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Lunes 29 de diciembre de 2008

Objeción de Conciencia en Andalucía

12:49 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

1L7wYN19eZcConcentración familiar en la Puerta de Jerez, de Sevilla, el 20 diciembre de 2008


Domingo 28 de diciembre de 2008

El TS obliga al Gobierno catalán a garantizar el derecho a recibir la enseñanza en la lengua habitual

14:43 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Pujol, Maragall y Montilla

El Alto Tribunal ha confirmado una sentencia del TSJC, que consideró discriminatorias para los alumnos castellano-hablantes de Infantil y Primaria algunas prácticas del último Ejecutivo de Pujol que ni Maragall ni Montilla corrigieron.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y a tenerla en cuenta, como establece la Ley de Política Lingüística de 1998, en la enseñanza de Educación Infantil y del primer ciclo de Primaria.

La sentencia del Alto Tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar “incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños”.

Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que “los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres u tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique”.

Los formularios de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998-1999 una casilla en la que las familias podían hacer constar su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de Jordi Pujol la eliminó y los gabinetes de Maragall y de Montilla no han vuelto a incluirla.

En su recurso ante el TS, la Generalitat defendía que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración.

Sin embargo, el Supremo rechaza todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat y refrenda la sentencia del TSJC al estimar “más conforme con el ordenamiento” la incorporación en el impreso de preinscripción de “los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)” para hacer efectivo “el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -ya sea ésta el catalán o el castellano-” y “facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución”.

Este artículo de nuestra Carta Magna establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El TSJC había estimado parcialmente un recurso por trato discriminatorio a los castellano-hablantes

La sentencia del TSJC de 2004 (que se adjunta al final de este artículo) estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que interpuso un recurso al considerar “discriminatorio” hacia los castellano-hablantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria.

Aquella resolución de la Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que había sido recurrida por la Generalitat, establece “la obligación de la Administración educativa de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos” y que ello ha de hacerse “antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza”.

Así mismo, la resolución ahora refrendada por el TS determina que ha de entenderse que la “primera enseñanza” a la que alude el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística se corresponde con la etapa de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria.

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Sentencia del TSJ de Cataluña (14-09-04)


Miércoles 17 de diciembre de 2008

Un juzgado de Zaragoza concede la exención provisional en EpC a una alumna de la ESO

22:44 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Un Auto de medidas cautelares suspende “la denegación de la objeción de conciencia” que había acordado la Consejería de Educación.

REDACCIÓN HO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Zaragoza dictó el pasado día 9 de diciembre un Auto por el que concede la exención provisional en las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) a una adolescente cuyo padre interpuso ante esa instancia judicial un recurso contra la denegación administrativa del reconocimiento de su objeción de conciencia.

Este objetor zaragozano planteó un recurso contencioso-administrativo frente a la resolución dictada el 3 de junio del presente año por la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. En ella se desestimaba el recurso de alzada formulado contra la resolución del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza el 8 de noviembre de 2007, por la que se denegaba el reconocimiento de su declaración de objeción de conciencia para que su hija quede eximida de recibir enseñanzas del grupo de materias que conforman EpC.

En pieza separada, la representación procesal de la familia objetora solicitó del magistrado-juez D. Luis Carlos Martín Osante la concesión de la medida cautelar que finalmente le ha sido concedida, pese a que tanto la Administración educativa aragonesa como la Abogacía del Estado se opusieron a ella, invocando una supuesta lesión del interés público si Su Señoría atendía la petición formulada.

En la fundamentación jurídica de su resolución, el magistrado invoca los planteamientos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía formuló en un Auto emitido el 3 de marzo de 2008 y los que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias expuso en su Auto de 3 de diciembre de 2007. Como ambos altos tribunales autonómicos, el titular del juzgado zaragozano considera que, si no se concediera la medida cautelar, la alumna “recibiría unas enseñanzas no queridas que soslayarían la finalidad del recurso interpuesto haciéndole perder la efectividad a la sentencia, de resultar favorable a sus intereses, pues el resultado no querido ya te habría producido”.

Respecto de la razón aducida por la Abogacía del Estado y por el letrado de la Diputación General de Aragón, Su Señoría indica que “hay que reconocer que existe un interés público en orden a que los alumnos cursen, con carácter general, las distintas materias y asignaturas fijadas en los correspondientes planes de estudios, pero tal interés, en el presente caso, no puede prevalecer sobre el interés de los padres, a la vista de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y de los intereses en juego al ser objeto de discusión el alcance que, en esta controversia, presentan los derechos fundamentales invocados por la parte actora”.

Así mismo, el juez aclara que “resulta imposible, en estos momentos, realizar una valoración de las posiciones de fondo de las partes, debido a la complejidad del debate jurídico existente respecto al tema, siendo significativo que se hayan dictado Sentencias contradictorias por diferentes Tribunales Superiores de Justicia”.

En definitiva, y tras haber practicado el día 5 del presente mes de diciembre “la diligencia de audiencia de la menor”, D. Luis C. Martín “entiende que debe acceder a la medida cautelar y suspender la denegación de la objeción de conciencia, pretendida por los actores en relación con su hija”.

Consiguientemente, en la parte dispositiva de la resolución, se dicta la “suspensión de la ejecución los actos recurridos y, en concreto, la obligatoriedad de cursar la materia o asignatura designada en el vigente currículo o relación de enseñanzas mínimas correspondiente a la educación secundaria obligatoria, como ‘educación para la ciudadanía’ (y en concreto a las materias comprendidas en ella, de ‘educación para la ciudadanía y los derechos humanos’ y ‘educación ético-cívica’)”.

En aplicación de lo dispuesto en el Auto y hasta que el mismo juzgado dicte sentencia resolutoria del recurso planteado por su padre, la alumna queda eximida de recibir enseñanzas de ambas asignaturas, así como de ser evaluada en ellas, sin que tal cosa pueda causarle ningún perjuicio académico ni, por lo tanto, impedirle la promoción de curso ni la posibilidad de obtener el título de Graduado en ESO.


Martes 16 de diciembre de 2008

Valencia da marcha atrás en la impartición de EpC en inglés

11:19 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Valencia da marcha atrás en la impartición de EpC en inglés
OTR/PRESS, Valencia

La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ha publicado una circular sobre orientaciones metodológicas para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la que da marcha atrás a su iniciativa de impartir las clases en inglés. De este modo, será el profesor titular de la materia el que decida en qué idioma quiere impartirla. Este curso podrá hacerlo en inglés, en castellano o valenciano. Si decide hacerlo en inglés necesitará una moratoria temporal para la correcta implantación de la EpC. Esta moratoria se aplicará este curso y podría afectar hasta un 47% de los 550 centros de la autonomía.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza, impulsora de la huelga educativa convocada para el 17 de diciembre, se ha mostrado dispuesta a aplazar el paro, según anunció la portavoz del colectivo y presidenta de la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Valencia, Gemma Piqué, quien valoró el “primer paso” que ha dado la Consejería de Educación.
Publicado en El Dia


Sábado 13 de diciembre de 2008

Discriminaciones de la escuela concertada ante la pública en España

12:23 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La discriminación más generalizada que sufre la enseñanza concertada es la deficiente financiación del módulo económico de concierto que mantiene un enorme diferencial con respecto al coste real de la enseñanza (según nuestros últimos datos el déficit medio por unidad, partida de otros gastos, es de 4.500 euros). A esta situación se suman las discriminaciones que se producen entre comunidades autónomas. El caso más llamativo es el del Bachillerato. Mientras que Valencia, País Vasco, Navarra y Baleares tienen concertado el Bachillerato, el resto de alumnos de la enseñanza concertada tienen problemas económicos reales para continuar sus estudios en el mismo centro en Bachillerato.

Citamos a continuación casos generalizados de discriminación de la enseñanza concertada con respecto a la pública:

1. En el acceso a programas de bilingüismo

El acceso a programas de bilingüismo y a su financiación se dirige sólo a los centros públicos. Aquellos centros concertados que han podido acceder al mismo después de dos años de implantación en los centros públicos, lo han hecho con restricciones en cuanto al número de centros autorizados y con una financiación inferior a la que tienen los centros públicos.

Lugar: En todo el territorio nacional.

2. En los recursos para la aplicación de las nuevas tecnologías

Las dotaciones de recursos materiales como ordenadores y pizarras digitales, así como de profesores de refuerzo y formación sólo se dirige a los centros públicos, salvo en alguna comunidad autónoma como Aragón.

Lugar: Prácticamente en todo el territorio nacional, destacando Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Extremadura y Navarra.

3. En el transporte escolar

Este servicio, vital sobre todo en zonas rurales, sólo está previsto para alumnos de centros públicos. Aún teniendo el autocar plazas libres, pasando por delante de los hogares y de los colegios de alumnos de centros concertados, no se les permite este servicio, ni siquiera pagando el coste del transporte.

Lugar: Prácticamente en todo el territorio nacional (Galicia, Extremadura, Valencia, Murcia, Castilla y León, Asturias, Baleares, Cantabria).

4. En las becas de comedor

El tipo de centro en el que cursen estudios los alumnos limita el acceso a las becas de comedor, ya que sólo acceden a las mismas los alumnos escolarizados en centros públicos, aún con el mismo nivel de renta.

Lugar: Prácticamente en todo el territorio nacional (Galicia, Extremadura, Valencia, Murcia, Castilla y León, Asturias, Baleares, Cantabria).

5. En las bibliotecas escolares

Las Administraciones educativas crean bibliotecas escolares o destinan financiación para su mejora, pero se excluye de estas dotaciones a los centros concertados.

Lugar: Todo el territorio nacional.

6. En los programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Plan PROA)

Proyecto de cooperación territorial que pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos. Aunque no está cerrada la participación a los centros concertados, sólo se ofrecen recursos a los centros públicos para que trabajen en una doble dirección: contribuir a debilitar los factores generadores de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social.

Lugar: Todo el territorio nacional.

7. En apoyos para alumnos con necesidades específicas y minorías étnicas

Apoyos manifiestamente insuficientes para alumnos con necesidades específicas y minorías étnicas escolarizados en centros concertados, pese a estar algunos informados positivamente.

Lugar: Prácticamente en todo el territorio nacional, salvo algunas excepciones (País Vasco, Navarra).

8. En la construcción y reforma de centros educativos

No existen o se limitan las ayudas o subvenciones para la construcción o reforma de los colegios concertados. No se cuenta con el apoyo económico de los Ayuntamientos como sucede con los centros públicos, pero en cambio se mantiene la presencia de un concejal en los consejos escolares de los centros concertados.

Lugar: En todo el territorio nacional.

9. En los Programas de Cualificación Profesional

Se imposibilita el acceso a centros concertados que quieran implantar estos programas por primera vez, mientras que se los conceden a todos los institutos públicos, tal y como consta en el Plan del MEPSYD contra el “abandono escolar”.

Lugar: En todo el territorio nacional.

10. En las condiciones laborales de los docentes

Los salarios de los trabajadores de la enseñanza concertada son inferiores a los salarios en la escuela pública, salvo en Navarra, aunque en dicha comunidad autónoma, al igual que en el resto, las jornadas laborales son mayores que en la pública.

Lugar: En todo el territorio nacional.

11. En las ratios

Las plantillas son más amplias en los centros públicos en todas las comunidades autónomas.

Lugar: En todo el territorio nacional.

12. Función directiva

Los centros concertados cuentan con menos complementos retributivos para aplicar a sus cargos directivos; con menos importe individual; y menos liberación de horas de docencia.

Lugar: En todo el territorio nacional.

Publicado Por ACEprensa


Jueves 11 de diciembre de 2008

C. Valenciana: algunos inspectores pretenden actuar contra los centros que respetan la objeción

16:26 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


EpC=Enseñar por Coacción

VAEL recuerda que la normativa autonómica exige a los colegios e institutos que presten la debida atención educativa a los hijos de los objetores mientras sus compañeros reciben esas enseñanzas. El consejero lo confirma.

REDACCIÓN HO y AGENCIAS.- La agencia Europa Press informa de que algunos inspectores educativos han constatado que algunos centros concertados de la provincia de Alicante están permitiendo que se practique la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC) y que en ellos hay alumnos que no están asistiendo a esas clases.

Así lo aseguró ayer Tudi Torró, presidenta de la Asociación de Inspectores de Educación del País Valencià (Adide-PV), de tendencia ideológica afín al PSOE, quien también manifestó que la Inspección ha remitido un informe negativo sobre estos hechos, ya que la asistencia a la materia es obligatoria y añadió que ahora es la Conselleria de Educación la que debe estudiar estos casos e intervenir.

Según refleja EFE, Torró (a quien no le consta que estas faltas de asistencia se estén produciendo en otros lugares de la Comunitat) afirmó que la objeción de conciencia frente a EpC es “ilegal”, porque la asignatura es obligatoria y resaltó que incluso el Tribunal Superior de Justicia anuló la posibilidad planteada por la Conselleria para aprobar EpC a través de la realización de varios trabajos porque “no se cursaría la asignatura sino los temas previamente elegidos por los padres y tutores”.

VAEL asegura que es Torró quien actúa contra la normativa vigente

Consultado por esta redacción, José Carlos Muñoz, portavoz de Valencia Educa en Libertad (VAEL) ha asegurado que, como docente, le “resulta difícil creer que la señota Torró haya podido hacer esas declaraciones, que son más propias de una comisaria política del Partido Socialista que de una inspectora; es verdaderamente increíble que esta mujer denuncie supuestas irregularidades en centros que se limitan a aplicar la normativa vigente”.

“Torró sabe que la Conselleria de Educación dictó el 30 de julio unas instrucciones que ordenan a los centros educativos respetar la decisión de las familias que hayan optado por la objeción de conciencia frente a EpC y que sus hijos sean atendidos por el profesorado de guardia durante las horas en que se imparta esa materia”, ha manifestado Muñoz. “Como inspectora, tiene la obligación de saberlo, cumplirlo y hacerlo cumplir; si actúa de otro modo, será ella, no las familias objetoras, quien contravenga la normativa vigente”, ha denunciado a continuación.

“Desde VAEL, animamos a todas los padres objetores a los que las direcciones de los centros (sea cual sea su titularidad) o los inspectores de zona traten de presionar para que sus hijos entren a la fuerza en clase de EpC, a que denuncien los hechos directamente ante el Servicio Central de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana y exijan ante ella el cumplimiento de lo dispuesto en las instrucciones del 30 de julio”, ha añadido el portavoz de VAEL.

“Por otra parte”, ha querido matizar, “el TSJ de la Comunidad Valenciana (y esto es algo que Torró también conoce sobradamente) tan sólo ha adoptado medidas cautelares para suspender hasta que dicte sentencia la aplicación de la llamada opción B, pero aún no ha hecho mención alguna sobre el reconocimiento del derecho a objetar, pues los primeros recursos planteados ante el propio Tribunal por centenares de padres objetores, asesorados por CONCAPA y por VAEL, se hallan en las primeras fases de su tramitación”.

“Por eso y porque, como es de dominio público, el mismísimo Tribunal Supremo va a decidir en pleno de su Sala de lo Contencioso-Administrativo no sólo sobre la legitimidad del ejercicio de objeción de conciencia a EpC, sino también sobre la legalidad de los actuales currículos de estas materias puesta en cuestión por el TSJ de Andalucía, me parece una ligereza, cuando no una grave irresponsabilidad, que la señora Torró se haya permitido el lujo de afirmar que la objeción es ilegal”, ha explicado Muñoz.

“La presidenta de Adide-PV y todos sus miembros, teniendo en cuenta la importancia de la función inspectora dentro del sistema educativo, harían bien en actuar con rigurosidad y en no caer en la tentación de confundir sus deseos con la realidad”, ha concluido Muñoz.

Los interesados en recibir información o asesoramiento pueden dirigirse a valenciaeducaenlibertad@gmail.com

Font de Mora desautoriza a Torró

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, aseguró hoy, según informa Europa Press, que “el enfoque sobre los alumnos que presentan objeción para Educación para la Ciudadanía está perfectamente clarificado e indicado, marcado y reglamentado en la orden correspondiente”, que marca que “les debería ser permitido ocupar otro espacio del centro donde deberían ser atendidos, desde el punto de vista de la presencia de algún profesor”.

Font de Mora se refirió a esta cuestión tras ser preguntado acerca de que inspectores educativos han constatado que en centros concertados de la provincia de Alicante están permitiendo que se practique la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y hay alumnos que no están acudiendo a clase.

En este sentido, el conseller recordó que en su momento se dijo que los alumnos y sus familias que tuvieran “algún problema” con esta asignatura “les debería ser permitido ocupar otro espacio del centro donde deberían ser atendidos, desde el punto de vista de la presencia de algún profesor, como se hace en otras Comunidades Autónomas de España, con este tipo de alumnos”. “Eso -insistió- ya está reglamentado y los profesionales tienen ahí la referencia de actuación, y no hay otra”.


Miércoles 10 de diciembre de 2008

La Declaración Universal de Derechos Humanos favorece a los objetores a EpC

19:48 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Bazán PPE med.JPG

Encuentro con José Luis Bazán, experto en Derechos Humanos, con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal por Naciones Unidas.

REDACCIÓN HO.- Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación Profesionales por la Ética se ha entrevistado con José Luis Bazán para recabar su opinión sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía.

Bazán es doctor en Derecho, autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor en las universidades de Navarra y Católica de París y es uno de los expertos en derechos humanos más importante de nuestro país.  Estas han sido algunas de sus afirmaciones (se adjunta entrevista completa al final:

ENTREVISTA COMPLETA:

PREGUNTA.- ¿Qué tiene que ver la Declaración de Derechos Humanos con la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía?

RESPUESTA.- Tiene mucho que ver porque el artículo 26.3 de la Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres.  Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados.  En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.

PREGUNTA.  ¿Cómo es posible que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, unas asignaturas que están en un real decreto de obligado cumplimiento? ¿No es ilegal esa objeción?

RESPUESTA. Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.

PREGUNTA. ¿Qué sentido tiene objetar a Educación para la Ciudadanía en un colegio con ideario propio?

RESPUESTA. No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.

PREGUNTA. ¿Existe algún precedente europeo de objeción de conciencia en el ámbito educativo?

RESPUESTA. Sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres  y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega.  El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.

PREGUNTA. Sinceramente, ¿cree que el derecho a  la objeción en Educación para la Ciudadanía será reconocido por la mayoría de los tribunales?

RESPUESTA. Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas  acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia.


UDE apoya la transparencia de los resultados para mejorar la escuela pública

19:03 h | Artículos,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Lucia Figar, consejera de Educación madrileña.jpg

UDE lleva años solicitando la publicación de estos resultados para lograr la mejora de los centros y facilitar la elección de las familias y considera que los estudiantes no pueden ser rehenes del inmovilismo.

REDACCIÓN HO.- La Unión Democrática de Estudiantes (UDE), que representa al 57% de estudiantes de enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Madrid y está representada con mayoría absoluta de alumnos en el Consejo escolar de la Comunidad de Madrid, valora muy positivamente la publicación de los resultados por centro de la prueba de sexto de Primaria por parte de la Consejería que dirige Lucía Figar. Esta medida supondrá, para Álvaro Vermoet, Presidente Nacional de UDE, “la ruptura con el ocultismo y el inmovilismo de la izquierda y permitirá que la enseñanza madrileña mejore en transparencia y, así, en calidad”.

Esta prueba evalúa si los estudiantes que han finalizado la Educación Primaria tienen las destrezas imprescindibles “que se darán por sabidas en la Educación Secundaria, cuya no superación predispone, por tanto, al fracaso en los Institutos”, afirma Vermoet. No se trata de evaluar los conocimientos que se dan en sexto de Primaria, sino sencillamente de observar si, con independencia de los planes de estudio de cada curso o la planificación de cada centro, los estudiantes saben leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas, esto es, aptitudes instrumentales que necesitarán al pasar a la Secundaria.

Si, por miedo a las reacciones o a los ranking, ocultamos los resultados de la enseñanza pública, los centros que funcionan mal seguirán funcionando mal y nadie reconocerá el mérito de aquellos centros públicos que mejoran o que ya están obteniendo buenos resultados (la mayoría de los colegios con mejores resultados han sido públicos)”, considera el Presidente Nacional de UDE, quien cree que “no se puede pretender que los estudiantes sean rehenes de aquellos colegios que reiteradamente sacan malos resultados y que nunca tendrán ningún incentivo a mejorar si, para evitarse problemas, la Administración esconde los datos“.

UDE considera que conocer un dato tan elemental como si los chicos salen de un colegio de Primaria sabiendo leer y contar, resultará mucho más determinante para miles de familias que el número de polideportivos o de jardines que tenga ese colegio, y que es muchas veces el único criterio de elección que tienen las familias. La publicación de los resultados por centro en la prueba de sexto de Primaria ayudará a premiar a los centros verdaderamente innovadores y con buenos resultados y acabará con algunos mitos que rodean nuestro sistema educativo.


Domingo 7 de diciembre de 2008

El TSJA vuelve a amparar a los objetores de Bollullos

22:21 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Familia Flores Cano

Se trata de la primera familia a la que el Alto Tribunal respaldó en el ejercicio de la objeción para uno de sus hijos, a tres de cuyas hermanas ha eximido ahora.

REDACCIÓN HO y ABC.- El diario ABC informa hoy, en un artículo firmado por Mercedes Benítez, de que la misma familia que logró el primer fallo judicial favorable al reconocimiento del derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía (EpC), se ha visto amparada por una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los Flores Cano, residentes en Bollullos Par del Condado (Huelva), vieron reconocido su derecho a rechazar en conciencia que uno de sus hijos reciba enseñanzas de las materias de EpC, mediante una sentencia dictada el 4 de marzo del presente año por el Alto Tribunal andaluz. La misma Sala dictó en los últimos días del pasado mes de noviembre una nueva resolución que les otorga el amparo judicial a la objeción que habían planteado por varias de sus hijas, que no cursan este año ninguna de las asignaturas de ese grupo.

Si en la primera oportunidad la sentencia favorable permitió que quedara exento de EpC su hijo (que entonces cursaba 3.º de la ESO en el Instituto Delgado Hernández de la localidad onubense), ahora el TSJA ha declarado la exención para tres hijas: una de 10 años, otra de 9 y otra de 6, que estudian respectivamente 5.º, 4.º y 1.º de Primaria en el colegio público Reyes Católicos de Bollullos.

Los padres, Maria Dolores y Manuel, celebraron que se respete su derecho a elegir sobre la educación que desean que sus hijos reciban y el abogado que representa a esta familia, Abel Martíenz Planells, declaró estar “orgulloso del fallo de la sentencia que admite, una vez más, la objeción de conciencia ante EpC”.

Por su parte, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, manifestó su satisfacción por esta nueva victoria de las familias ante los tribunales, “que ratifican así el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos en libertad conforme a sus convicciones morales”.


Viernes 5 de diciembre de 2008

Las objeciones a EpC en Cataluña ya son más de mil

1:32 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Objetores de Barcelona

La Plataforma de Pares i Mares Objectors de Catalunya, el Frente Objetor Catalán y la Plataforma d’Objectors del Vallès han presentado 200 nuevas objeciones en el Departamento de Educación.

REDACCIÓN HO.- Este jueves, 4 de diciembre, la Plataforma de Pares i Mares Objectors de Catalunya, el Frente Objetor Catalán y la Plataforma d’Objectors del Vallès tramitaron ante la Administración educativa las declaraciones de objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía que han planteado los padres de 200 alumnos de colegios de Barcelona y de la Comarca del Vallès. Con ellas ya son 1018 las objeciones presentadas en Cataluña.

“Con este acto queremos defender el derecho de los padres a educar a sus hijos, a las puertas del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su artículo 26 establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, un derecho fundamental atacado por el conjunto de asignaturas que forman el área de Educación para la Ciudadanía, que no respeta las convicciones de los padres”, declaró Carmen Saladich, portavoz de la Plataforma de Pares i Mares Objectors de Catalunya.

El representante de Profesionales por la Ética de Cataluña, Ramón Novella, apoyó la lucha por la libertad de los padres objetores y se refirió también a la situación judicial relacionada con las objeciones a Educación para la Ciudadanía. “La intransigencia de la Generalitat ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han presentado en Cataluña 32 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción”, declaró.

Destacó que en la provincia de Barcelona se han interpuesto hasta la fecha 17 recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones que denegaron la objeción (12 de ellos por el procedimiento ordinario y 5 por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona) y otro recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat que desarrollan los reales decretos de enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación en Primaria y en la ESO.

Así mismo, indicó que en Lleida se han planteado hasta hoy 14 recursos contencioso-administrativos ordinarios contra las resoluciones que denegaron la objeción.

No hay todavía sentencia alguna relativa a los recursos ordinarios y la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha dictado 5 Autos acordando la inadmisibilidad del recurso por el procedimiento especial, por entender que hay inadecuación del procedimiento. Contra todos ellos que han interpuesto los interesados Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, según detalló Novella, quien también anunció que próximamente se presentará un número importante de nuevos recursos ante los tribunales de Justicia catalanes.

Según el dirigente de Profesionales por la Ética, el incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables, y todo ello consolida el movimiento objetor a EpC en Cataluña.

Por último, Novella reiteró la firme determinación de los objetores de Cataluña para llegar, si ello fuese preciso, hasta las más altas instancias judiciales, tanto españolas como europeas, en la reivindicación del derecho de las familias objetoras a oponerse a que el Estado se arrogue la potestad de inculcar a sus hijos los principios ideológicos y morales que el Gobierno de turno desee imponer. “Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”, concluyó.