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Lunes 24 de mayo de 2010

El movimiento objetor a EpC suma fuerza en Europa en defensa de la libertad

11:05 h | Educación para la Ciudadanía,Objeción de conciencia | chequeescolar | Comentarios cerrados

Más demandantes se sumarán al procedimiento de objetores a EpC en Estrasburgo: el Tribunal europeo continúa sus trámites en la demanda contra el Estado español.

REDACCIÓN HO.- En las próximas semanas, nuevos demandantes se sumarán al proceso judicial abierto por los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, informa a HO Profesionales por la Ética (PPE), destacado colectivo en defensa de la libertad educativa y de los derechos de los padres frente al adoctrinamiento ideologico que impone el Gobierno de Zapatero.

La demanda fue presentada el pasado 19 de marzo por PPE y Alliance Defense Fund (ADF), entidad especializada en la defensa de los derechos fundamentales. Por su parte, el prestigioso European Center for Law and Justice (ECLJ) proporciona asistencia técnica en la demanda.

A fecha de hoy la demanda afecta a un centenar de niños cuyos padres han objetado a este conjunto de asignaturas; son familias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Como explica Jaime Urcelay, presidente de PPE y padre demandante en Estrasburgo, la demanda fue admitida a trámite con la referencia Demanda nº 15976 / 10 y en la actualidad siguen su curso procesal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de dicho Tribunal. Este ha manifestado interés en el conflicto de EpC y ha solicitado ya nuevos aportes documentales a los representantes de los demandantes:

“Tal y como anunciamos en 2006, en los comienzos de la oposición social a las asignaturas de EpC, desde Profesionales por la Ética manifestamos que, en la defensa de los derechos de los padres utilizaríamos todos los medios legítimos a nuestro alcance y que llegaríamos hasta donde fuera necesario, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, siempre que hubiese padres que así lo deseasen. En virtud de este compromiso se apoyó la presentación de la demanda en Estrasburgo y se mantienen abiertos un buen número de procesos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y, en vía de amparo, ante el Tribunal Constitucional”.

La defensa de las libertades fundamentales de educación y de conciencia prosigue, por tanto, en su ámbito internacional. Los padres continúan al margen de las disputas políticas españolas y frente a los planes del Gobierno y a la indiferencia de la oposición. Lamentablemente los intereses personales y electorales de muchos se sitúan por encima de los derechos de los padres.


Jueves 20 de mayo de 2010

Crece la oposición a EpC y al adoctrinamiento sexual del Gobierno

14:19 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Profesionales por la Ética de Cataluña presenta 23 nuevas objeciones a Educación para la Ciudadanía, cuyo total supera ya las 1.200.

REDACCIÓN HO.- Este jueves se han presentado en el Departamento de Educación de la Generalitat 23 nuevas solicitudes de exención de alumnos frente al conjunto de asignaturas que integran el área de Educación para la Ciudadanía (EPC). En este caso, se trata de estudiantes de Barcelona capital y de localidades próximas. En total, ya se han entregado unas 1.200 objeciones en Cataluña.

“Con este acto queremos reiterar la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, un derecho fundamental atacado por la EPC, que no respeta las convicciones de los padres”, afirma Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña.

El presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña comunica que continúan pendientes de resolución varios recursos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ante varios Juzgados de lo Contencioso administrativo de dicha Comunidad Autónoma, interpuestos tanto contra las resoluciones denegatorias del derecho a la objeción de conciencia frente a la EPC como contra los Decretos de la Generalitat que desarrollan su Currículum en Primaria, ESO y Bachillerato.

Por otra parte, Novella recuerda que el Gobierno tiene previsto implantar lo que ya se conoce como EpC II: la enseñanza obligatoria en todos los centros escolares del modelo de educación sexual decidido por el Gobierno para todos los alumnos españoles, en aplicación de las medidas “educativas” establecidas en la ley del aborto. Igualmente, ha vuelto a denunciar los programas de adoctrinamiento sexual que ya está aplicando la Generalitat.

En este sentido, Novella denuncia que “se trata de una nueva batalla que los padres no van a dejar de librar en defensa de sus libertades y derechos fundamentales”. Por ello, llama a los padres a seguir oponiéndose a EPC y al futuro adoctrinamiento sexual del Gobierno.


Viernes 14 de mayo de 2010

Madrid Educa en Libertad denuncia cómo se da educación sexual en un instituto de El Escorial

20:36 h | Educación para la Ciudadanía,Objeción de conciencia | chequeescolar | Comentarios cerrados

Se aborda “desde planteamientos antropológicos y educativos ajenos a las convicciones de los padres”.

REDACCIÓN HO.- La plataforma de padres Madrid Educa en Libertad (MEL) ha denunciado hoy mediante un comunicado que, mientras en España hay una tasa de abandono escolar superior al 30%, la preocupación del Gobierno, de algunas administraciones autonómicas y de bastantes centros educativos es enseñar a los alumnos cómo ponerse un preservativo y evitar embarazos no deseados.

En la nota se menciona expresamente el caso del IES Juan de Herrera de El Escorial (Madrid), donde –según se detalla–, durante este curso y el pasado, dos monitores han impartido clases de educación sexual a alumnos de 3.º y 4.º de ESO.

MEL llama la atención sobre el contenido de algunas de las cuestiones que se han planteado a los alumnos y cita como ejemplos estas dos:

¿Se puede perder la virginidad con preservativo?

Me han dicho que cuando se rompe el condón es bueno pillarse un buen pedo para no quedarse embarazada. ¿Es verdad?

La plataforma afirma que los monitores están contentos con los cursos impartidos, porque los alumnos “han identificado desde su propia experiencia mitos y estereotipos en torno a la sexualidad de hombres y mujeres”. Al parecer, se proponían “transformar los mitos negativos”.

María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, denuncia que, con intervenciones como ésta, las administraciones educativas y los propios centros docentes atropellan los derechos de los padres:

“En definitiva, se está impartiendo educación sexual a los alumnos desde planteamientos antropológicos y educativos ajenos a las convicciones de los padres y generalmente sin su conocimiento. Estas actividades serán obligatorias cuando entre en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Desde Madrid Educa en Libertad recordamos que los padres tienen todo el derecho a educar moralmente a sus hijos sin intromisiones estatales ni autonómicas y pueden negarse a que sus hijos acudan a los talleres de educación afectivo-sexual”.


Jueves 13 de mayo de 2010

El Ministro de educación excluye a miles de padres del Pacto Social de Educación

12:03 h | Educación para la Ciudadanía,Objeción de conciencia | chequeescolar | Comentarios cerrados

La indiferencia del ministro no resuelve un conflicto de dimensión internacional.

REDACCIÓN HO.- El Pacto Político de Educación ha sido rechazado por el Partido Popular, que no ha aceptado firmar una propuesta que deja exactamente igual el modelo educativo español. Y entre los motivos para rechazar el pacto, Mª Dolores de Cospedal citaba expresamente que el Gobierno ignoraba los derechos de los padres para educar a sus hijos según sus propias convicciones.

Como el Pacto Político no va a nacer, el ministro de Educación está multiplicando reuniones y contactos con la autodenominada “comunidad educativa”, es decir sindicatos, patronales y asociaciones de padres generalmente vinculadas al Gobierno o a una patronal. Ahora lo imprescindible es hacerse una foto con los firmantes del Pacto Social; esa imagen estará en la prensa en los próximos días.
Sin embargo, como destaca Profesionales por la Ética (PPE) hay dos realidades que el actual ministro de Educación ignora de plano: una, el conflicto creado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC); otra, continuación de la anterior, la educación sexual obligatoria que se implantará el año que viene en cumplimiento de la eufemísticamente denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Y es que respecto a EpC, prosigue PPE, las cifras cantan:

Desde la implantación de las asignaturas de EpC se han presentado casi 54 mil declaraciones de objeción de conciencia a estas materias.
En la Comunidad Valenciana, 240 niños objetores a EpC esperan sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al no haberse pronunciado la Generalitat respecto a la objeción. El Tribunal Supremo acaba de dictar sentencias (correspondientes a 20 niños) exigiendo al Gobierno valenciano que se pronuncie sobre el derecho a objetar a estas asignaturas.

En Castilla y León, casi 600 alumnos han sido eximidos de cursar EpC por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El Tribunal Supremo acaba de rechazar una de estas sentencias reconociendo, sin embargo, que la garantía de derechos constitucionales (como la objeción de conciencia) corresponde al Tribunal Constitucional.

En Madrid, padres de 50 niños han presentado recurso reclamando su derecho a la objeción de conciencia ante el Tribunal Superior de Justicia madrileño.
En Estrasburgo, padres españoles han demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo han hecho en nombre de 102 niños por vulneración de derechos fundamentales en procedimientos de objeción a EpC.

“En definitiva -afirma Jaime Urcelay, presidente de PPE-, se quiera o no, la realidad es que desde hace cuatro años, miles de padres españoles se oponen a EpC porque se han dado cuenta de que con estas asignaturas está en juego un importante paso para la consolidación en la escuela de un proyecto cultural e ideológico dirigido a cambiar la mentalidad de los españoles, un auténtico proyecto de reingeniería social”.

“Por si esto fuera poco -recuerda Urcelay-, el próximo 5 de julio entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del embarazo, es decir la Ley del aborto. Y esta ley impone un capítulo educativo en las escuelas, desde los 11 años. Para aprender diversidad sexual, prevención de embarazos no deseados (incluyendo aborto como derecho de la mujer) e ideología de género, según la cual el género masculino o femenino son fruto de la educación y de la elección personal; es decir, uno o una cambian de orientación sexual según su deseo y circunstancias”


Lunes 10 de mayo de 2010

El TS anula una sentencia del TSJCyL que reconoció la objeción a EpC

23:09 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El Alto Tribunal reclama a los “tribunales inferiores” que, al juzgar esta materia, se sometan a su jurisprudencia

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia dictada en octubre de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la que éste reconocía el derecho de los padres a plantear objeción para que sus hijos queden exentos de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.

Según consta en el fallo del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, ha lugar a los recursos de casación que, en su momento, interpusieron el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado contra la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL que anulaba a su vez la orden dictada por el consejero de Educación, Juan José Mateos, por la que se denegaba una solicitud sobre objeción de conciencia para cursar la mencionada materia.

En aquel momento, el TSJCyL afirmó que las asignaturas de EpC “tienen una intensa carga ética, moral e ideológica y que inciden en la privacidad e intimidad de los alumnos” por lo que reconocía el derecho a la objeción de conciencia de los padres y establecía que los niños “quedan exentos de cursar la materia sin que pueda tener consecuencias negativas para ello”.

Ahora, el Supremo, en el proceso de instancia seguido por los trámites del procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, estima los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, en consonancia con la “línea jurisprudencial constante y uniforme ya establecida desde sus primeras sentencias en esta materia dictadas a partir del 11 de febrero de 2009 que, en consecuencia, ha de ser observada y respetada por los tribunales inferiores cuando se encuentren ante casos que presenten una identidad sustancial con los ya resueltos”.

El Supremo sostiene que, a pesar de la opinión en contra del TSJCyL, los pronunciamientos que adopte dicho tribunal en materia de protección de los derechos fundamentales sí sientan jurisprudencia al ser “el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”, de ahí que en la materia que nos ocupa insista en que ha de imponerse la doctrina, ya recogida en anteriores sentencias, por la cual se deniega que los padres sean titulares de un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo.

En su resolución ahora declarada nula, el TSJCyL, al justificar su fallo en sentido opuesto a las sentencias del TS de febrero de 2009, invocaba precisamente la vulneración de derechos consagrados por la Carta Magna en la aplicación de los actuales currículos de EpC.


Conexión entre el adoctrinamiento escolar, la ideología de género y la expulsión de los crucifijos

9:48 h | Educación para la Ciudadanía | chequeescolar | Comentarios cerrados

Grégor Puppinck, director del ECJL, lo ha resaltado en un desayuno de trabajo organizado por Profesionales por la Ética.

REDACCIÓN HO.- Esta mañana ha tenido lugar en Madrid un desayuno de trabajo sobre el tema Las religiones ¿fuera de la ciudadanía europea? Organizado por Profesionales por la Ética, el acto ha contado con la presencia de Grégor Puppinck, director del ECJL (European Center for Law and Justice), una entidad cuya sede principal se encuentra en Estrasburgo y que tiene como objeto salvaguardar y proteger los derechos humanos y las libertades civiles.

Puppinck ha acudido a España para intervenir como experto en la Reunión de Alto Nivel sobre La libertad religiosa en las sociedades democráticas organizada por el Gobierno español esta misma semana en Córdoba.

Para Puppinck, la discusión de fondo de la reunión de Córdoba era la presencia del Islam en Europa y su futuro. En su opinión, ha prevalecido una tendencia a favorecer el Islam. Sobre el futuro de la sociedad europea, el director del ECJL ha indicado que existe una corriente secularista que evita toda referencia religiosa en nombre de la tolerancia y el pluralismo, pero que pretende alianzas con el Islam:

“En Córdoba he percibido que la cuestión de las religiones se plantea en términos de conflicto, de reivindicación de derechos de una minoría frente a una mayoría pero no hay un interés por buscar soluciones ni en buscar el bien común”.

En materia de libertad religiosa, Puppinck ha explicado que el ECJL colabora en el procedimiento jurídico seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la presencia del crucifijo en un centro público italiano:

“Este tema es de enorme trascendencia porque el Tribunal de Estrasburgo ha considerado que la presencia del crucifijo afecta a la educación y a la libertad”.

Para Puppinck, la reciente detención de un clérigo anglicano en Reino Unido, por predicar que la práctica de las relaciones homosexuales es un pecado, tiene mucho que ver con la expulsión de los crucifijos o con la Educación para la Ciudadanía en España.

El ECJL asesora a Profesionales por la Ética en la demanda presentada el pasado 19 de marzo por más de 100 padres objetores ante el TEDH en materia de objeción a Educación para la Ciudadanía. Este procedimiento es seguido con el máximo interés por la entidad dirigida por Puppinck, quien asegura que “en la objeción a esta asignatura está muy claramente en juego la libertad de los padres”.

También ha reconocido que el TEDH no está dando las mismas respuestas para defender los derechos y la libertad de todos los padres, como quedó patente en la demanda de la madre italiana a quien molestaba la presencia del crucifijo en el aula de su hijo:

“La Corte de Estrasburgo está más preocupada por que la formación sea plural, democrática y tolerante. La educación de los hijos es un derecho natural de los padres que en Europa está siendo restringido”.

Puppicnk ha explicado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está trabajando para dar soporte a lo que se ha llamado “nuevos derechos”. Para esta tarea cuenta con el respaldo de otras instituciones europeas, como el propio Consejo de Europa, que propone un nuevo modelo de sociedad no basado en los derechos naturales de la persona sino en una libertad tolerante. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de enero la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una recomendación para promover en los distintos estados europeos los “derechos” de los colectivos de homosexuales, como el matrimonio o la adopción por parte de parejas formadas por personas del mismo sexo:

“Estamos ante la imposición de una ideología frente a la que se prohíbe discrepar. La realidad de la familia natural y los derechos de los niños quedan sometidos al deseo de los colectivos homosexuales. Existe un proceso de reingeniería social diseñado y dirigido por minorías influyentes muy alejadas de la realidad que quiere hacer prevalecer una libertad sin límites por encima de la naturaleza humana. Se ha tomado una decisión de crear nuevos derechos y además, cambiar la naturaleza humana. El debate es antropológico, no sólo jurídico. Es una lucha sobre la naturaleza de la persona y sus derechos frente al Estado”.

La respuesta implica al ámbito jurídico pero también al intelectual y al político. Se trata de explicar ideas y salvaguardar espacios de libertad para los cristianos:

“Es importante llevar al ámbito internacional la defensa de la libertad religiosa y de conciencia porque en los diferentes países estos asuntos a menudo están condicionados por la confrontación política interna y no se resuelven”.

Por último, Puppinck ha expuesto algunos síntomas positivos ante la ofensiva laicista en el ámbito jurídico y político: Europa del Este tiene menos complejos que la Europa occidental a la hora de afirmar su identidad cristiana y está avanzando. Tras destacar que, en el procedimiento jurídico sobre el crucifijo, Rusia está apoyando al Estado italiano para defender la presencia pública del símbolo cristiano por excelencia, se ha referido a la fe como “ventaja” de los cristianos:

“Sólo desde la fe es posible entenderse sobre la naturaleza humana. Los cristianos tenemos una enorme ventaja sobre las imposiciones ideológicas: nuestro compromiso con la realidad”.


Viernes 7 de mayo de 2010

La batalla de los padres objetores a EpC cumple cuatro años

14:34 h | Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Rosa Cuervas-Mons

Han pasado cuatro años -y tres ministros de Educación- desde que un grupo de madres de Bullas (Murcia) decidiera, en la primavera de 2006, informar al resto del pueblo de la amenaza que a su juicio suponía una nueva asignatura: Educación para la Ciudadanía.

Sin saberlo, estas madres iniciaban entonces un movimiento cívico que habría de involucrar a miles de padres, plataformas y asociaciones y que se convertiría en la resistencia pacífica más importante del siglo XXI español.

Pero, ¿a qué temían esas madres de entonces? A un proyecto del que dio pistas el catedrático de Filosofía del Derecho, Gregorio Peces Barba, en un artículo publicado en El País en 2004. “Necesitamos una asignatura sobre la educación en valores que no puede ser improvisada, ni coyuntural ni oportunista (…) y que exige una estabilidad y una permanencia para que pueda producir frutos. (…) El Estado debe tomarse en serio la asignatura y debe darle estatus de materia principal, evaluable y explicada por profesores solventes y competentes. (…) Sólo con ser capaz de poner en marcha esta asignatura, el Gobierno habrá justificado su legislatura”, dijo.

Y poco tiempo después, el presidente Rodríguez Zapatero confesó al escritor Suso del Toro la existencia de un “proyecto”. “Un proyecto de alcance en valores culturales y, por tanto, ideológicos, que pueden definir la identidad social, histórica de la España moderna por mucho tiempo”.

Diálogo cero

Así pues quedaba clara la existencia de un plan que el movimiento objetor ha denominado “de ingeniería social” y que tiene como objetivo transformar la mentalidad de los españoles con “tres nuevos dogmas emancipadores: laicismo, relativismo e ideología de género”.

Las primeras concreciones de ese plan quedaban plasmadas en los borradores de EpC, en la primavera de 2006. Profesionales por la Ética pidió entonces una reunión con la ministra de Educación, Mª Jesús San Segundo. Esta primera negativa -la entrevista nunca fue concedida- marcaría el tono negociador del Gobierno durante todo el conflicto de EpC: diálogo cero con quien critica el proyecto educativo.

Aunque la asignatura no empezaría a impartirse hasta el curso 2007-2008, la resistencia social ya estaba en marcha mucho antes. A esas madres murcianas seguirían otras más, y en octubre de 2006 se presentaba públicamente el Observatorio para la Objeción de Conciencia a EpC, una iniciativa de Profesionales por la Ética, HazteOir.org, Foro de la Familia, el Centro Jurídico Tomás Moro y otras asociaciones. Nacía poco después la guía Los padres elegimos, que ha encontrado desde entonces una amplísima difusión.

Abril de 2007 marcaría otro hito en la batalla de EpC. Se presentaron en Toledo y Madrid las primeras objeciones a la asignatura. Irían seguidas de la objeción casi en masa del colegio madrileño Monte Tabor -90% de los padres- y de las de las alumnas del centro toledano de la Compañía de María.

Dos meses después, en junio, nace en Lucena (Córdoba) la primera plataforma de padres objetores. Ellos fueron los primeros en unir esfuerzos en la lucha por la libertad educativa, pero desde luego, no los únicos ni los últimos. Un año más tarde había más de 50 plataformas y hoy rondan el centenar e incluso se han constituido en una federación nacional, España Educa en Libertad.

Pero volvamos al verano de 2007. Comienzan las presiones y amenazas por parte de la Administración educativa, asombrada por una resistencia tan extendida. El Gobierno castellanomanchego anuncia que EpC es obligatoria y que no cursarla implica “el suspenso, la no promoción y la no titulación”.

El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, echaba más leña al fuego al afirmar en rueda de prensa que los alumnos cuyos padres objetaran a EpC no podrían pasar de curso. Afirmaciones que fueron corroboradas por la titular de Educación, Mercedes Cabrera, que se vio obligada a rectificar días después, el 18 de julio. Entonces Cabrera dejó a los alumnos en manos de las comunidades autónomas.

Y así el problema de EpC se agrava todavía más. En Madrid los objetores cuentan, en principio, con el respaldo del Gobierno, pero en Cataluña o Andalucía, por ejemplo, los padres tienen que recurrir a los tribunales. El colegio Abat Oliba de Barcelona asegura que no impartirá en sus aulas ideas contrarias al ideario del centro y pronto ve amenazado el concierto educativo. Llegan así los recursos judiciales, los poderes notariales, abogados…comienza el periplo judicial.

Mientras tanto, la expectación creada por la asignatura y sobre todo por el movimiento objetor lleva a un periodista de El País a ‘colarse’ en la primera clase de Ciudadanía de un colegio público de Barcelona. “Hasta ahora parece que lo más normal es que un chico se sintiera atraído por una chica y al revés. Pero alguien del sexo masculino se puede sentir atraído por otro del mismo sexo, y lo mismo el sexo femenino. ¿Os parece bien?, inquiere el profesor. Sí, se escucha, y el profesor da este argumento: el sexo es una cosa y la preferencia sexual otra”. El periodista narraba la clase y los objetores confirmaban que sus temores ante EpC no eran infundados.

Ni un paso atrás

Continúa la lucha y en febrero de 2008 se celebra el primer Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia a EpC. Por primera vez la resistencia al adoctrinamiento tiene cara, nombre, historias particulares que se unen en un grupo sólido dispuesto a seguir adelante. Y nace su indiscutible lema: “Ni un paso atrás”.

Cuando la polémica copa ya las páginas de educación de los diarios nacionales, llega la primera sentencia, en marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla a favor de la objeción de unos padres de Bollullos Par del Condado. El mismo órgano confirmaría dos meses más tarde el carácter ideológico de la asignatura, dando impulso a una lucha que contaba cada vez con más militantes.

El peso social del movimiento no pasa inadvertido y, en plena campaña electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que reconocerá y apoyará a los padres objetores.

Poco después, a finales del curso 2007-2008, el Partido Popular manifestaba su apoyo al movimiento objetor en unas declaraciones que, sin embargo, no vendrían acompañadas de hechos en muchas de las comunidades gobernadas por populares. Por entonces se presentaban en España más de 100 objeciones diarias, había casi un centenar de asociaciones y casi una veintena de fallos judiciales que daban la razón a los críticos con EpC.

Completo en Alba nº 276 de fecha 4-5-10


Miércoles 5 de mayo de 2010

El Defensor del Menor de Madrid investiga si un instituto discriminó a una menor por objetar a EpC

0:53 h | Educación para la Ciudadanía | chequeescolar | Comentarios cerrados

La familia denuncia que se le aplicó un procedimiento de evaluación que no consta en la programación de la materia

REDACCIÓN HO.- Por medio de un comunicado emitido este martes, Madrid Educa en Libertad ha dado a conocer a la opinión pública un caso de posible discriminación de una niña objetora a Educación para la Ciudadanía (EpC) que estudia en un instituto madrileño. Sus padres han denunciado al Defensor del Menor (que ha abierto una investigación) que, al ser calificada de esa materia en 2.º de ESO, se le aplicó un procedimiento de evaluación que no está contemplado en la programación de la asignatura.

Entre septiembre de 2008 y junio de 2009, cuando cursaba de 2.º de ESO, María no asistió a las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (denominación de la EpC en ese nivel educativo). Sus padres habían objetado a esa asignatura y, en aplicación de las instrucciones del Gobierno madrileño en relación con este asunto que entonces estaban vigentes, permanecía en la biblioteca durante la hora semanal dedicada a esa asignatura, esperando una alternativa (por ejemplo, trabajos teóricos o trabajo social) para superarla.

Se presentó a examen y sacó un 6,9, pero la suspendieron

Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencias sobre la objeción a EpC, los padres de María decidieron que se presentara al examen de EpC en septiembre. Sin embargo, la dirección del instituto les recomendó que se examinara en junio. La alumna lo hizo y obtuvo en el examen una nota de 6,9. Pese a haber superado la prueba, María fue evaluada en las notas de final de curso con un 4.

Siguiendo el procedimiento habitual para la reclamación de notas, sus padres se entrevistaron con el Jefe de Departamento y con la profesora que había impartido EpC, quienes les indicaron que habían aplicado a María los procedimientos ordinarios de evaluación continua, en los que el 60% correspondía a la nota del examen y el 40% al trabajo en clase. Ese procedimiento de evaluación aparecía, según los representantes del centro, en la programación de la asignatura.

La familia defiende que María no debería haber sido evaluada mediante esa fórmula, porque ella no había entrado en clase; consiguientemente, no podía aplicársele la evaluación continua, sino que habría tenido que utilizarse el procedimiento de evaluación extraordinaria que cada departamento didáctico ha de contemplar en su programación anual. En todo caso, los padres de María reclamaron la nota ante la Dirección Territorial de Educación.

Paralelamente, la madre de María se acercó al instituto para recoger los contenidos de EpC que se iban a exigir en septiembre y le entregaron un documento que no se atenía a los contenidos oficiales de la asignatura. Solicitó entonces contrastar los contenidos con la Programación del Departamento, algo que le fue negado de muy malas formas, a pesar de ser un documento que cualquier alumno o padre tiene derecho a consultar.

El procedimiento con que evaluaron a María no está previsto en la programación

Con posterioridad, los padres se entrevistaron con la inspectora de Educación en el propio instituto y, entonces sí, pudieron revisar la programación de EpC. Cuentan que se encontraron con la sorpresa de que habían sido engañados, pues en ese documento nada se decía de calificar a los alumnos (ni aun a aquellos a quienes fuese de aplicación la evaluación continua) con un 60% por la nota del examen y un 40% por el trabajo de clase.

Así pues, los padres entendieron que el instituto había utilizado con María un procedimiento arbitrario con el único objetivo de perjudicarla. Entre unas gestiones y otras, llegó el mes de agosto y la Consejería de Educación no se había dignado a contestar la reclamación de la nota de junio, con lo que María no sabía si tenía o no que presentarse en septiembre al examen de EpC.

Finalmente, la Resolución de la reclamación (desfavorable a la petición) llegó a los padres el 1 de septiembre, que era la víspera de la celebración de la prueba.

En este contexto, convencidos de que su hija ha sufrido una evidente discriminación por ser objetora a EpC, los padres de María han acudido al Defensor del Menor madrileño, quien ha decidido solicitar un exhaustivo informe a la Dirección Territorial de Educación en relación sobre las actuaciones del instituto de María. Concretamente, la Consejería de la que es titular Lucía Figar habrá de detallar los procedimientos ordinarios y extraordinarios de evaluación, cómo se aplicaron en este caso y cuándo fue notificada a los afectados la Resolución que denegaba la reclamación de la nota de María.

En opinión de María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, plataforma que agrupa a buena parte de los padres objetores a EpC residentes en Madrid, lo ocurrido en el caso de María “evidencia la absoluta indefensión en la que el Gobierno de Esperanza Aguirre abandonó a los padres que habían objetado a EpC, cuando no dejaron de interesarles como reclamo electoral. También queda clara la voluntad de los padres de defender sus derechos y los de su hija hasta el final”.

Escrito del Defensor del Menor a la familia de María