más diverso, que atienda a un número cada vez mayor de necesidades, realizando grandes inversiones en la innovación tecnológica y en elconocimiento. Ha llegado el momento de abrir el sistema educativo a ese pluralismo. ¿Acaso no hay aquí en Valencia, en Madrid o en cualquier sociedad libre distintas familias que demandan distintos tipos de educación? No hablo de poder elegir entre un colegio religioso o un colegio público, hablo de abrir el sistema educativo a todas las demandas de la sociedad, a acabar con décadas de monopolio y uniformidad.

Derecho a elegir

Creo que todas las familias tienen derecho a poder elegir. Y, para eso, las empresas, las fundaciones, las organizaciones religiosas y las administraciones deben poder ofrecer distintos modelos educativos en igualdad de condiciones, que puedan llegar a todos. Debemos llevar el libre mercado a la educación, pero garantizando la equidad, es decir, minimizando el impacto de las diferencias económicas a la hora de poder elegir. Todas las familias deben poder elegir entre distintos centros educativos, y no entre distintas redes de centros educativos.

La verdadera libertad educativa es la que permite elegir un centro especializado en las nuevas tecnologías o en las enseñanzas artísticas, en la enseñanza del alemán o del chino, con un ideario laico o religioso, con una filosofía u otra, con distintas asignaturas, distintos proyectos, distintas lenguas vehiculares. Las familias no demandan dos redes, demandan poder elegir la enseñanza que creen mejor para sus hijos, demandan poder elegir la lengua en la que se educa a sus hijos y demandan más exigencia o más refuerzo, en función de sus necesidades.

Esta libertad ya la tienen algunas familias. Hay familias que pueden permitirse pagar íntegramente el gasto educativo de sus hijos a la vez que pagan, con sus impuestos, un puesto educativo en la red pública o concertada del cual no hacen uso. Familias que liberan al Estado de una carga y que ven cómo la Administración, en vez de compensar ese doble pago, les excluye de cuanto ofrece al resto de familias. Pese a todo, hacen el sacrificio.

A.VermoetA.VermoetPero ¿qué pasa con el resto, con la inmensa mayoría de familias? ¿Qué pasa con la España que madruga para ir a trabajar y que apenas tiene para pagar la hipoteca de su casa? Se le dan dos opciones: una red pública, monopolio del Estado, y una red concertada. Y eso sólo en el mejor de los casos. Esta limitación no sólo disminuye la capacidad de elegir de la inmensa mayoría de familias, sino que priva a una gran mayoría de alumnos de los beneficios de la competencia entre distintos centros con distintos proyectos educativos. Recoger los frutos de la libre competencia, de la innovación y de la creatividad, no es posible cuando la Administración garantiza la financiación de las dos redes de centros y cuando la escolarización la hacen los Ayuntamientos.

Igualdad

Se nos acusa a quienes defendemos la libertad de elección de las familias que no pueden pagarse un puesto escolar no subvencionado de atentar contra la educación pública y, consecuentemente, contra los más desfavorecidos. ¿Pero acaso es beneficioso para los alumnos con menos recursos que no puedan salir de la red pública o que los centros públicos no tengan distintos proyectos educativos?

En un momento en que la educación pública acumula sus peores resultados pese a una inversión económica sin precedentes, alguien debería explicarnos en qué se ayuda a esas familias negándoles el poder elegir. El monopolio educativo que denuncio no se refiere sólo a las restricciones estatales para elegir centro educativo, sino también a la uniformidad que padece la escuela pública y que se explica por su dependencia de la Administración y por la falta de incentivos e instrumentos de libre competencia. Con la excepción de la gestión educativa que ha hecho el Gobierno liberal de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, se ha condenado a la educación pública a la uniformidad, a ser una mera extensión de la Administración.

El sistema educativo debe ser un instrumento de movilidad social, que permita a quienes tienen talento pero no dinero llegar todo lo lejos que sus capacidades le permitan. Para ello, necesitamos herramientas que faciliten la movilidad del alumnado, la especialización de los centros educativos, la evaluación, la transparencia y la libre competencia. Hace falta que la educación pública se desprenda de la burocracia y pueda ser competitiva, y hace falta que todas las familias puedan elegir el centro que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos. Que los mejores alumnos puedan ir a los mejores centros y no a los que puedan permitirse, a los que estén en su zona geográfica o a los que les asigne la Comisión de Escolarización de un Ayuntamiento.

No propongo privatizar la educación pública. Propongo abrir y flexibilizar el sistema educativo, haciendo el pluralismo accesible a todas las familias. Cuando un centro educativo privado está homologado y tiene demanda suficiente, ¿por qué debe asumir el modelo de gestión de los centros públicos, como impone el sistema de conciertos, para que sus familias puedan escolarizar a sus hijos con dinero público como el resto de las familias?

Lo que estoy proponiendo es que todas las familias, sólo por tener un hijo en edad escolar y con independencia de otras ayudas que puedan recibir en función de su renta, reciban de la Administración una cantidad de dinero que les permita escolarizar a sus hijos en cualquier centro educativo por el que opten, en vez de ser la Administración la que decide qué centros subvencionar y en qué cuantía. Este sistema fue ideado por el Nobel de Economía Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, y denominado “cheque escolar”. Hoy, lo aplican varios Estados en los Estados Unidos, países como Suecia o Chile y, en España, la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre en la Educación Infantil.

Qué duda cabe de que si todas las familias, con independencia de su renta o ubicación geográfica, pudieran acceder al dinero público que se destina a la educación de sus hijos, habría una mayor libertad, competencia y eficiencia. Mientras haya centros con un tipo de subvención, otros con otra y otros sin ninguna, estaremos repartiendo a los alumnos en función de su renta, ya que no se incentiva a la iniciativa privada a instalarse en zonas económicamente deprimidas.

El cheque escolar

Con el cheque escolar no habría ya “redes de centros”, sino que cada centro tendría un proyecto (científico, artístico, bilingüe, trilingüe…), sin que la escasez de recursos de las familias desincentivara que estos centros llegaran a todos los barrios. Así, sería posible que centros educativos con distintos proyectos llegaran a más familias de las que hoy podemos imaginar, pues la experiencia demuestra que la libre competencia, que introduciría el cheque escolar, baja los precios, por lo que cada vez más familias podrían acceder a una cada vez mayor oferta educativa. Si es tan sencillo, si sólo dando un cheque a lasfamilias el Estado puede olvidarse de gestionar miles de colegios públicos y concertados que tiene que administrar ahora, ¿por qué no se hace?

Por la libertad de enseñanzaPor la libertad de enseñanzaEl motivo es político. Ningún partido político ha querido renunciar al control del sistema educativo. No a un sano control de los resultados de los alumnos, sino al control de los contenidos, de la lengua que se utiliza o de la información que llega a los padres sobre los resultados de sus hijos.

Un ejemplo es el de la manipulación de la enseñanza de la Historia allí donde gobierna el nacionalismo, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. Otro ejemplo es el de los contenidos claramente ideológicos en algunos libros de texto de “Educación para la Ciudadanía“. Pero no menos importante es la ocultación a la sociedad, a las propias familias, de los desastrosos resultados que ofrecen algunos centros.

Si exceptuamos la experiencia de Madrid, la verdad es que los dos partidos nacionales defienden la dualidad pública concertada y, por ende, el control estatal de ambos modelos de enseñanza, siendo el PSOE más partidario del monopolio único de la pública y el PP más partidario de que la proporción pública concertada sea el reflejo de las demandas de los padres, pero siempre dentro del paraguas del Estado y del subsidio discrecional. Somos los ciudadanos los que debemos reivindicar la transparencia y la libertad de elegir porque somos nosotros los titulares de los derechos individuales. Difícilmente saldrán de los partidos políticos del “establishment” propuestas como el cheque escolar.

Debe ser la sociedad la que exija esa regeneración, la que exija a los políticos alguna responsabilidad por su fracaso en la gestión del sistema educativo. Hay padres que se cambian de casa, de trabajo o que fingen separarse para poder elegir el colegio de sus hijos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Deberá ser la sociedad la que reclame estas reformas regeneracionistas. Las familias, las que reclamen el cheque escolar. Los militantes de los partidos políticos, los que reivindiquen que de una vez por todas haya elecciones primarias para elegir a sus candidatos. Los ciudadanos, los que exijan listas electorales abiertas, y un largo etcétera.

Las circunstancias para hablar en serio de implantar el cheque escolar en España no podrían ser más propicias. Por un lado, el último informe educativo de la OCDE, PISA 2006, concluye que seguimos por debajo de la media del mundo desarrollado y bajando y que la enseñanza pública está 20 puntos por debajo de la privada. Y, por el otro, la escuela se convierte cada vez más en un instrumento político. Es decir, que el sistema educativo es cada vez menos eficiente enseñando y, simultáneamente, amplía cada vez más los ámbitos en los que pretende actuar (educación cívica, educación en valores, medioambiental, sexual…).

Además, el contexto económico inflacionista hace cada vez más difícil para las familias llegar a fin de mes. Las familias deberían reparar en el gasto gubernamental que soportan, a fin de que reivindiquen menor presión fiscal, lo que conlleva introducir la libre competencia en la enorme red de centros educativos subvencionados.

Si aportamos algo de libertad, de competencia y de transparencia, estaremos estimulando a la iniciativa privada a instalarse en zonas desfavorecidas, ofreciendo puestos escolares a precio de cheque escolar, lo que reduciría el gasto público y mejoraría los resultados, especialmente de quienes tienen menos recursos.

La explicación es que la eficiencia que logra la libre competencia permitiría a la iniciativa privada obtener beneficios económicos cobrando el puesto escolar a precio del cheque, favoreciendo así que se instale en zonas donde no llega con el sistema actual, y dando a estas familias un instrumento que les permita exigir más calidad.

El cheque escolar no pretende ayudar a los centros educativos, ni darles estabilidad ni seguridad. Pretende ayudar a las familias que, sin ese cheque, jamás podrían exigir y elegir distintos proyectos educativos. Pretende igualar a pobres y a ricos a la hora de elegir colegio. Pretende, en definitiva, que los centros se tomen tan en serio la educación de los pobres como la de los ricos.

¿Cómo implantar el cheque escolar sin tener que alterar el sistema de financiación de los centros públicos y concertados a corto plazo, y sin tener que alterar el régimen laboral de sus profesores? Propongo que se ensaye una fórmula intermedia, preferentemente en una zona económicamente desfavorecida para hacer así indiscutibles sus beneficios y acabar con la demagogia de quienes defienden el duopolio. El sistema que he ideado consistiría en lo siguiente:

  1. Todos los alumnos recibirían un documento llamado “cheque escolar” a principios de curso. No se trataría de un cheque con una cuantía determinada que se pudiera hacer efectiva en un banco, sino que con ese cheque, los alumnos podrían ir a un centro sostenido con fondos públicos (público o privado concertado) o a un centro privado no concertado.
  2. Los alumnos que vayan a un centro sostenido con fondos públicos intercambiarían el cheque por un puesto escolar gratuito. Los alumnos que fueran a un centro privado, canjearán el cheque en el centro por el coste medio de un puesto escolar sostenido con fondos públicos.
  3. Las familias podrían, en cualquier momento, retirar su cheque del centro donde cursen estudios sus hijos para llevarlo a otro centro, donde se canjearía por un puesto escolar gratuito o por el equivalente en efectivo. Esta medida se complementaría con una factura exclusivamente informativa a través de la cual la Administración detallaría a los padres el coste que le supone al erario público la parte subvencionada de dicho puesto escolar. Sería también necesaria una prueba externa de evaluación de los alumnos. Dicha prueba haría públicos los resultados educativos de cada centro, proporcionando a las familias y al conjunto del mercado educativo la información suficiente para poder elegir. Es, también, un derecho de los contribuyentes conocer la eficacia y el coste de cada puesto escolar que subvencionamos.

Naturalmente sería más sencillo empezar por las etapas educativas donde no hay enseñanzas privadas concertadas, como sería el caso del Bachillerato o como se ha hecho en Madrid con la Educación Infantil. Estas serían las consecuencias de este sistema de transición:

  • Todos los alumnos recibirían el cheque escolar y todas las familias sentirían un mayor protagonismo en la elección del centro, pues podrían en cualquier momento recuperar su cheque y optar por otro centro.
  • La enseñanza privada encontraría incentivos para abrir colegios en zonas desfavorecidas sin tener que optar por el concierto, que impone unas exigencias muchas veces imposibles de cumplir.
  • Un gran número de colegios privados concertados renunciaría al concierto voluntariamente y recuperaría su autonomía, lo que supondrá un ahorro para la Administración.
  • Los centros educativos tenderían a especializarse en proyectos educativos diversificados.
  • Ninguna familia pagaría dos veces por la educación de sus hijos y todas verían aumentada su capacidad de elección de centro.

En cualquier caso, este sistema mixto sería una solución para introducir libertad y competitividad a corto plazo, sin alterar el sistema de financiación pública de los centros actualmente subvencionados. Pero a largo plazo, todos los centros deberían financiarse exclusivamente a través de la demanda de los padres, sin subvenciones del Estado encaminadas a distorsionar la demanda educativa de las familias. Y el primer paso para lograrlo sería que los futuros colegios públicos se diseñen, desde el punto de vista legal y laboral, para que su financiación pueda depender de la demanda de las familias y no que sean extensiones de la Administración, burocráticas y difíciles de reformar.

En definitiva, lo que propongo es mayor libertad, mayor transparencia, mayor pluralismo, mayor diversidad y mayor competencia. No defiendo a la enseñanza pública frente a la enseñanza concertada, al catalán frente al castellano, a la Formación Profesional frente a la Universidad, a la educación laica frente a la religiosa. Simplemente pido mecanismos, como el cheque escolar o las evaluaciones transparentes, que permitan que el sistema educativo español rompa con el actual sistema de monopolios y sea el reflejo de una España abierta y plural de la que podemos sentirnos orgullosos.

Muchas gracias.


Domingo 20 de abril de 2008

Bachillerato gratuito para todos

9:20 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Todos hemos oído citar en numerosas ocasiones el derecho fundamental que nos asiste a los padres de elegir el tipo de educación que deseamos para nuestros hijos conforme a nuestras propias convicciones. Pero este derecho fundamental -que consagra el art. 27.3 de nuestra Constitución- no se refiere tan sólo a creencias religiosas o a convicciones morales, sino que -conforme indican normas internacionales- abarca también las convicciones filosóficas, éticas, pedagógicas, etc.

Ese derecho lleva aparejado un deber, ya que corresponde a los poderes públicos la obligación de garantizarlo. No basta pues, con el mero reconocimiento del mismo, sino que se deben articular los medios que garanticen su efectivo ejercicio; lo cual no deja de ser lógico ya que en caso contrario se trataría de un derecho sin contenido real. Por otra parte, también debemos traer a colación el derecho de igualdad, por el que queda prohibido cualquier trato desigual no justificado, o, lo que es lo mismo, discriminatorio.

Estos derechos fundamentales no son una meta, un objetivo, sino un mínimo garantizado y, por tanto, exigible. De ahí que, pese a que en nuestra Constitución (artículo 27.4) se promulgue la gratuidad solo de la enseñanza básica, los poderes públicos puedan extender la esa gratuidad a otros niveles educativos no considerados como básicos. Así nos encontramos con que, en nuestra comunidad, el Bachillerato, que no es enseñanza básica, resulta gratuito (lo cual es perfectamente acorde con la Constitución) pero no lo es para todos; sino única y exclusivamente para quienes -en ejercicio de la libertad de elección a la que antes aludía- optan por la escuela pública. Los que -en ejercicio de idéntico derecho- elegimos la enseñanza privada para nuestros hijos de-bemos pechar con el coste del Bachiller.

Es evidente que la diferencia existe (unos van gratis y otros pagan); por lo que si la misma no se encuentra justificada suficientemente, se convierte en discriminación y, por ende, en contraria al derecho de igualdad. Teniendo en cuenta que la diferencia de trato se da lisa y llanamente por el ejercicio de un derecho fundamental como es el de libre elección de tipo de educación, es evidente que nos encontramos ante una palmaria e inconstitucional discriminación. Si el ejercicio del derecho de elección conlleva para unos un coste económico que para otros no existe, no sólo no están garantizando el derecho (porque la opción estará condicionada por la capacidad económica para afrontar su coste) sino que, además, se discrimina injustificadamente a quienes por su ejercicio deben soportar un coste económico. Por ello me parece de lógica aplastante que si el Bachillerato es gratuito para quienes matriculan a sus hijos en la escuela pública, también lo debe ser para los que elegimos escolarizarlos en la enseñanza privada. O, dicho de otro modo, debe darse a todos -y no sólo a quienes lo pueden pagar- la oportunidad de estudiar gratuitamente el Bachiller con independencia del tipo de educación que elijan.

Y es que en este punto, como en tantos otros, nuestros poderes públicos -de todos los ámbitos y colores políticos- han acuñado la cicatera y malsana costumbre (comprensible, pero no por ello menos censurable) de reconocer los derechos en proporción a la virulencia con que son reivindicados. Por ello, salvo honrosas excepciones, solo reaccionan -y no todos- ante campañas en la opinión pública, manifestaciones y demás medios que provocan que la balanza del despreciable ‘coste político’ se incline para un lado u otro. Los seres humanos somos titulares de nuestros derechos por nuestra condición de tales y no por la vehemencia o beligerancia que mostremos a la hora de reivindicarlos. Por ello creo que ha llegado el momento de exigir con firmeza que se acabe de una vez por todas con esta flagrante discriminación que venimos soportando calladamente desde hace años y que de forma inmediata se garantice a todos por igual y de verdad el derecho a elegir, el acceso gratuito al Bachiller tanto en la red pública como en la privada

Publicado en La Rioja