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Martes 20 de enero de 2009

Las aulas de educación diferenciada pueden conseguir que las chicas se interesen más por las ciencias

9:02 h | Artículos,diferenciada,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

chicos.jpgLa nueva ministra de Educación inglesa ha dicho que el regreso a la Educación Diferenciada ayudará a que las chicas se interesen más en materias tales como ciencias e ingeniería.

Sarah McCarthy-Fry dijo que las muchachas podrían ser intimidadas por los chicos en las aulas y que la separación de aquellos para determinadas materias podría ser la solución.

En su primera entrevista después de sustituir a Lord Adonis en la reciente reorganización realizada por el primer ministro, ella dijo: “Las chicas mejoran mucho en ciencias en clases single-sex. Ellas a veces se sien­ten intimidadas en clases mixtas por las continuas in­tervenciones de los chicos que acaparan la atención e intervienen para dar respuesta a todas las cuestiones”.

Su intervención se produce justo una semana después que Vicky Tuck, Presidenta de la Girls’ School Associa­tion y Directora del Cheltenham Ladies´College, predi­jo una vuelta a las escuelas de Educación Diferenciada después de cuatro décadas en que éstas disminuye­ron, desde 2,500 en el nivel de Secundaria en los años sesenta, a solo 400 hoy.

La Sra Tuck dijo que más personas eran conscientes de que las chicas aprenden de manera diferente de los chicos debido “a diferencias neurológicas” en el desarrollo de sus cerebros.

La Sra McCarthy-Fry añadió que ella creía que tanto las ciencias como la ingeniería podrían ser presentadas a  las chicas en una manera “más amistosa y femenina”.

“Si usted se dirige a muchachas sobre lo que ellas quieren hacer, muchas dicen que ellas quieren entrar en profesiones de vocación social – como la profesión de enfermera”, contó al Independent. “Pero usted podría presentar la ciencia y la ingeniería de un modo en el que las chicas podrían enten­derlo mejor como orientación para su carrera”.

“Por ejemplo, podría argumentar que si usted realmente se preocupa por el medio ambiente puede salvar vidas y si está interesado en la salud usted podría diseñar una incuba­dora que podría salvar la vida de un niño.”

The Independent, 27-11-2008
Publicado en diferenciada.org


Martes 13 de enero de 2009

Responsabilidad educativa de los padres

10:25 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Javier Úbeda Ibáñez

No es legítimo hablar de una paternidad responsable si se prescinde de la responsabilidad educativa que conlleva la procreación

La educación es el complemento natural de la procreación, algo que ésta reclama para su propio efecto, en virtud, justamente, de la necesidad que en él existe de ser ayudado y atendido en el proceso de su desarrollo. Así es realmente cómo la actividad educativa prolonga, de una manera natural, a la generación o procreación.

Estamos, por tanto, hablando de un auténtico nexo natural entre lo uno y lo otro, hasta tal punto que la educación no se limita a añadirse a la procreación como si sólo fuese respecto de ésta un perfeccionamiento o complemento puramente exterior y, por ello mismo, no exigido desde el ser de la prole en cuanto tal.Tan íntima es, por el contrario, la unidad entre la educación y la procreación, que ésta tiende a prolongarse en la actividad educativa como en su propia forma de plenitud y merced a un impulso esencialmente idéntico en lo que es de la esencia de la paternidad propia del hombre.
De ahí la necesidad de sostener que los primeros responsables naturales de la actividad educativa son los progenitores. La responsabilidad natural de la educación tiene el sentido de una consecuencia natural de la responsabilidad propia de los padres.

Lógicamente se comprende bien que la ideología colectivista no tome como punto de partida, para su forma de interpretar la educación, ese íntimo nexo natural entre ésta y la procreación. Pero no hay forma, en cambio, de entender que se atente contra este nexo cuando la mentalidad de que se parte es la que afirma los derechos y los deberes que naturalmente se derivan de la responsable libertad del ser humano como algo anterior a cualquier derecho positivo.

No es legítimo hablar de una paternidad responsable si se prescinde en la teoría o en la práctica de la responsabilidad educativa que conlleva la procreación. Tal responsabilidad es un derecho en la misma medida en que es también un deber. Por ello mismo hay ya en su fundamento natural una objetiva exigencia de recabar y poner todas las condiciones que hacen posible cumplirlos con la más plena sinceridad en la intención.

La conciencia de la responsabilidad educativa que los padres tenemos –precisamente porque somos padres- no se puede escindir de la conciencia de nuestra libertad como personas humanas. Tal escisión, que pretende justificarse con las falsas razones de una actitud egoísta, no tiene nada que ver con la más noble acepción de todo auténtico y esencial liberalismo, porque éste precisamente es consecuencia con los más altos valores de la libertad si al mismo tiempo se enlaza con la responsabilidad indeclinable que nuestras libres decisiones nos confieren.

En consecuencia, tampoco puede admitirse, moralmente, una libre renuncia de los padres a su derecho y deber de elegir los educadores que les suplan en lo que no puedan realizar para la formación de sus hijos. Sin duda alguna, los padres tenemos que delegar toda una serie de aspectos de la realización de esa tarea. Pero lo que no podemos delegar es el derecho-deber de elegir las personas que en esos aspectos nos sustituyan. Pretender que ambas cosas son idénticas es salirse por la tangente de una inexcusable confusión, solamente posible cuando se empieza por no querer asumir la esencial responsabilidad educativa que va implícita en el sentido de toda paternidad.
También es claro que los padres podemos pedir consejo para la elección de los centros en que vayan a formarse nuestros hijos. Pero el consejo no quita la responsabilidad a quien lo pide, ni el pedirlo deja de ser un ejercicio de nuestro libre albedrío. Lo que se opone a ambas cosas es que el Estado intervenga con una suplantación de las atribuciones de los padres, pretendiendo tener más altos títulos que los que éstos poseen, o como haciéndoles un favor que en realidad tendrían que agradecerle.
Hay favores que no pueden admitirse. Seguramente, el desarrollo de esta idea nos llevaría muy lejos en la crítica del intervencionismo del Estado. Sin embargo, aquí hemos de limitarnos a rechazar la idea del presunto favor que los gobernantes nos harían al descargarnos de una de las dimensiones integradas en la responsabilidad educativa que como padres tenemos. No queremos ese favor. Y no lo queremos, sencillamente porque estamos dispuestos a asumir las cargas y los derechos naturales, fundamentalmente intransferibles, de una paternidad que se prolonga en la noble tarea de la educación de nuestros hijos.

Publicado en Forum Libertas

Miércoles 10 de diciembre de 2008

UDE apoya la transparencia de los resultados para mejorar la escuela pública

19:03 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Lucia Figar, consejera de Educación madrileña.jpg

UDE lleva años solicitando la publicación de estos resultados para lograr la mejora de los centros y facilitar la elección de las familias y considera que los estudiantes no pueden ser rehenes del inmovilismo.

REDACCIÓN HO.- La Unión Democrática de Estudiantes (UDE), que representa al 57% de estudiantes de enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Madrid y está representada con mayoría absoluta de alumnos en el Consejo escolar de la Comunidad de Madrid, valora muy positivamente la publicación de los resultados por centro de la prueba de sexto de Primaria por parte de la Consejería que dirige Lucía Figar. Esta medida supondrá, para Álvaro Vermoet, Presidente Nacional de UDE, “la ruptura con el ocultismo y el inmovilismo de la izquierda y permitirá que la enseñanza madrileña mejore en transparencia y, así, en calidad”.

Esta prueba evalúa si los estudiantes que han finalizado la Educación Primaria tienen las destrezas imprescindibles “que se darán por sabidas en la Educación Secundaria, cuya no superación predispone, por tanto, al fracaso en los Institutos”, afirma Vermoet. No se trata de evaluar los conocimientos que se dan en sexto de Primaria, sino sencillamente de observar si, con independencia de los planes de estudio de cada curso o la planificación de cada centro, los estudiantes saben leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas, esto es, aptitudes instrumentales que necesitarán al pasar a la Secundaria.

Si, por miedo a las reacciones o a los ranking, ocultamos los resultados de la enseñanza pública, los centros que funcionan mal seguirán funcionando mal y nadie reconocerá el mérito de aquellos centros públicos que mejoran o que ya están obteniendo buenos resultados (la mayoría de los colegios con mejores resultados han sido públicos)”, considera el Presidente Nacional de UDE, quien cree que “no se puede pretender que los estudiantes sean rehenes de aquellos colegios que reiteradamente sacan malos resultados y que nunca tendrán ningún incentivo a mejorar si, para evitarse problemas, la Administración esconde los datos“.

UDE considera que conocer un dato tan elemental como si los chicos salen de un colegio de Primaria sabiendo leer y contar, resultará mucho más determinante para miles de familias que el número de polideportivos o de jardines que tenga ese colegio, y que es muchas veces el único criterio de elección que tienen las familias. La publicación de los resultados por centro en la prueba de sexto de Primaria ayudará a premiar a los centros verdaderamente innovadores y con buenos resultados y acabará con algunos mitos que rodean nuestro sistema educativo.


Lunes 20 de octubre de 2008

La escuela en casa se pone de moda

9:23 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Un creciente colectivo de familias neoyorquinas aboga por la defensa de la no escolarización y la educación en el propio domicilio familiar.

Una mañana de principios del mes pasado, mucho después de esa hora frenética entre las siete y las ocho en la que la mayor parte de los padres de Nueva York empujan a sus hijos de cuatro, cinco y seis años para conseguir que salgan por la puerta en su primer día de guardería, Benny Rendell, el hijo de cinco años de Joanne Rendell, novelista y Brad Lewis, profesor de la Universidad de Nueva York, seguía durmiendo  como un tronco disfrutando de lo que su madre describe como su primer día de no guardería.

Benny se quedó dormido, como de costumbre, hasta pasadas las 11 de la mañana, mientras su madre, cuyo primer  libro, “The Professors’ Wives Club” acaba de ser publicado por NAL Accent, trabajaba en su nueva novela. Cuando Benny se despertó, él y su madre emprendieron tranquilamente el camino hacia casa de un amigo en Brooklyn, a la vez que Benny iba leyendo en voz alta los nombres de las estaciones del metro por el camino.

Pasaron la tarde en un parque infantil de Fort Greene; mientras Benny jugaba con sus amiguitos en el barro, los adultos les miraban y compartían una cerveza.

Una decisión valiente

La señora Rendell, de 34 años, y el señor Lewis, de 51, no son ni mucho menos analfabetos, ya que tienen dos doctorados y un máster entre los dos. Se enamoraron en un congreso y Lewis es ahora profesor titular de la universidad de Nueva York. Sin embargo, han tomado la decisión semirradical (por lo menos para Nueva York) y antiacadémica de dejar a Benny sin escolarizar por el momento.

Forman parte de una comunidad de padres con ideas similares que han optado por enriquecer en lugar de enseñar formalmente a sus hijos en edad preescolar (la ley de la ciudad de Nueva York exige a los padres que inscriban a sus hijos como escolarizados en casa a partir de los seis años).

Los padres de Benny no son educadores en casa en el sentido tradicional de adaptarse a un currículo, ni son estrictamente “antiescuela”, por lo menos según las teorías de John Holt, un educador progresista que promocionó un movimiento de enseñanza dirigido por el propio niño, una variante muy  democrática dentro del mundo de la escolarización en casa. Más bien su opción es ad hoc, una exploración día a día de lo que significa quedarse en casa con los hijos en medio de una cultura desenfrenada como la de Nueva York.

En una ciudad en la que la carrera para subir a la cumbre comienza desde la infancia, la desconexión entre la opción de estos  padres y las normas de la ciudad es enorme, como acaba de comprender la señora Rendell.

Polémico artículo

Hace unas semanas, escribió un artículo sobre el primer día de “no guardería” de Benny, completado con una evocación de esa tarde en el parque y la cerveza que compartieron los adultos, para Babble, una revista online para padres. Su editora jefe, Ada Calhoun, publicó el artículo en la sección de opiniones personales de la revista llamada irónicamente Malos Padres.

A pesar de la reputación de la columna como un foro para que los padres discutan opciones distintas de la corriente general, Calhone dijo que el ensayo de Rendell provocó las airadas protestas de los lectores, y batió un récord, suscitando  cerca de 200 comentarios.

Diferentes opiniones

Rendell, por su condición de escritora, había captado la atención de los lectores con un llamativo comienzo. “Mi hijo Benny estuvo hasta muy tarde anoche en un bar del Soho”. Pero sus lectores,  una vez atrapados, protestaron: “Egoísta”, “auto indulgente”, “familia de juerga  en un bar” eran algunas de las frases que aparecían  en los comentarios, sin hacer mención de que el artículo también hablaba del alto nivel de lectura de Benny.

En opinión de la señora Calhoun, “lo que movilizó a los lectores fue un sentimiento de ser superados, de quedarse fuera de onda”, tal como explicó ella, “se sentían hasta cierto punto envidiosos de que Joanne tuviera la oportunidad de quedarse en casa con su hijo”. “Y, por otro lado, estaban los comentarios simplemente  críticos de los que consideraban que no cuidaba adecuadamente al niño —continuó la señora Calhoun—. Se sentían moralmente ofendidos por ese niño que se quedaba durmiendo”.

Rendell se quedó sorprendida por la reacción y lo atribuyó en parte a un choque de culturas: ella es británica. Y reconoció que ser padre siempre implica cierto nivel de compromiso o sacrificio, y las propias opciones, si son distintas de las de los demás, pueden parecer una afrenta. Cuando Benny cumplió dos años, la pareja asistió a un curso sobre educación alternativa y  se sintieron cautivados por  la conferencia de una mujer que hablaba de no dejarse dominar por la campana de la escuela.

Con Benny, afirma Lewis, han optado por un híbrido entre escolarización en casa y no escolarización. No se trata de nada estructurado, gira en torno a Benny, seguimos sus intereses y sus deseos y de hecho estamos ayudándole a aprender a leer y enseñándole matemáticas, le leen durante horas cada día. “No se trata más que de intentar encontrar cosas con las que los dos disfrutemos, en lugar de convertirme simplemente en una madre mártir. Lo terrible de la escolarización en casa es que tienes que ser perfecta todo el tiempo y ser capaz de encontrar cosas útiles que hacer”.

Publicado en gaceta


Viernes 26 de septiembre de 2008

Libertad de enseñanza igual a cheque escolar

17:32 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Tras las sentencias de los Tribunales Superiores que lo reconocen
cheque.jpgChequeEscolar.org reclama de las Administraciones que hagan efectivo el derecho de las familias a escoger un colegio conforme a sus convicciones.

CHEQUEESCOLAR.ORG. Tras la sentencia nº 247 del Tribunal Contencioso Administrativo de Barcelona que ordena a la Generalitat de Cataluña a “escolarizar de inmediato” a una niña de cuatro años en el colegio concertado elegido por sus padres y niega que se le pueda imponer otro centro “por razones materiales y presupuestarias”, la plataforma ChequeEscolar.org exige de las Administraciones que hagan efectivo tal derecho para todas las familias españolas.En palabras de José Castro, coordinador de la plataforma, “la manera más eficiente y equitativa de garantizar el derecho de los padres a elegir el colegio que responde a sus propias convicciones, es la implantación del cheque escolar, sistema que permite garantizar la financiación del centro elegido conforme a las preferencias de los padres”.

El cheque escolar es un sistema de financiación de la educación por el cual el Estado atribuye a las familias una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar. De este modo el Estado financia la educación de sus ciudadanos, sin embargo en vez de financiar a los centros educativos financia a los educandos, que son los verdaderos sujetos del derecho a la educación. La cantidad atribuida a las familias estaría en relación con el coste medio del puesto escolar.

La sentencia citada afirma que la Generalitat vulneró el derecho fundamental de los progenitores a elegir un centro docente que consideren acorde con su ideario moral y religioso, y se une a sentencias anteriores en el mismo sentido (véase p.ej. STSJ Andalucía de mayo de 2008)

“Con el cheque escolar” -continua Castro- “se potenciaría la libertad de elección de los padres y la autogestión para los centros, sin el exceso de control burocrático al que hoy se ven sometidos y que indudablemente les asfixia. Esta falta de libertad de padres y centros es lo que lleva a la educación española a situarse en uno de los niveles más bajos en relación a los países de nuestro entorno”.

Por último la plataforma anima a todos los padres a recurrir aquellas decisiones de la Administración que no les garantizan “un centro adecuado a sus propias convicciones”.

Chequeescolar.org es una plataforma de padres, educadores, juristas, economistas y entidades civiles que, ante las carencias del sistema de educación español que priva a los padres, en especial a los más desfavorecidos, del derecho a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, reivindican que el Estado reconozca que deben ser los padres los que decidan qué hacer con el dinero que ellos mismos aportan, a través de sus impuestos, para sufragar la educación de sus hijos. Entre los miembros del Comité Asesor de Chequeescolar.org destacan los catedráticos y profesores Carlos Rodríguez Braun, Pedro Schwartz, Jesús Tanco,  Antonio Moreno y María Calvo, el  actual DG COPE Alfonso Coronel de Palma, el rector Daniel Sada, el periodista Enrique de Diego y el autor de la primera ley del Cheque en el mundo, D. Jose Manuel Otero Novas.


Sábado 13 de septiembre de 2008

La Asociación por la Libre Educación informó ayer en el Ensanche sobre su alternativa a la escolarización

9:18 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

IRUN. DV.

El cole en casa

El nuevo curso escolar acaba de comenzar y la gran mayoría de los niños ha vuelto a colgarse la mochila sobre los hombros para ir al colegio. El centro escolar es, por tradición, el lugar al que asisten para recibir su educación, pero esto no significa que sea la única opción de enseñanza que existe. En países como los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Francia, el sistema de homeschooling o la enseñanza en el hogar es conocido, en España sin embargo, este método de educación no goza del mismo reconocimiento.

Aprovechando que el próximo lunes, día 15, se celebra el Día Internacional de la Libre Educación, un grupo de familias provenientes del País Vasco, Navarra y otras provincias se reunió ayer en la plaza del Ensanche para informar sobre este sistema de enseñanza alternativo.

«Para nosotros es muy importante que se puedan desarrollar con opiniones abiertas, sin manipulación», explicaba Lisa, madre de cinco hijos que reciben la educación en el hogar. «Estamos disfrutando mucho viéndoles aprender sin la presión social».

Inicialmente, los hijos de Lisa asistieron al colegio porque «la situación parecía tan complicada en España que decidimos matricularlos en un centro escolar». Sin embargo, pronto vieron que el sistema de homeschooling era el «más positivo» para educar a sus hijos y por eso, desde hace más de un año los cinco estudian en casa.

«Pero que no vayan al cole no significa que estén juntos todo el día», apostillaba Lisa. «Asisten a clases de francés, van a la escuela de música, están en el club de natación… Salen y participan en muchas actividades».

Reconocimiento

Tanto Lisa como los demás familiares que ayer estuvieron en la plaza del Ensanche forman parte de la Asociación para la Libre Educación (ALE), que reivindica el derecho «a educar y enseñar a sus hijos, de forma plena, responsable y consciente, en el propio hogar».

En España, este sistema de educación no tiene un reconocimiento legal y por esta razón, la familia irundarra Branson-Sánchez fue imputada hace aproximadamente un año. Tras meses de lucha por defender «el derecho que tienen los padres de decidir cómo quieren educar a sus hijos», la Fiscalía concluyó el pasado mes de julio que la familia Branson-Sánchez no está cometiendo una infracción legal.

Ketty Sánchez también estuvo ayer en la plaza del Ensanche facilitando información sobre la libre educación. Ketty reconocía estar «mucho más tranquila» tras archivarse su caso y se mostraba «mucho más feliz, con más espíritu y más ganas» de afrontar el nuevo curso escolar.

Curiosidad

Durante la jornada de ayer, los iruneses se acercaron al kiosco de la plaza del Ensanche para saber en qué consistía la educación en casa, desmitificar algunas creencias relacionadas con este sistema educativo o mostrar su apoyo a estas familias. «La gente suele decir que al no escolarizar a nuestros hijos éstos son más antisociales, pero no es así, mi hija no tiene problemas para relacionarse con otros niños», aclaraba Carlos.

Al igual que en los casos anteriores, su hija fue matriculada en un parvulario. «Ella no entendía por qué tenía que estar separada de sus padres durante tanto tiempo seguido. A la segunda o tercera hora ya estaba aburrida y quería venirse a casa con nosotros», comentaba Carlos. «Por eso, al final decidimos traerla a casa».
Publicado en Diario Vasco


Viernes 15 de agosto de 2008

El chollo de la enseñanza concertada

13:11 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La escuela concertada española recibe 5000 millones anuales. La noticia, dada a conocer por el Ministerio de Educación, puede dar lugar a que se piense en un cierto trato de favor hacia esos centros.

Y aunque dato es cierto, como todas las verdades a medias, no refleja la realidad. Lo interesante sería  que el Ministerio, o la administración educativa de cada comunidad, dieran a conocer lo que les cuesta cada alumno escolarizado en un centro público y en un centro concertado. La ampliación de la citada noticia nos da una pista al respecto. En la misma se detalla que el estado invierte 27.669 millones en enseñanza no universitaria, de los cuales 5000 se destinan a los centros concertados.

Sabiendo que, aproximadamente, los centros concertados escolarizan cerca del 40% del total del alumnado y que por ello reciben 5000 millones, resulta que para el poco más del 60 % restante, es decir para la enseñanza pública, se destinan 22.669 millones. No hace falta saber muchas matemáticas para darse cuenta que la enseñanza concertada supone un “chollo” para los presupuestos destinados a educación.

Anna Batista Majem

Publicado en Hispanidad


Jueves 17 de julio de 2008

Martínez López-Muñiz: los Gobiernos no puede utilizar los conciertos para imponer sus preferencias

8:33 h | Artículos,Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Comentarios cerrados

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza diferenciada por sexos

Martínez López-Muñiz: No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas o pedagógicas

Firmado por Aceprensa
Fecha: 19 Junio 2008

Una sentencia del Tribunal Supremo ha admitido que las comunidades autónomas pueden exigir la enseñanza mixta a los colegios concertados. El Tribunal da la razón a la Junta de Castilla-La Mancha frente a la patronal de colegios privados CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), y anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad, que había sostenido lo contrario. La sentencia mantiene que “el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros”.

Preguntamos sobre esta sentencia a José Luis Martínez López-Muñiz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.

– La sentencia mantiene que los titulares de los centros concertados no son libres para establecer la enseñanza diferenciada. ¿Es nueva esta doctrina?

–Si hay algo propio de cualquier libertad es que implica el derecho de actuar en el ámbito de que se trate sin más restricciones que las que marquen las leyes por razones justificadas y proporcionadas. Un viejo adagio jurídico afirma, con toda razón que, para la libertad, “todo lo que no está prohibido está permitido”.

Ocurre además que no cualquier norma de cualquier poder público puede establecer tales restricciones a cualquier libertad. La Constitución española dispone que tales restricciones o límites sólo los puede establecer una ley orgánica (estatal, por tanto) cuando se trate de libertades garantizadas en los artículos 15 a 29 de la Constitución. Son incompetentes para ello las leyes ordinarias estatales, las leyes autonómicas y cualesquiera normas reglamentarias.

Es asombroso que la Sentencia diga que como “ni la LODE ni la LOE reconocen a los titulares de los centros concertados el derecho a establecer en ellos un sistema de enseñanza diferenciada como parte integrante de su derecho de creación y dirección de centros privados”, no debe “ser aceptado como un contenido adicional de lo directamente establecido en el artículo 27 CE” (Fundamento Jurídico 9º).

O sea, que para el Supremo, en esta ocasión, lo que puede hacerse con cada libertad pública tiene que ser pormenorizado en la ley, porque si no se contempla en ella, no quedaría reconocido como ámbito protegible de esa libertad “adicional” a lo esencial. Es de esperar, desde luego, que el Constitucional pueda corregir semejante planteamiento. ¿Cómo va a ser aceptable que con la libertad sólo pueda hacerse lo que diga la ley específicamente? Esto es el fin de la libertad, simplemente.

Ya la misma Sala, en otra sentencia de mayo de 2007 sobre el derecho de los centros privados a decidir por sí mismos sobre la admisión de sus alumnos, incurrió en la misma aberración. Como no les está expresamente conferida en las leyes orgánicas –lo que, además, no es rigurosamente cierto–, se presume que no forma parte de su libertad y cualquier Gobierno autonómico podría disponer al respecto a su antojo. Es decir, el mundo jurídico al revés.

Una opción pedagógica legítima

– La libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27 de la Constitución, ¿no incluiría la opción pedagógica de la educación diferenciada en el caso de los centros concertados?

– El Supremo, sin razón expresa alguna, afirma en la Sentencia que “el sistema de educación diferenciada, en lo que se refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a sus titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 CE”. Se trata de una afirmación gratuita y arbitraria, porque no se da razón alguna al respecto.

Podrá quizás discutirse si la educación diferenciada forma parte o no del contenido esencial de la libertad de enseñanza, lo que desde luego en absoluto se hace en la sentencia, que se limita a pronunciarse apodíctica y equívocamente sobre el asunto. Para aceptar constitucionalmente su exclusión o incluso su limitación habrá que poner en el otro platillo de la balanza bienes jurídicos más altamente protegidos por el orden constitucional que no es fácil discernir.

¿Se ha olvidado el Supremo de que, como recuerda cualquier manual de Derecho público, bajo la actual Constitución prima en nuestro sistema el principio “pro libertate”?

– ¿Hay alguna norma internacional que prohíba la educación diferenciada?

– El protocolo 1º del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales, que asegura el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, obliga a respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, en las que el citado Tribunal incluye todo tipo de convicciones relevantes, también las de orden pedagógico (y así lo ha explicitado luego el artículo 14 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, que el nuevo Tratado de Lisboa quiere reconocer con rango de tratado).

La Convención de la UNESCO de 1960, que es Derecho vigente en España, ya dejó sentado además que, por el lado de la lucha contra las discriminaciones por razón del sexo, no podría justificarse esa exclusión de la enseñanza diferenciada por sexo. Y que no es una práctica discriminatoria lo tiene expresamente reconocido la misma Sala del propio Tribunal Supremo, en una sentencia de 2006, basándose en estas normas y considerando también el tenor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

¿Quien paga manda?

– ¿La financiación pública de los centros concertados puede justificar que se excluya una opción pedagógica como la enseñanza diferenciada?

– En la sentencia parece subyacer de modo implícito el errado criterio de que la asignación de fondos públicos justificaría la imposición por el Gobierno financiador de limitaciones de la libertad de dirección de los centros privados concertados.

Como si la referencia contenida en el artículo 27.9 de la Constitución sobre que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, permitiera esas limitaciones, aunque la Sala mire a otro lado en punto a la evidente reserva a la ley de tales requisitos, una ley que, además, por lo ya dicho, habría de ser orgánica.

Lo que es constitucionalmente evidente es que no vale imponer cualquier requisito para recibir fondos públicos destinados a favorecer el ejercicio de libertades públicas. Sería tanto como admitir que el Estado, al subvencionar a los partidos políticos, a los sindicatos, a la producción cinematográfica, al teatro, etc., pueda imponerles requisitos o condiciones, más allá de los necesarios para asegurar el destino previsto a los fondos públicos correspondientes.

Si se aplica aquí aquello de que quien paga manda, ¿dónde quedará el Estado social de Derecho? No cabe aceptar otros requisitos que los que aseguren que los fondos públicos de los conciertos cumplen su fin. No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas, pedagógicas, etc. De otro modo sólo podrían disfrutar de la libertad los ricos.

– En la anterior sentencia de 2006 que antes citaba el Tribunal Supremo  decia que “no se discute” que la educación escolar separada por el sexo “es lícita” y que “tampoco hay norma expresa que prohíba el sostenimiento público de centros que la practiquen”? ¿Ha cambiado la doctrina del Supremo?

– Ciertamente eso fue lo que, con razón, dijo la misma Sala del Supremo hace un par de años. Y no creo que, a pesar de las apariencias, haya cambiado ese criterio suyo. Lo que pasa es que ahora se han encontrado con una “norma expresa” que ha venido a prohibirlo: el Decreto de 2004 de Castilla La-Mancha que había anulado el Tribunal Superior con competencia en esa región.

Pero, claro, se trata de una norma autonómica y además reglamentaria, radicalmente incompetente para establecer tal imperfección. Pero la Sala se niega expresamente a entrar a enjuiciar esta capital cuestión, porque hace una interpretación restrictiva inaceptable del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, que es el que se ha seguido en el caso. Incomprensiblemente, no tiene en cuenta las expresas formulaciones sobre este procedimiento que introdujo la Ley de 1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y se aferra acríticamente a una jurisprudencia anterior a cuyo desafortunado criterio quiso poner fin con toda evidencia dicha Ley. El resultado es una lamentable denegación de justicia precisamente en una materia que el artículo 53.2 de la Constitución obliga a tutelar con especial atención, rapidez y prioridad.


Miércoles 16 de julio de 2008

Una asignatura adoctrinadora

12:00 h | Artículos,Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

15.07.08 – JUAN IGNACIO DE LOS MOZOS TOUYA | PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LA RIOJA EDUCA EN LIBERTAD

La Asociación La Rioja educa en libertad, ante la reciente sentencia del TSJR, quiere hacer llegar a la opinión pública lo siguiente:

1º Que se reconoce el derecho de objeción de conciencia como un derecho recogido directamente en la Constitución que no precisa de desarrollo alguno por tratarse de un derecho fundamental integrante del derecho de libertad ideológica (art. 16 CE), el cual se declara vulnerado por los Reales Decretos dictados en desarrollo de la LOE para regular el currículo de Educación para la Ciudadanía juntamente con el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones (art. 27.3 CE).

2 º Que, en consecuencia, el ejercicio del derecho de objeción de conciencia no puede tener ninguna consecuencia negativa para el alumno a la hora de promocionar u obtener los títulos académicos correspondientes, y así se declara expresamente en el fallo.

3º Que para objetar no se requiere que el hijo o hija vaya a cursar la asignatura de EpC el próximo curso, basta con que tenga que cursarla más adelante.

4º Que la existencia de diferentes formas de pensamiento, ideologías y creencias (art. 16.1 CE) fundamentan la libertad de enseñanza y el derecho de educación en libertad (art.27.1 CE).

5º Que dichos Reales Decretos que desarrollan la LOE respecto de la asignatura conocida como Educación para la Ciudadanía, que con distintos nombres ha de impartirse obligatoriamente en Primaria, ESO y Bachillerato, en cuanto que pretenden formar la conciencia moral de los alumnos a través de la imposición de una moral concreta, no neutra, elegida por el Estado vulneran los artículos 16 y 27.3 de la Constitución española.

6º Que por su contenido, objetivos y criterios de evaluación los citados Reales Decretos exceden «de los valores consagrados en la Constitución o que son presupuesto o corolario del orden constitucional», según el límite fijado en su día por el Consejo de Estado.

7º Que la exigencia impuesta al alumnado de «manifestar» sus propias creencias y opiniones contraviene la Constitución (art. 16.2 CE), como, así mismo, el establecimiento como criterio de evaluación de la «aceptación» por el educando de los valores propuestos por el Estado que conculca el artículo 27.3 de la Constitución (y desde luego el 16.1).

8º Que la ideología de género responde a unas creencias particulares, en modo alguno integrante de una ética común.

Antes de concluir queremos felicitamos, en este caso, por el funcionamiento ejemplar del Estado de Derecho en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, en especial de los padres de la escuela pública, muchos de los cuales no han podido hacer efectivo su derecho de elección en un centro concertado, haciéndose así realidad el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos, hoy incumplidores, de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral que sea conforme con sus creencias y convicciones.

Por último, hacemos un llamamiento a todos los padres de la escuela pública y concertada a que objeten contra una asignatura adoctrinadora en defensa de la libertad de todos y esperamos que las autoridades de La Rioja no sólo cumplan sino que acaten la sentencia y, de una vez por todas, sean coherentes con las conclusiones aprobadas en su reciente congreso celebrado en Valencia.

larioja.com


Viernes 20 de junio de 2008

«No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas o pedagógicas»

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Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza diferenciada por sexos

Una sentencia del Tribunal Supremo ha admitido que las comunidades autónomas pueden exigir la enseñanza mixta a los colegios concertados. El Tribunal da la razón a la Junta de Castilla-La Mancha frente a la patronal de colegios privados CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), y anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad, que había sostenido lo contrario. La sentencia mantiene que los criterios de admisión del alumnado son competencia de las administraciones educativas que los financian. Cada comunidad autónoma podrá excluir o no del sistema de conciertos a los colegios de enseñanza diferenciada por sexo.

Fecha: 19 Junio 2008

Preguntamos sobre esta sentencia a José Luis Martínez López-Muñiz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.

– La sentencia mantiene que los titulares de los centros concertados no son libres para establecer la enseñanza diferenciada.¿Es nueva esta doctrina?
–Si hay algo propio de cualquier libertad es que implica el derecho de actuar en el ámbito de que se trate sin más restricciones que las que marquen las leyes por razones justificadas y proporcionadas. Un viejo adagio jurídico afirma, con toda razón que, para la libertad, “todo lo que no está prohibido está permitido”.
Ocurre además que no cualquier norma de cualquier poder público puede establecer tales restricciones a cualquier libertad. La Constitución española dispone que tales restricciones o límites sólo los puede establecer una ley orgánica (estatal, por tanto) cuando se trate de libertades garantizadas en los artículos 15 a 29 de la Constitución. Son incompetentes para ello las leyes ordinarias estatales, las leyes autonómicas y cualesquiera normas reglamentarias.

Profesor López-Muñiz
Es asombroso que la Sentencia diga que como “ni la LODE ni la LOE reconocen a los titulares de los centros concertados el derecho a establecer en ellos un sistema de enseñanza diferenciada como parte integrante de su derecho de creación y dirección de centros privados”, no debe “ser aceptado como un contenido adicional de lo directamente establecido en el artículo 27 CE” (Fundamento Jurídico 9º).

O sea, que para el Supremo, en esta ocasión, lo que puede hacerse con cada libertad pública tiene que ser pormenorizado en la ley, porque si no se contempla en ella, no quedaría reconocido como ámbito protegible de esa libertad “adicional” a lo esencial. Es de esperar, desde luego, que el Constitucional pueda corregir semejante planteamiento. ¿Cómo va a ser aceptable que con la libertad sólo pueda hacerse lo que diga la ley específicamente? Esto es el fin de la libertad, simplemente.

Ya la misma Sala, en otra sentencia de mayo de 2007 sobre el derecho de los centros privados a decidir por sí mismos sobre la admisión de sus alumnos, incurrió en la misma aberración. Como no les está expresamente conferida en las leyes orgánicas –lo que, además, no es rigurosamente cierto–, se presume que no forma parte de su libertad y cualquier Gobierno autonómico podría disponer al respecto a su antojo. Es decir, el mundo jurídico al revés.

Una opción pedagógica legítima

– La libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27 de la Constitución, ¿no incluiría la opción pedagógica de la educación diferenciada en el caso de los centros concertados?

– El Supremo, sin razón expresa alguna, afirma en la Sentencia que “el sistema de educación diferenciada, en lo que se refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a sus titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 CE”. Se trata de una afirmación gratuita y arbitraria, porque no se da razón alguna al respecto.

Podrá quizás discutirse si la educación diferenciada forma parte o no del contenido esencial de la libertad de enseñanza, lo que desde luego en absoluto se hace en la sentencia, que se limita a pronunciarse apodíctica y equívocamente sobre el asunto. Para aceptar constitucionalmente su exclusión o incluso su limitación habrá que poner en el otro platillo de la balanza bienes jurídicos más altamente protegidos por el orden constitucional que no es fácil discernir.
¿Se ha olvidado el Supremo de que, como recuerda cualquier manual de Derecho público, bajo la actual Constitución prima en nuestro sistema el principio “pro libertate”?

– ¿Hay alguna norma internacional que prohíba la educación diferenciada?
–El protocolo 1º del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales, que asegura el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, obliga a respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, en las que el citado Tribunal incluye todo tipo de convicciones relevantes, también las de orden pedagógico (y así lo ha explicitado luego el artículo 14 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, que el nuevo Tratado de Lisboa quiere reconocer con rango de tratado).

La Convención de la UNESCO de 1960, que es Derecho vigente en España, ya dejó sentado además que, por el lado de la lucha contra las discriminaciones por razón del sexo, no podría justificarse esa exclusión de la enseñanza diferenciada por sexo. Y que no es una práctica discriminatoria lo tiene expresamente reconocido la misma Sala del propio Tribunal Supremo, en una sentencia de 2006, basándose en estas normas y considerando también el tenor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

¿Quién paga manda?

– ¿La financiación pública de los centros concertados puede justificar que se excluya una opción pedagógica como la enseñanza diferenciada?

– En la sentencia parece subyacer de modo implícito el errado criterio de que la asignación de fondos públicos justificaría la imposición por el Gobierno financiador de limitaciones de la libertad de dirección de los centros privados concertados.
Como si la referencia contenida en el artículo 27.9 de la Constitución sobre que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, permitiera esas limitaciones, aunque la Sala mire a otro lado en punto a la evidente reserva a la ley de tales requisitos, una ley que, además, por lo ya dicho, habría de ser orgánica.
Lo que es constitucionalmente evidente es que no vale imponer cualquier requisito para recibir fondos públicos destinados a favorecer el ejercicio de libertades públicas. Sería tanto como admitir que el Estado, al subvencionar a los partidos políticos, a los sindicatos, a la producción cinematográfica, al teatro, etc., pueda imponerles requisitos o condiciones, más allá de los necesarios para asegurar el destino previsto a los fondos públicos correspondientes.
Si se aplica aquí aquello de que quien paga manda, ¿dónde quedará el Estado social de Derecho? No cabe aceptar otros requisitos que los que aseguren que los fondos públicos de los conciertos cumplen su fin. No pueden utilizarse los conciertos para que el Gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas, pedagógicas, etc. De otro modo sólo podrían disfrutar de la libertad los ricos.

– En la anterior sentencia de 2006 que antes citaba el Tribunal Supremo  decia que “no se discute” que la educación escolar separada por el sexo “es lícita” y que “tampoco hay norma expresa que prohíba el sostenimiento público de centros que la practiquen”? ¿Ha cambiado la doctrina del Supremo?

– Ciertamente eso fue lo que, con razón, dijo la misma Sala del Supremo hace un par de años. Y no creo que, a pesar de las apariencias, haya cambiado ese criterio suyo. Lo que pasa es que ahora se han encontrado con una “norma expresa” que ha venido a prohibirlo: el Decreto de 2004 de Castilla La-Mancha que había anulado el Tribunal Superior con competencia en esa región.
Pero, claro, se trata de una norma autonómica y además reglamentaria, radicalmente incompetente para establecer tal imperfección. Pero la Sala se niega expresamente a entrar a enjuiciar esta capital cuestión, porque hace una interpretación restrictiva inaceptable del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, que es el que se ha seguido en el caso. Incomprensiblemente, no tiene en cuenta las expresas formulaciones sobre este procedimiento que introdujo la Ley de 1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa y se aferra acríticamente a una jurisprudencia anterior a cuyo desafortunado criterio quiso poner fin con toda evidencia dicha Ley. El resultado es una lamentable denegación de justicia precisamente en una materia que el artículo 53.2 de la Constitución obliga a tutelar con especial atención, rapidez y prioridad.

Firmado por Aceprensa