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Domingo 28 de diciembre de 2008

El TS obliga al Gobierno catalán a garantizar el derecho a recibir la enseñanza en la lengua habitual

14:43 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback


Pujol, Maragall y Montilla

El Alto Tribunal ha confirmado una sentencia del TSJC, que consideró discriminatorias para los alumnos castellano-hablantes de Infantil y Primaria algunas prácticas del último Ejecutivo de Pujol que ni Maragall ni Montilla corrigieron.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y a tenerla en cuenta, como establece la Ley de Política Lingüística de 1998, en la enseñanza de Educación Infantil y del primer ciclo de Primaria.

La sentencia del Alto Tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar “incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños”.

Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que “los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres u tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique”.

Los formularios de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998-1999 una casilla en la que las familias podían hacer constar su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de Jordi Pujol la eliminó y los gabinetes de Maragall y de Montilla no han vuelto a incluirla.

En su recurso ante el TS, la Generalitat defendía que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración.

Sin embargo, el Supremo rechaza todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat y refrenda la sentencia del TSJC al estimar “más conforme con el ordenamiento” la incorporación en el impreso de preinscripción de “los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)” para hacer efectivo “el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -ya sea ésta el catalán o el castellano-” y “facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución”.

Este artículo de nuestra Carta Magna establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El TSJC había estimado parcialmente un recurso por trato discriminatorio a los castellano-hablantes

La sentencia del TSJC de 2004 (que se adjunta al final de este artículo) estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que interpuso un recurso al considerar “discriminatorio” hacia los castellano-hablantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria.

Aquella resolución de la Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que había sido recurrida por la Generalitat, establece “la obligación de la Administración educativa de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos” y que ello ha de hacerse “antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza”.

Así mismo, la resolución ahora refrendada por el TS determina que ha de entenderse que la “primera enseñanza” a la que alude el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística se corresponde con la etapa de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria.

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Sentencia del TSJ de Cataluña (14-09-04)