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Jueves 25 de septiembre de 2008

Una sentencia obliga al gobierno catalán a escolarizar a una niña en el colegio elegido por su familia

23:53 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback


Ernest Maragall, consejero de Educación de Cataluña

La resolución recrimina a la Consejería de Educación de Cataluña que antepusiera aspectos de planificación educativa al derecho de los padres a elegir el centro que consideren acorde con sus convicciones.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Juzgado Contencioso-administrativo número 8 de Barcelona ha condenado a la Generalitat a “escolarizar de inmediato” a una niña de cuatro años en un colegio concertado de Santpedor (Barcelona), que habían elegido sus padres, porque, al rechazarla e imponerle otro centro “por razones materiales y presupuestarias”, vulneró el derecho fundamental de sus progenitores a elegir un centro docente que consideren acorde con su ideario moral y religioso.

La sentencia señala que, “por razones de planificación educativa, cabe imponer un centro educativo a los padres, salvo que dicho centro, a diferencia del elegido, no dé respuesta a su opción por una determinada formación religiosa o moral”.

La Consejería de Educación rechazó la solicitud de admisión de Gisel·la en el nivel P3 de Educación Infantil en el Centro Llisach para el curso 2007/08 y le asignó una plaza en un colegio público de nueva creación -pero que no se ajustaba al ideario de sus padres- por motivos logísticos y alegando que el derecho a la educación de los niños “prevalece” sobre el de sus progenitores a elegir centro.

Los padres de la menor, David V. P. y Antonia R. C., interpusieron un recurso de alzada ante los Servicios Territoriales de Educación y, al no obtener respuesta, presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la Administración educativa catalana, que se opuso a la admisión del mismo alegando que no vulneró el derecho a la escolarización de la niña, pues le asignó una plaza en otro colegio.

La Generalitat ha incumplido un mandato constitucional

La magistrada María Rosa Gutés reconoce haber leído “con estupor” los alegatos de la Generalitat, ya que “cualquier estudiante de segundo de Derecho” sabe que la Constitución prima por encima de “las limitaciones presupuestarias” que aduce la Administración catalana, que no ha demostrado que el centro impuesto garantice una formación equivalente a la del colegio que David y Antonia escogieron. Muy al contrario, según su señoría, el centro que la Generalitat impuso a esta familia para su hija Gisel·la “ni por aproximación ofrece lo que se buscaba del centro elegido”.

Además, recuerda a la Generalitat que “los derechos fundamentales, lejos de constituir meras declaraciones de intenciones, deben hacerse efectivos sobre cualesquiera normas o actuaciones, públicas y privadas, que los obstaculicen”.

La magistrada sostiene que imponer el centro educativo que a la Generalitat le conviene, si no se ajusta al ideario religioso y moral que los padres estiman adecuado para la educación de su hija, es “desnaturalizar” los derechos fundamentales, cuando las administraciones públicas deben garantizar, según la Constitución, el derecho de los progenitores de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones.

La juez ha recomendado a la Consejería de Educación que no se rija “por razones tan prosaicas como la del respeto de unos cupos, fijados en función no de la demanda real de los padres, sino de las preferencias de la Administración educativa por un determinado modelo de escuela”.

Gutés insta a la Generalitat a ajustar la oferta a la demanda, en lugar de ofrecer plazas que finalmente no se cubren “por razones que la demandada no debería despreciar, sino tener en cuenta para la debida aplicación de los fondos ajenos que administra”.

La juez también asegura que la Generalitat vulneró “claramente” el derecho a la libre competencia, al no permitir que David V. P. y Antonia R. C. llevaran a su hija al colegio elegido, que “de forma totalmente legítima y meritoria” se ha ganado su confianza.

Además, el Centro Llisach puede acoger a los alumnos que lo hayan solicitado a diferencia del centro público al que Gisel·la fue destinada y que, “al parecer y no por casualidad, no logra cubrir su oferta de plazas”. Tal vez inluya para ello algo que la magistrada considera probado: que algunos alumnos (entre los que se cuenta Gisel·la) dan sus clases en barracones.

Sentencia de Santpedor (10-09-08).doc 776 KB