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Martes 2 de febrero de 2010

ChequeEscolar.org ha respondido al ministro de Educación

23:06 h | Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

ChequeEscolar.org responde a Gabilondo que la Constitución consagra la libertad de educación y el papel de la familia en la formación de los hijos: “No es el Estado el que decide sobre los hijos, sino sus padres”.

MADRID, 2 DE FEBRERO DE 2010.- El Coordinador de la plataforma ChequeEscolar.org, José Castro, ha respondido hoy a las declaraciones del ministro de Educación, Angel Gabilondo, relativas a la escuela concertada, recordándole que la Constitución consagra el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos:

“El ministro de Educación no aprobaría con nota demasiado brillante un examen sobre nuestra Constitución. Hay artículos que parece haber olvidado. O lo que es peor: que interesadamente oculta”.

Angel Gabilondo ha manifestado esta mañana que la escuela de iniciativa social es “subsidiaria de la pública” y ha arremetido contra estos centros acusándoles de comportarse como depredadores sociales:

“Se confunde la libre iniciativa con la acción individual depredadora”.

José Castro considera que el mensaje del ministro de Educación es caduco y trasnochado: Gabilondo trata de enfrentar a la escuela de iniciativa social con la de titularidad estatal, mal llamada pública.

Para Castro, son los padres los que deben decidir sobre la educación de sus hijos, no las administraciones públicas, y el Estado debe respetar ese derecho tanto en la escuela estatal como en la de iniciativa social: “En ambos casos los niños deben disfrutar de las mismas condiciones.”

José Castro considera que la iniciativa privada ha de gozar del respeto del Ministerio porque está contribuyendo a la formación de los ciudadanos en la misma medida que la iniciativa educativa pública: “La igualdad ha de ser la norma y pretender dividir y enfrentar a la escuela de iniciativa social concertada con la estatal es caer en una grave irresponsabilidad”.


Miércoles 17 de junio de 2009

Víctor Pérez-Díaz: los padres no se dan cuenta de la importancia que tienen como grupo

10:40 h | Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Víctor Pérez-Díaz es catedrático de Sociología en la UCM y director-fundador de Analistas Socio-Políticos (ASP), gabinete de estudios que lleva publicando desde hace años diversos estudios sobre educación.

Por José Manuel Lacasa

Víctor Pérez-Díaz es catedrático de Sociología en la UCM y director-fundador de Analistas Socio-Políticos (ASP), gabinete de estudios que lleva publicando desde hace años diversos estudios sobre educación. Los dos últimos son una encuesta a profesores y otra a padres, de la que ya les dimos cuenta en el último número. Hoy nos cuenta algo más de este estudio.

P. Esta encuesta se aleja mucho de los patrones habituales.

R. ¿En qué sentido?

P. Pregunta cosas que otras no miden, y le da mucha importancia a lo que la gente hace, y no a lo que la gente es y no puede cambiar.

R. Sí, esa es la orientación general. Los padres tienen un compromiso tremendo con la educación de los hijos. Siempre se habla de que son los responsables, pero eso es un lugar común del que no se sacan consecuencias. Lo que hemos hecho es preguntar por cómo ejercitan esa responsabilidad, y en qué medida eso es relevante. Queda bastante claro que hay cosas que son previas, como la carga genética o el nivel de estudios, que son relevantes. Pero los padres hacen muchas cosas: para empezar, se preocupan de llevar a sus hijos a la escuela antes o después, que es un tema que abre debates que no están claros. Por ejemplo, no es tan seguro que haya que escolarizarlos a los dos años.

P. En eso coincide con los datos de la OCDE…

R. Esto es importante, es una llamada de atención contra lo políticamente correcto. Cuidado. Yo me tomo eso en serio: me interesa mucho la cultura moral que los padres pueden transmitir. Si no la tienen, a lo mejor hay que escolarizarlos cuanto antes, pero si la tienen, será mejor que estén con ellos.

P. Parece razonable.

R. Segundo, la idea de que le dan vueltas para decidir a qué colegio lo llevan. A pesar de que este sistema no favorece mucho la elección, es muy frecuente que los padres se informen de varios, y eso es un dato que correlaciona favorablemente con los resultados de los hijos. Se ve que es un indicador interesante de preocupación por los estudios.

P. Sí es interesante.

R. Los padres también expresan interés por un tema tabú: el cheque escolar. Tabú porque la profesión no quiere discutirlo, porque la clase política –dominada por gentes “hiperprudentes”, por no llamarlas pusilánimes– tampoco, y porque hay unas organizaciones profesionales a las que se les han cruzado los cables, y en lugar de tener una lectura abierta y razonada, la tienen tosca y sin elaborar.

Cuando se les pregunta a los padres, hay un incremento por el interés por el cheque escolar a lo largo de los años, y eso en un país en el que los partidos políticos, las asociaciones profesionales y los medios de comunicación se han puesto de acuerdo para no hablar del tema. Pero la verdad es que estos cheques existen. Y hay dos tercios de los padres interesados en ellos.

P. Parecen muchos.

R. Un problema interesante es que “los padres” son un agregado desagregado y disperso que, como se decía antes, no tienen “conciencia de sí”, no tienen el mecanismo de reflexividad que les haga darse cuenta de la importancia que tienen y de cómo piensan ellos mismos.

P. Hablábamos de cómo se implican en la educación de sus hijos.

R. Cuando llega el momento de ocuparse de su educación, la evidencia es desbordante: se implican todo lo que pueden. Y la encuesta indica que el que se impliquen es bueno para los resultados escolares de sus hijos. Hay una implicación real: la buena noticia es que los padres están por la labor y que eso funciona. Luego viene otra noticia más compleja: ¿participan mucho en el funcionamiento de los colegios? No mucho. ¿Están enterados de cómo funcionan los centros? No mucho. ¿Los colegios hacen algo para facilitarlo? Casi nada. Por lo tanto, aquí hay un desencuentro, un problema, que unos y otros deberían plantearse.

P. Los profesores siempre se quejan de que los padres sólo quieren que sus hijos aprueben, pero muchos quieren que el colegio exija.

R. Ahí entramos en un terreno más complejo, que es lo que los padres tienen en la cabeza con respecto a lo que quieren para la educación de sus hijos, porque no lo tienen claro. Tienen un nivel de exigencia modesto (más en España que en otros países), fácilmente dicen algo así como “quiero que mis hijos estén a gusto allí, se adapten y aprendan a vivir juntos”. Eso sugiere una ambición corta y unos padres sin mucho criterio ni ambición. Si los padres quieren ser así, que lo sean, pero que sepan que en otros países son más exigentes, y que ellos mismos podrían revisar su planteamiento.

Además, no estamos muy seguros de que tengan una percepción del sistema educativo que tienen y a dónde les conduce. Por ejemplo, se imaginan que sus hijos irán a la universidad en una proporción mucho mayor de lo que luego ocurre en realidad, tienen una visión poco realista. Los padres tienen una buena impresión, grosso modo, de la educación que reciben sus hijos, mejor que la de los profesores, que son más autoexigentes en este punto. Siendo padres no muy educados, tienen un nivel de exigencia bajo con el sistema educativo, eso es como es. Por eso también una clase política poco educada tiene un nivel de exigencia poco alto, lo que lleva a una deriva del país en su conjunto. Y eso hay que decirlo.

P. ¿Nuestro país puede permitirse un 30% de fracaso escolar?

R. El país ha vivido con esto durante mucho tiempo, y ser un país medio no es una tragedia. El problema está en con qué nivel de exigencia se mida. Si quieres un nivel que tenga lo que ahora estos políticos que tenemos por aquí llaman el cambio del modelo de crecimiento, pues olvídalo. Para eso necesitas un sistema educativo muy exigente. Pero si tu sistema económico es de poco valor añadido, de bienes y servicios de calidad modesta, de mucha importación, etc., bueno, se puede vivir con eso. Vale para países medianos. Si quieres otra cosa, pues no.
Objetores.org

http://www.objetores.org/novedades_detalle2.php?id=2950


Lunes 11 de mayo de 2009

Cheque escolar: las ideas primero

11:12 h | Artículos,Libros,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Interesantísima columna de José Carlos Rodríguez en Libertad Digital

Lo llamativo de este caso es que el creciente interés de los españoles por este sistema ha llegado al margen de los partidos políticos y, de forma destacada, del partido que debería estar más interesado en promoverlo, el PP. Siete de cada diez padres españoles querrían que se implantase el cheque escolar. Ya saben, ese sistema por el que el Estado firma los cheques, pero son las familias quienes los entregan. De este modo se hace efectiva esa pretensión de que las familias con menos ingresos tengan una ayuda, pero no se les roba su derecho a ser ellas quienes eligen a qué colegio quieren que vayan sus hijos. Hace sólo diez años, quienes querían tener el cheque en sus manos era la mitad de los españoles. El cheque o bono escolar ha ganado adeptos sin que ningún partido se haya atrevido a hacer de él una bandera.

¿El Partido Popular? Hasta que no sea el 90 por ciento de la gente la que lo quiera para sí, no comenzará a planteárselo, que su integridad moral no da para más. Y eso que proponerlo no tendría más que ventajas para el propio partido y para la gente que dice representar. Es atractivo. Es fácilmente comprensible y plantea un debate en el que sólo puede salir ganando. Una vez implantado, la gente tendría más poder para elegir la educación que quiere para sus hijos, lo que diluye, sin anularlo, el poder de la infiltración ideológica en las aulas. Y tiene difícil vuelta atrás. Cuando una familia se acostumbra a elegir, ¿quién puede convencerla de que es mejor que no lo haga? El cheque escolar, además, se puede combinar con cuentas ahorro-escolar y con escuelas a la carta.

Las posibilidades son enormes. Pero lo llamativo de este caso es que el creciente interés de los españoles por este sistema ha llegado al margen de los partidos políticos y, de forma destacada, del partido que debería estar más interesado en promoverlo, el PP. Ha sido la propia sociedad, con iniciativas particulares, la que ha ido ganando terreno a la corrección política.

Por eso es importante el juego de la cuerda entre las ideas y la política. La política es siempre posibilista, pero el terreno de juego lo pone el debate de las ideas. A medida que se avance, si llega el caso, en la consideración de los españoles por las ideas liberales, en esa medida, se irán desplazando PP y PSOE. Es un camino mediato, indirecto y largo. Pero es el único que puede llevarnos a una sociedad un poco mejor.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana


Sábado 13 de septiembre de 2008

El precio de la educación

8:29 h | Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Por Tomás Salas

Todos los años, por estas fechas, se oye la misma cantinela. En estos días de comienzo de curso escolar es normal este comentario repetido: lo cara que resulta la vuelta al colegio. Se oye en la calle, en la familia, en los medios de comunicación. Algunos amigos me comentan escandalizados el dineral que se han gastado. Las pobres familias afrontan unos gastos tremendos de libros, materiales, ropa, transporte, comedor. Se manejan cálculos y porcentajes cuyas cifras escandalizan.

Es cierto: la educación es cara; sin embargo… Sin embargo tengo que hacer un par de objeciones a esta evidente y escandalizadora carestía.

Primera: la educación es cara como lo son otras cosas en una sociedad desarrollada como la española; nunca he oído hablar de lo cara que resultan las vacaciones o las entradas del fútbol o los teléfonos móviles o los bares de copas o la ropa de marca, esa que tanto gusta a los más jóvenes.

Segunda: la educación resulta tan cara porque no se percibe su importancia. Repito: no se “percibe”, pero ésta existe y es capital. De la educación depende, nada menos, que la profesión que practiquemos, los valores que sustentemos, las capacidades, las posibilidades personales, la calidad de los servicios públicos y de la cultura. En suma, todo nuestro futuro (el de nuestros hijos) personal y colectivo.

Pero esto no se percibe así por parte de la mayoría. ¿Por qué? Los motivos son varios y complejos, pero hay uno evidente: la educación da sus frutos a largo plazo. La inversión” que ahora hacemos dará sus réditos, quizá, dentro de 10 ó 15 años. Estos gastos, que ahora nos resultan tan onerosos, en libros o en clases de idiomas, servirán para que nuestros hijos, dentro de un decenio, sean unos buenos profesionales y unos buenos ciudadanos y —lo que no es menos importante— unas buenas personas.

Visto así, cualquier gasto en educación es barato, porque… la educación no tiene precio.

Tomás Salas es Doctor en  Filología Hispánica en la Universidad de Málaga. Profesor de Lengua y escritor
Publicado en www.conoze.com


Jueves 17 de julio de 2008

Martínez López-Muñiz: los Gobiernos no puede utilizar los conciertos para imponer sus preferencias

8:33 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza diferenciada por sexos

Martínez López-Muñiz: No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas o pedagógicas

Firmado por Aceprensa
Fecha: 19 Junio 2008

Una sentencia del Tribunal Supremo ha admitido que las comunidades autónomas pueden exigir la enseñanza mixta a los colegios concertados. El Tribunal da la razón a la Junta de Castilla-La Mancha frente a la patronal de colegios privados CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), y anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad, que había sostenido lo contrario. La sentencia mantiene que “el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros”.

Preguntamos sobre esta sentencia a José Luis Martínez López-Muñiz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.

– La sentencia mantiene que los titulares de los centros concertados no son libres para establecer la enseñanza diferenciada. ¿Es nueva esta doctrina?

–Si hay algo propio de cualquier libertad es que implica el derecho de actuar en el ámbito de que se trate sin más restricciones que las que marquen las leyes por razones justificadas y proporcionadas. Un viejo adagio jurídico afirma, con toda razón que, para la libertad, “todo lo que no está prohibido está permitido”.

Ocurre además que no cualquier norma de cualquier poder público puede establecer tales restricciones a cualquier libertad. La Constitución española dispone que tales restricciones o límites sólo los puede establecer una ley orgánica (estatal, por tanto) cuando se trate de libertades garantizadas en los artículos 15 a 29 de la Constitución. Son incompetentes para ello las leyes ordinarias estatales, las leyes autonómicas y cualesquiera normas reglamentarias.

Es asombroso que la Sentencia diga que como “ni la LODE ni la LOE reconocen a los titulares de los centros concertados el derecho a establecer en ellos un sistema de enseñanza diferenciada como parte integrante de su derecho de creación y dirección de centros privados”, no debe “ser aceptado como un contenido adicional de lo directamente establecido en el artículo 27 CE” (Fundamento Jurídico 9º).

O sea, que para el Supremo, en esta ocasión, lo que puede hacerse con cada libertad pública tiene que ser pormenorizado en la ley, porque si no se contempla en ella, no quedaría reconocido como ámbito protegible de esa libertad “adicional” a lo esencial. Es de esperar, desde luego, que el Constitucional pueda corregir semejante planteamiento. ¿Cómo va a ser aceptable que con la libertad sólo pueda hacerse lo que diga la ley específicamente? Esto es el fin de la libertad, simplemente.

Ya la misma Sala, en otra sentencia de mayo de 2007 sobre el derecho de los centros privados a decidir por sí mismos sobre la admisión de sus alumnos, incurrió en la misma aberración. Como no les está expresamente conferida en las leyes orgánicas –lo que, además, no es rigurosamente cierto–, se presume que no forma parte de su libertad y cualquier Gobierno autonómico podría disponer al respecto a su antojo. Es decir, el mundo jurídico al revés.

Una opción pedagógica legítima

– La libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27 de la Constitución, ¿no incluiría la opción pedagógica de la educación diferenciada en el caso de los centros concertados?

– El Supremo, sin razón expresa alguna, afirma en la Sentencia que “el sistema de educación diferenciada, en lo que se refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a sus titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 CE”. Se trata de una afirmación gratuita y arbitraria, porque no se da razón alguna al respecto.

Podrá quizás discutirse si la educación diferenciada forma parte o no del contenido esencial de la libertad de enseñanza, lo que desde luego en absoluto se hace en la sentencia, que se limita a pronunciarse apodíctica y equívocamente sobre el asunto. Para aceptar constitucionalmente su exclusión o incluso su limitación habrá que poner en el otro platillo de la balanza bienes jurídicos más altamente protegidos por el orden constitucional que no es fácil discernir.

¿Se ha olvidado el Supremo de que, como recuerda cualquier manual de Derecho público, bajo la actual Constitución prima en nuestro sistema el principio “pro libertate”?

– ¿Hay alguna norma internacional que prohíba la educación diferenciada?

– El protocolo 1º del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales, que asegura el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, obliga a respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, en las que el citado Tribunal incluye todo tipo de convicciones relevantes, también las de orden pedagógico (y así lo ha explicitado luego el artículo 14 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, que el nuevo Tratado de Lisboa quiere reconocer con rango de tratado).

La Convención de la UNESCO de 1960, que es Derecho vigente en España, ya dejó sentado además que, por el lado de la lucha contra las discriminaciones por razón del sexo, no podría justificarse esa exclusión de la enseñanza diferenciada por sexo. Y que no es una práctica discriminatoria lo tiene expresamente reconocido la misma Sala del propio Tribunal Supremo, en una sentencia de 2006, basándose en estas normas y considerando también el tenor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

¿Quien paga manda?

– ¿La financiación pública de los centros concertados puede justificar que se excluya una opción pedagógica como la enseñanza diferenciada?

– En la sentencia parece subyacer de modo implícito el errado criterio de que la asignación de fondos públicos justificaría la imposición por el Gobierno financiador de limitaciones de la libertad de dirección de los centros privados concertados.

Como si la referencia contenida en el artículo 27.9 de la Constitución sobre que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, permitiera esas limitaciones, aunque la Sala mire a otro lado en punto a la evidente reserva a la ley de tales requisitos, una ley que, además, por lo ya dicho, habría de ser orgánica.

Lo que es constitucionalmente evidente es que no vale imponer cualquier requisito para recibir fondos públicos destinados a favorecer el ejercicio de libertades públicas. Sería tanto como admitir que el Estado, al subvencionar a los partidos políticos, a los sindicatos, a la producción cinematográfica, al teatro, etc., pueda imponerles requisitos o condiciones, más allá de los necesarios para asegurar el destino previsto a los fondos públicos correspondientes.

Si se aplica aquí aquello de que quien paga manda, ¿dónde quedará el Estado social de Derecho? No cabe aceptar otros requisitos que los que aseguren que los fondos públicos de los conciertos cumplen su fin. No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas, pedagógicas, etc. De otro modo sólo podrían disfrutar de la libertad los ricos.

– En la anterior sentencia de 2006 que antes citaba el Tribunal Supremo  decia que “no se discute” que la educación escolar separada por el sexo “es lícita” y que “tampoco hay norma expresa que prohíba el sostenimiento público de centros que la practiquen”? ¿Ha cambiado la doctrina del Supremo?

– Ciertamente eso fue lo que, con razón, dijo la misma Sala del Supremo hace un par de años. Y no creo que, a pesar de las apariencias, haya cambiado ese criterio suyo. Lo que pasa es que ahora se han encontrado con una “norma expresa” que ha venido a prohibirlo: el Decreto de 2004 de Castilla La-Mancha que había anulado el Tribunal Superior con competencia en esa región.

Pero, claro, se trata de una norma autonómica y además reglamentaria, radicalmente incompetente para establecer tal imperfección. Pero la Sala se niega expresamente a entrar a enjuiciar esta capital cuestión, porque hace una interpretación restrictiva inaceptable del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, que es el que se ha seguido en el caso. Incomprensiblemente, no tiene en cuenta las expresas formulaciones sobre este procedimiento que introdujo la Ley de 1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y se aferra acríticamente a una jurisprudencia anterior a cuyo desafortunado criterio quiso poner fin con toda evidencia dicha Ley. El resultado es una lamentable denegación de justicia precisamente en una materia que el artículo 53.2 de la Constitución obliga a tutelar con especial atención, rapidez y prioridad.


Lunes 2 de junio de 2008

¿Por qué no es aceptable?

21:54 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

¿Por qué no es aceptable el Anteproyecto de la Ley de Educación catalana que salió a la luz hace unas pocas semanas? No es aceptable porque:

-No mejorará el sistema educativo.

-Vulnera la libertad de enseñanza a la cual tiene derecho cualquier ciudadano catalán.

-Prioriza de forma absoluta la pertenencia a una zona. De esta manera, los padres ya no podrán elegir de forma libre entre los diversos colegios.

-El carácter propio de los centros, y su ideario, queda pisoteado por completo, quebrantando las normas e idearios internacionales en la protección de los derechos humanos.

-No permite financiar a los centros concertados de forma equitativa con los centros públicos.

-Contradictoriamente con la legislación vigente, prohíbe de forma expresa la posibilidad de la educación diferenciada, obligando a la coeducación y privando la libertad de las familias a escoger un tipo de educación u otra para sus hijos.

-Afirma que la enseñanza ha de ser obligatoriamente laica. Así se prohíbe a las familias elegir libremente una educación conforme a sus principios y convicciones.

-Se habla continuamente del “servicio público de educación” al referirse a las escuelas públicas y concertadas. Dando a entender que pretenden ser los propietarios de la educación.

-Finalmente y entre otras medidas, se impone un “comisario” político en el Consejo Escolar de los centros, que controle y gestione.

Como estoy convencido de que la Generalitat no tiene ningún derecho a pasar por encima de las libertades que tienen los padres y porque creo en la libertad, este anteproyecto es un intervencionismo excesivo que comporta la pérdida de la pluralidad, cosa que me lleva a reiterar que no es aceptable.

Jesús Domingo Martínez

Carta en Hispanidad


Sábado 31 de mayo de 2008

La letra con miedo entra

21:28 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Las amenazas políticas a los objetores pretenden frenar la oposición a EpC

Advertencias falsas sobre la no obtención del graduado en la ESO; insultos a las familias; circulares coactivas; bulling a los niños objetores; exigir a los padres que acompañen a su hijo durante la hora en la que no entran en clase… Las amenazas (y acciones) de la Administración contra los padres objetores frente a Educación para la ciudadanía, contrastan con la perseverancia de aquellos que no están dispuestos a ceder al chantaje del miedo

«Treinta mil padres españoles han tomado la opción de objetar en conciencia frente a Educación para la ciudadanía. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro…, sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido declararse en santa rebeldía por el bien de sus hijos. (…) Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien de los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los Estados». Quien firma estas palabras es monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Palencia, en su Carta pastoral Todo por los hijos. Las palabras del prelado suponen una llamada de aliento para las familias que, semana tras semana, sufren el acoso de la Administración pública por haber decidido objetar a la asignatura: el atropello al que alude monseñor Munilla ha cristalizado en un reguero de amenazas basadas, la mayor parte de las veces, en supuestos falsos. Así, la ministra de Educación, doña Mercedes Cabrera, o la consejera de Educación de la Junta de Extremadura son algunas de las voces que han advertido a los padres sobre el peligro de que sus hijos no consigan el graduado en la Enseñanza Secundaria (ESO) si no asisten a clase de Educación para la ciudadanía. Cabrera refería hace unas semanas, en el diario El País, que los objetores «no obtendrán la titulación de la ESO. No es una amenaza, es el cumplimiento de la ley». La misma consigna que proclamó la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, doña Eva María Pérez, quien añadió de su cosecha que «no puede haber una objeción de conciencia a una materia, de igual manera que no podemos objetar contra otra asignatura como Matemáticas, o contra el pago de impuestos». Estas afirmaciones, sin embargo, contradicen los supuestos sobre los que se asienta la misma Ley de Educación, y que permiten a un alumno pasar al Bachillerato y obtener la titulación de Secundaria con dos asignaturas suspensas, siempre que no coincidan Matemáticas y Lengua. A veces, incluso con tres si el claustro de profesores así lo estima pertinente.
Don Carlos Seco, abogado y miembro de Profesionales por la Ética, afirma que «este tipo de declaraciones suponen un intento de coartar el ejercicio de un derecho fundamental. Tras las sentencias judiciales que se han dictado, y las que pueden llegar y den la razón a los padres (como es de suponer), la Administración no podría negarse a que un alumno titulara, ni podría penalizar a los padres. Si la Administración no acata la ley, se estaría produciendo un desacato y, hoy por hoy, la Justicia ha asegurado que la asignatura no es evaluable para aquellos que han objetado, y que por tanto no cuenta para obtener el título de graduado».

Bulling desde los centros

Don Carlos Seco revela otro tipo de presiones: «Algunos padres me han contado su preocupación porque a sus hijos les están acosando desde el centro, en una campaña de bulling promovida por la dirección. He encontrado casos de niños a los que apartaban del resto del grupo; directores y profesores que llamaban a los padres para disuadirlos; incluso padres a los que han pedido que se quedaran con el niño en el centro, mientras no estuviera en clase de Educación para la ciudadanía, algo que se salta las normas porque los padres no pueden estar en el centro si no es en horario de tutorías». Esta presión a las familias también ha quedado impresa en el papel: en una nota interna de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, filtrada a los medios, se instaba a los centros a advertir a los padres de que, si el alumno no cursaba la asignatura, «no podría ser evaluado ni obtendrá la titulación correspondiente». Los padres no parecen dispuestos a ceder, por más que la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, doña Rosa Peñalver, tildase de insensatez las objeciones frente a Educación para la ciudadanía. Como recuerda monseñor Munilla, «la política de palitos en las ruedas desgasta a niños y familias, pero también fortalece la convicción de otros muchos».
José Antonio Méndez

Publicado en Alfa y Omega


Jueves 29 de mayo de 2008

La Justicia ampara a las familias

10:06 h | Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

LOS más recientes pronunciamientos judiciales conocidos en Andalucía acerca del espinoso contencioso que la Administración mantiene con padres disconformes e insumisos ante la política que, a brazo partido, mantiene el PSOE en la Junta de Andalucía nos introduce en una «nueva era» jurídica con un inmediato impacto en la realidad escolar cotidiana. Si hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad había dado prioridad al derecho fundamental de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, ahora, no sólo se hace más alto y exigente el tono de las sentencias sino que se entra plenamente en el fondo del asunto, y se llega a negar valor objetivo a la ratio. Ésta ha sido la gran coartada de la Administración socialista a la hora de restar niños a la enseñanza concertada, derivándolos hacia una red pública controlada por el Gobierno andaluz. Ni siquiera la oferta de unidades nuevas por parte del centro, producida en el mismo barrio en el que se ha resuelto uno de los pleitos en cuestión, fue tomada en consideración por la Delegación Provincial de Educación.

El TSJA es más contundente, explícito e irrevocable que nunca al declarar que la supuesta masificación de las aulas -recordemos que el límite lo pusieron las autoridades docentes en 25 alumnos por clase de Primaria- no puede justificar en modo alguno la restricción de un derecho constitucional. Mucho menos resulta de recibo, según los jueces, la existencia de plazas libres en centros públicos de la misma zona. Hasta el más cándido de los ciudadanos puede discernir que si ese desequilibrio existe es porque la Junta de Andalucía, que siempre ha practicado -y así lo ha reconocido sin recato en sede parlamentaria- una planificación deliberadamente favorable a la enseñanza pública en detrimento de la concertada, así lo ha buscado. Su afán sectario e intervencionista le ha guiado en el arrinconamiento de cuanto suponga un rival para sus ansias de fiscalizar la formación mental de las nuevas generaciones de andaluces. A muy escasa distancia de la tentación totalitaria, los sucesivos consejeros se han empecinado en monopolizar la educación, que -no lo olvidemos- fue la primera gran transferencia que demandaron.

Los Tribunales se toman su tiempo pero finalmente siempre prevalecen sobre el despotismo del poder ejecutivo. El TSJA pone en guardia frente a la avalancha de procedimientos que se acumulan en sus mesas, con un denominador común: la defensa de un derecho al que los padres no quieren renunciar. ¿Hasta cuándo va a esperar la Junta de Andalucía y el partido que la sustenta para imprimir un giro verdaderamente social a su talante y dialogar con los colegios y las asociaciones de padres para que su régimen de escolarización deje de lesionar gravemente las legítimas aspiraciones de las familias? Su grado de dureza en este campo emblemático de su programa sólo cede ante los varapalos consecutivos y cada vez más frecuentes de la Justicia. Una y otra vez, como si de un empeño quijotesco contra molinos de viento se tratase, el TSJA desautoriza la intromisión del Estado en la vida privada de las personas. La responsabilidad de educar a los hijos corresponde a sus padres y sólo por delegación la cumplimentan los centros. La Administración y los establecimientos por ella dirigidos deberían desempeñar un papel subsidiario. En Andalucía, ya lo vemos, es al revés, y la Junta no tiene empacho en abogar por sus tesis apoyándose en que donde hay una plaza escolar pública no debe haber una privada financiada con fondos públicos. La Ley de Educación de Andalucía, primera de las autonómicas, incluye a la enseñanza concertada en el sistema público. Y por añadidura, ahora tenemos una sentencia según la cual «no existe dato objetivo que determine un perjuicio del interés general por la mayor escolarización de menores en el centro». Ya nadie puede llamarse a engaño ni seguir esparciendo la confusión.

Editorial ABC de Sevilla


Martes 27 de mayo de 2008

Objeciones a Educación para la Ciudadanía: Todo por los hijos

13:51 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Mons. J. Ignacio Munilla

EpC es una imposición ilegítima por parte del Estado para formar la conciencia de los alumnos sin el consentimiento de los padres

Los obispos de Castilla y León hemos hecho pública, la semana pasada, una Nota sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, con motivo de que el próximo curso comenzará a impartirse entre nosotros: La EpC es una imposición ilegítima, por parte del Estado, de una determinada formación de la conciencia de los alumnos, sin el consentimiento de sus padres.

A pesar de que algunos pretendan transmitir la imagen de que la Iglesia en España no asume la legitimidad del Estado aconfesional, la verdad es que las circunstancias actuales nos han llevado a convertirnos en portavoces y defensores de muchos derechos constitucionales de los ciudadanos, que son negados por la vía de los hechos consumados, por la estrategia de una ideología laicista totalitaria.

Por mucho que moleste, nos sentimos en el deber moral de seguir recordando el artículo 27.3 de la Constitución Española: “Los poderes políticos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones morales”.

Afortunadamente, cada vez son más los que entienden que la Iglesia no está defendiendo ningún interés particular, y ya existen muchas iniciativas ciudadanas de resistencia activa ante esta intromisión injusta. Las mismas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía contrarias a la asignatura –y se han dado más pronunciamientos judiciales en la misma dirección- son la mejor prueba de que la Iglesia no estaba hablando de “fantasmas”.

Derecho a la objeción de conciencia

En la citada Nota episcopal declarábamos que “los padres tienen derecho a poner objeción de conciencia a la enseñanza de la asignatura EpC, así como a la denuncia personal de esta Ley”. Es sabido que los centros de enseñanza privados no tienen opción a la objeción de conciencia, sino que el titular de este derecho es el ciudadano (los padres, en este caso).

En el momento en que escribo estas líneas, unos treinta mil padres españoles han tomado esta opción. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro… sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos.

Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido declararse en “santa rebeldía” por el bien de sus hijos. No quieren engañarse una vez más, optando por el “mal menor”, porque han entendido ya que cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el “mal mayor”.

Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los estados. Y cuando llegue el día de la victoria -¡que llegará!-, quienes nos hayamos quedado en segunda fila, tal vez hayamos de sentir admiración y agradecimiento; y quizás un poco de rubor y vergüenza…

Castilla y León: tropiezan en la misma piedra

Mención aparte merece la postura de la Consejería de Educación de Castilla y León, que se está negando a tramitar las objeciones presentadas por los padres, aduciendo que en el desarrollo del currículo, ya han quitado los contenidos que presumiblemente pudieran resultar contrarios a la conciencia de los padres.

¡Vuelven a tropezar en la misma piedra que el Gobierno central! ¿Quiénes son ellos para discernir los contenidos morales que los padres han de estimar como aceptables o rechazables?

El Gobierno de Castilla y León critica la EpC de Zapatero; pero, como contrapartida, impone una EpC autonómica. Su postura no sólo es irrespetuosa con el derecho a la objeción de conciencia de los padres, sino que cae en el mismo desacierto que afirma rechazar.

Por lo demás, ¿acaso pueden garantizar que les vaya a ser aceptado ese recorte curricular de la EpC, cuando ya ha sido recurrido judicialmente por el Gobierno central? ¿Y si el próximo gobierno autonómico cambiase de signo político?

Religión: más palitos en las ruedas

Mientras tanto, en lo que a la clase de religión se refiere, estamos padeciendo las consecuencias de la presión ejercida por algunos grupos radicales, que han conseguido que la Consejería de Educación autonómica permita que la asignatura de religión sea eliminada del impreso de matriculación.

En efecto, en un número grande de centros escolares públicos de Castilla y León, los padres están teniendo que rellenar un impreso “aparte” para que sus hijos cursen la religión, ya que la asignatura de religión ha “desaparecido” de la matrícula escolar.

Mientras tanto, los profesores de religión y sus alumnos están demostrando una altura moral muy grande, además de una paciencia encomiable, al continuar su recorrido en fidelidad, a pesar de que en no pocos centros, la alternativa “real” a la clase de religión no es la prescrita por la ley (“Atención educativa” e “Historia de las religiones”), sino simplemente, “chatear por el messenger” o “jugar en el patio”.

Es cierto que la política de los “palitos en las ruedas” desgasta la resistencia de algunos niños y familias… Pero también es cierto que fortalece la convicción y la determinación de otros muchos seguidores de Jesucristo.


Lunes 26 de mayo de 2008

Objeción en legítima defensa

18:28 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

26-05-2008  La Gaceta

Artículo de Ramón Pi en La Gaceta (26 de mayo de 2008).

Educación para la Ciudadanía, uno de los atropellos a las libertades más escandalosos de la democracia.

Este curso académico da sus últimas boqueadas, y no nos habremos dado cuenta cuando ya tendremos el próximo encima. Faltan, pues, pocas semanas para que en el territorio español se implante uno de los atropellos a las libertades más escandalosos de nuestra aún joven democracia. Me refiero, claro, a la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que ha entrado en vigor en algunas comunidades, y en otras, más reticentes, empezará a impartirse en septiembre.

La EPC está diseñada, según el BOE, para formar la conciencia de los alumnos desde la enseñanza primaria hasta la superior. Los inspiradores, conscientes de que semejante pretensión revienta las costuras de la Constitución por varios sitios, se han cuidado de que la Ley que la establece se limite a ordenar la implantación de una asignatura con este nombre, remitiendo los pormenores de su naturaleza y contenidos a normas posteriores de rango inferior. Así se bloquea la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, que sólo puede plantearse contra normas con rango de ley.

Los padres de las víctimas de esta intromisión ilegítima e intolerable del Estado en la conciencia de las personas, especialmente en su etapa de formación, se han visto abocados a tener que formular objeción de conciencia contra la obligación legal de someter a sus hijos a tal adoctrinamiento: un recurso contencioso administrativo contra los decretos reguladores de la EPC lleva tiempo, quizás años, y cuando llegase una sentencia sería, con toda probabilidad, demasiado tarde. No digamos de los recursos de amparo, escandalosamente amontonados en la mesa del TC. Sólo la objeción, directamente aplicable y de efectos inmediatos, se ofrece como modo de ejercer la defensa propia legalmente.

La cuestión de fondo no es el contenido que este Gobierno ha dado a la EPC (que es en mi opinión un disparate). Si esta asignatura tuviese un contenido moral acorde con mis convicciones, la objeción de conciencia debería ser igualmente ejercida, porque no va contra los contenidos, sino contra el derecho constitucional de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Si se acepta la legitimidad del Estado a formar las conciencias mediante una asignatura obligatoria, en la escolaridad obligatoria y con contenidos obligatorios, un cambio de signo en el Gobierno podría legitimar la intromisión del Estado en las conciencias, aunque de otro signo.

Puro totalitarismo, se disfrace como quiera.

Es, pues, necesario objetar, multiplicar las objeciones. Nos jugamos la libertad.

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Ramón Pi es periodista.

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