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Lunes 1 de junio de 2009

La libertad de educación, un reto para Ángel Gabilondo

23:18 h | Artículos,diferenciada,Libros | chequeescolar | Trackback

Del blog de José Carlos Muñoz:

Hace casi dos meses que Ángel Gabilondo accedió a la cartera de Educación, relevando a la “pitonisa” Mercedes Cabrera, quien a su vez había sustituido a M.ª Jesús San Segundo, pocas horas después de que el Pleno del Congreso aprobara la ley de Educación con menos respaldo parlamentario de la historia de nuestra democracia.

La vallisoletana cavó su propia tumba política con su prepotencia y su incapacidad para “vender” las supuestas bondades de la estatalista reforma que le había encomendado quien la designó. En cuanto a la sobrina de Calvo-Sotelo, su incompetencia generó graves problemas en el desarrollo de la LOE. El de mayor trascendencia social se derivó de su negativa a consensuar los currículos de Educación para la Ciudadanía (EpC), lo que dio pie al nacimiento del movimiento objetor más importante de nuestra nación. Otro de los más sonados lo causó su empecinamiento en permitir cursar materias de 2.º de Bachillerato a alumnos con más de dos suspensos en 1.º, disparate que contradecía a la propia LOE y que tuvo que corregir una sentencia del Tribunal Supremo.

Al tomar posesión de su cargo, el nuevo ministro marcó distancias con sus antecesoras al propugnar “un gran pacto” por la educación porque ésta es determinante “para la justicia y para la libertad”. Si el ex corazonista quiere ser consecuente con sus palabras, tiene por delante todo un reto, pues las ignominiosas gestiones de ambas han puesto en grave riesgo la libertad de educación y él tendrá que rectificar las injusticias que cometieron o consintieron.

En los últimos años se están viendo seriamente amenazadas la libertad de creación de centros y la de elección de los mismos por parte de los padres. Así, las consejerías de Educación de algunas comunidades autónomas han denegado los conciertos educativos a ciertos colegios, so pretexto de que han optado por una variante pedagógica que tildan de “segregadora” y discriminatoria: la enseñanza diferenciada. Las últimas arbitrariedades conocidas han sido perpetradas por el gobierno cántabro del populista Revilla y sus aliados socialistas, al retirar el concierto al Colegio Torrevelo y denegar el solicitado por el Colegio Peñalabra.

Por la misma sinrazón, algunos sindicatos y partidos políticos presionan insistentemente a los ejecutivos regionales para que denieguen las subvenciones a los centros que ponen en práctica esa fórmula pedagógica. Así, durante el primer mandato de Rodríguez Zapatero, varias organizaciones –con el PSOE madrileño a la cabeza– intentaron impedir primero la construcción y después la financiación pública del Colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón, cuyas instalaciones sufrieron varios atentados vandálicos. En la actualidad, el blanco de las iras de esos intolerantes es el Colegio Alborada, de Alcalá de Henares.

Y todo ello, a pesar de que el Supremo ha resuelto a favor de la financiación estatal de la enseñanza diferenciada –algo que también han hecho varios Tribunales Superiores de Justicia– porque nada tiene de discriminatoria, en consonancia con lo dispuesto en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (artículo 2) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 14 obliga a los Estados miembros a garantizar a los padres “la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

Por otra parte, la libertad de elección de centros, que la Administración educativa ha de garantizar según determina el artículo 84 de la LOE, queda reducida, en la reglamentación del proceso de admisión de alumnos que han fijado algunas comunidades, a una mera expresión de preferencias por parte de las familias. A todo esto, el Ministerio deja hacer, pese a que varias sentencias judiciales han obligado a la escolarización de alumnos en los centros elegidos por sus padres, invalidando las resoluciones administrativas que la habían impedido.

Bien haría el ministro en encomendar a los técnicos de su Departamento un estudio riguroso y sin prejuicios sobre la implantación del cheque escolar, que en varios países se ha revelado como un eficaz instrumento para hacer efectivas tanto la libertad de creación como la de elección de centros de enseñanza.

Muchos son los alumnos a quienes en regiones bilingües se obliga a estudiar en una lengua vehicular distinta a la elegida por sus padres. En alguno de esos territorios –también con la pasividad cómplice del Ministerio– es materialmente imposible la escolarización en castellano, pese a que, como ha resuelto el TS, las familias tienen el derecho de optar por ella, al menos en las primeras etapas de la enseñanza.

En cuanto a la EpC y el adoctrinamiento que a través de ella o de otras materias y actividades pudiera llegar a practicarse, el Supremo ha sido categórico, al proclamar que las cuestiones morales que suscitan controversia “pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”. Esto conlleva que, “cuando deban abordarse problemas de esa índole”, hay que observar “la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento”. Sin embargo, ninguna administración educativa ha adoptado medida alguna para garantizar –como es su obligación– que la práctica docente sea respetuosa con semejante mandato.

El nuevo titular de Educación recibió hace varias semanas una misiva de las plataformas objetoras en la que le solicitaban ser recibidas por él y le expresaban su disposición a la búsqueda de una solución dialogada al conflicto de EpC. Hasta la fecha, el ministro no ha respondido, pese que el pasado 6 de mayo, en la sesión inaugural del XV Congreso Federal de FETE-UGT, confirmó que el Ministerio promoverá un pacto político y social por la educación, que integre a comunidades autónomas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres, familias, estudiantes y profesores, representados todos ellos en tres mesas de diálogo: una institucional, otra política y otra social. “La educación es de la sociedad y no de ningún gobierno”, proclamó Gabilondo.

Obras son amores, señor ministro. Va siendo hora de que las palabras se vean refrendadas por los hechos.