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Viernes 16 de octubre de 2009

La Junta de Castilla y León sigue despreciando a los objetores a EpC

16:52 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback

En febrero, se apresuró a hacer extensivas las sentencias del TS a los hijos de todos ellos, pero se niega a hacer lo mismo tras el respaldo del TSJCyL a la objeción.

REDACCIÓN HO.- El día 23 del pasado mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) notificaba dos sentencias favorables a 3 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) residentes en la región.

El hecho implicaba dos novedades importantísimas:

Era la primera vez que el Tribunal castellanoleonés dictaba sentencia sobre la objeción a EpC.
Era la primera vez que un Tribunal Superior de Justicia dictaba sentencia favorable a los objetores tras las resoluciones del Tribunal Supremo sobre esta materia.
El letrado que ha tramitado los recursos de varias de las plataformas castellano leonesas, Francisco José Ramos Vega, ha confirmado que el TSJCyL ha dictado ya 49 sentencias que eximen de cursar EpC a 97 alumnos objetores y que estas resoluciones se irán notificando a las partes en los próximos días. Ramos Vega también ha recordado que quedan cerca de 240 recursos pendientes de resolución por parte del Alto Tribunal castellanoleonés, por lo que se espera que en las próximas semanas la notificación de sentencias prosiga su curso.
El letrado afirma que, en las resoluciones que ya le han sido notificadas, el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, la jurisprudencia vinculante no es la del Tribunal Supremo sino la del Constitucional, que es el “intérprete supremo de la Constitución” (art. 1 de la Ley Orgánica del TC).

Ramos Vega explica que las sentencias hacen un riguroso análisis de los reglamentos que regulan EpC y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que “donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño”, lo que denota, con palabras de los magistrados, “un marcado fin de adoctrinamiento”. Existe, por tanto, “un riesgo exorbitante” de injerencia “en la esfera de privacidad” que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos “no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice”, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

Así mismo, las sentencias reconocen que en materia de educación son concurrentes las competencias de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y puesto que la ejecución es competencia autonómica, “cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas”, por lo que éstas “podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto”. En definitiva, el TSJCyL deja en evidencia, una vez más, que la Junta de Castilla y León ha hecho dejación de sus funciones y ha mostrado una pasividad injustificada en el tratamiento de la resolución del conflicto creado por EpC, pese a que en esta Comunidad Autónoma hay más de tres mil familias objetoras.

“A pesar de la gravedad de la situación que han puesto de manifiesto los magistrados, los responsables de la Junta persisten en su desprecio a las familias objetoras”.

Quien así se expresa es Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad, quien añade que desde la Consejería de Educación se podían haber articulado las medidas correspondientes para hacer extensivo el contenido de las sentencias a todos los alumnos objetores, ya que estos sólo esperan la notificación de una sentencia que previsiblemente les confirmará su derecho a objetar.

Pérez Toribio espera que Juan Vicente Herrera ponga orden en la Consejería de Educación, cuyos dos máximos responsables (el titular Juan José Mateos y su segundo Fernando Sánchez Pascuala) se han señalado como manifiestamente hostiles para con el movimiento objetor:

“Es una grave irresponsabilidad tener sometidos a tantos alumnos a una situación de indefensión absoluta frente a lo que los magistrados han calificado de riesgo exorbitante; y todo por una evidente falta de voluntad tanto del Consejero como del Viceconsejero, que a lo largo de este conflicto han menospreciado y acosado a miles de familias que, tal como ha reconocido el Tribunal, estaban ejerciendo un derecho constitucional que no ha sido respetado por las administraciones. Si el presidente Herrera no se pone al frente de esta situación y adopta inmediatamente las medidas necesarias para proteger a todos los objetores, tendremos que pensar que sus palabras de respeto a los padres que han objetado no eran más que declaraciones mediáticas, absolutamente vacías de contenido. Y que en realidad el Presidente de Castilla y León nos respeta tan poco como los responsables de la Consejería de Educación. Sería lamentable llegar a esa conclus