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Martes 20 de octubre de 2009

Declaraciones tras sentencias TSJ Castilla y León

15:27 h | Educación para la Ciudadanía,Libros | chequeescolar | Trackback

Declaraciones de Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad, tras las 21 nuevas sentencias del TSJCyL que eximen de cursar EpC a 31 alumnos.

 Las familias objetoras piden la dimisión de Juan José Mateos, consejero de Educación, y del viceconsejero Sánchez Pascuala.

 

REDACCIÓN HO.- Estaba cantado. Tras las dos primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que eximieron de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) a 3 alumnos objetores, comienzan a llegar en aluvión nuevas resoluciones favorables al movimiento objetor: en los últimos días el Alto Tribunal de la región ha notificado 21 nuevas sentencias que amparan a otros 31 alumnos.

En resumen, a fecha de hoy el TSJCyL ha notificado un total de 23 sentencias que exoneran a 34 alumnos (19 de Salamanca, 12 de Soria y 3 de Valladolid). Estas resoluciones reconocen que, puesto que la administración autonómica tiene competencias en materia educativa, “cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas”, por lo que éstas podrían y deberían haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándoles tener que acudir a los Tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución les reconoce y que la Junta de CyL no ha protegido.

Valoración jurídica del abogado Ramos Vega

Francisco José Ramos Vega, abogado de los objetores castellanoleoneses, recuerda que, al igual que las sentencias notificadas el mes pasado (las primeras de un Tribunal Superior de Justicia tras las sentencias del Supremo) “el Tribunal avala el derecho a objetar a EpC porque entiende que, en la interpretación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Es el Tribunal Constitucional el intérprete supremo de la Constitución”.

El letrado también ha reiterado que las sentencias hacen un riguroso análisis de los reglamentos que regulan EpC en Castilla y León y llegan a la conclusión de que, al imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación progresiva de valores, exigen que “donde había unos valores ya construidos, provenientes del ámbito familiar, se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño”, lo que denota, con palabras de los magistrados, “un marcado fin de adoctrinamiento”. Existe, por tanto, un riesgo exorbitante de injerencia en la esfera de privacidad que el art. 27. 3 CE reserva a los padres, y que éstos no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar que cristalice, por lo que les reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

La noticia de la notificación de estas 21 más recientes sentencias ha sido recibida con enorme alegría por parte de las 10 plataformas de padres objetores de Castilla y León. Para Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad y portavoz de los padres objetores de esta región, “hoy los alumnos de Castilla y León son más libres porque la Justicia ha confirmado un derecho constitucional recogido en la Constitución. Y esta es una buena noticia para todos los ciudadanos”.

Los objetores exigen la dimisión del consejero Mateos y del viceconsejero Sánchez Pascuala

Sin embargo, Pérez Toribio no puede ocultar la indignación de estas familias con la Junta de Castilla y León. Y es que el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue ninguneando a los objetores a las materias de EpC, mientras repite que en su Comunidad Autónoma estas asignaturas son menos adoctrinadoras que en el resto de España.

Ante esta actitud, Marisa Pérez Toribio recuerda a Herrera:

Que los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Castilla y León tienen los mismos objetivos, contenidos y criterios de evaluación que los decretos estatales, como confirmó el propio TSJCyL en sentencias dictadas en los meses de abril y junio pasados. Por tanto, contra lo que afirma Juan Vicente Herrera, el decreto autonómico que desarrolla EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de estas asignaturas.

Que, con su actitud, la Junta de Castilla y León ha sido tan beligerante con los padres objetores como el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. En este sentido, las plataformas castellanoleonesas que se oponen a EpC recuerdan las amenazas del consejero de Educación a los objetores sorianos en julio de 2008, así como las maniobras de la Junta para evitar la presentación de objeciones y la negativa del viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala, a adoptar ninguna medida para prevenir el adoctrinamiento en EpC tras las sentencias del Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León ha patrocinado cursos de formación de profesores de EpC impartidos por autores marxistas (como Carlos Fernández Liria, autor del libro de EpC de la editorial Akal) y altos cargos del Ministerio de Educación (como Pedro Uruñuela).

El presidente Juan Vicente Herrera se ha negado reiteradamente a recibir a los padres objetores, que le han solicitado entrevistarse con él en tres ocasiones.

Por todo ello, en un comunicado fechado hoy, las 10 plataformas de objetores de Castilla y León exigen la dimisión del consejero de Educación, Juan José Mateos, y la del viceconsejero, Sánchez Pascuala, “por su nefasta gestión del conflicto de EpC y su reiterado menosprecio a los padres objetores”.

Por otra parte, Marisa Pérez Toribio ha manifestado que el presidente Herrera tendrá que recibir a los representantes de las plataformas y rectificar sus declaraciones, por constituir éstas “una afrenta a la verdad de los hechos