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Miércoles 25 de febrero de 2009

Objetores andaluces exigen a la Junta que cumpla lo ordenado por el Supremo

22:30 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback


Objetores andaluces a EpC

Carlos Seco desvela que muchas familias, amparadas por resoluciones judiciales, se niegan a que sus hijos entren en EpC y recuerda que “nadie les puede forzar a lo contrario”, si no quiere “incurrir en desacato”.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El abogado sevillano Carlos Seco, representante de numerosas familias objetoras a Educación para la Ciudadanía (EpC) en la comunidad andaluza, reclamó hoy a la Junta de Andalucía que sea la primera Administración en asumir las consecuencias de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, una de ellas referente a un familia de la provincia de Huelva.

El Alto Tribunal, en sus cuatro resoluciones de fecha 11 de febrero, denegó a las familias afectadas por los recursos sustanciados el derecho a objetar, pero estableció que no cabe inculcar opiniones “sobre cuestiones morales controvertidas”. Por lo tanto, el Ejecutivo autonómico ha de actuar “garantizando nuestro derecho a oponernos a los contenidos de carácter moral”, manifestó Seco.

En referencia a la exigencia del Supremo, el jurista expuso que el departamento que dirige Teresa Jiménez, “en lugar de continuar amenazando con la reincorporación a las aulas de los alumnos, debería explicar cómo y de qué manera va a acatarla y cómo y de qué manera va a garantizar el derecho que el Alto Tribunal ha reconocido a las familias a oponerse a aquellos contenidos que no se refieran a valores y principios fundamentales de la Constitución, y que afecten a convicciones morales que no sean comúnmente aceptadas por la sociedad”.

La Junta debería dialogar, pues el rechazo puede extenderse a otras materias

Además, recordó que el TS “ha reconocido el derecho a la oposición parcial a las materias que se desarrollen en las escuelas, abarcando no solo a EpC, si no también a otras materias curriculares”. Ello supone, según recalcó, que sus hijos “no podrán ser examinados de las materias respecto de las que las familias objeten su oposición, con lo que la Consejería no puede seguir amenazando con declararlos absentistas ni con el suspenso”.

“Esos son dos discursos, el absentismo y el suspenso, que ya no podrán continuar utilizando para achantarnos, eso se acabó”, prosiguió el letrado sevillano, quien insistió “en la necesidad del diálogo, pues el frente que se le puede abrir ahora a la Consejería, tras la sentencia, es mucho mayor que el que se constreñía a EpC”. “Puede alcanzar una envergadura mucho mayor, puede alcanzar a muchas materias curriculares y puede convertirse en una gran bola de nieve, que debe evitarse mediante el diálogo”, indicó.

Respecto a la reincorporación a clase de los alumnos, puso de manifiesto que “son muchas las familias que me manifiestan que, mientras estén amparadas por resoluciones judiciales, quieren continuar en esa situación, y por lo tanto no quieren que sus hijos entren”. Así mismo, señaló que “nadie les puede forzar a lo contrario, salvo que quieran incurrir en desacato a una resolución judicial”.

Por último, y “después de más de dos meses esperando” que la Consejera de Educación “reconozca su responsabilidad por la vulneración de los derechos fundamentales” de los casi cien menores cuya identidad fue publicada en el BOJA, Seco reiteró una vez más dicho requerimiento durante los próximos 15 días, tras los cuales, “en el caso de que no lo haga, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que así la determine”.

“Es absolutamente inexplicable la actitud de la consejera, pues dicha responsabilidad fue así declarada por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y por la propia Fiscalía, y censurada duramente por sus propios compañeros de gabinete”, concluyó el abogado.