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Martes 23 de septiembre de 2008

Los objetores andaluces se querellarán contra la Junta si sigue suspendiendo a sus hijos

21:09 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Trackback


Manuel Chaves y Teresa Jiménez

El abogado Carlos Seco considera que, al negarse a ejecutar las resoluciones del TSJA, Chaves y su consejera de Educación podrían estar incurriendo en delitos tipificados en el Código Penal.

REDACCIÓN HO y ABC.- El diario ABC incluye hoy en su edición andaluza una noticia firmada por Mercedes Benítez mediante la que da a conocer que, si la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no rectifica y mantiene los suspensos con que ha evaluado en junio y en septiembre a los hijos de objetores de EpC, éstos podrían interponer una querella contra los más altos responsables políticos de la Administración Educativa andaluza.

Así lo anunció ayer el letrado Carlos Seco, que, como informó HO, ha presentado varios recursos ante el TSJA para que los alumnos hijos de objetores que fueron calificados negativamente queden exentos de evaluación, en aplicación de lo dispuesto por el Alto Tribunal en sus 15 sentencias favorables a los objetores.

Según detalla el mencionado periódico, los nuevos recursos afectan a dos tipos de alumnos.

Por una parte, a los que fueron suspendidos porque la Administración autonómica no resolvió sus peticiones de objeción y, por tanto, no pudieron acudir a los tribunales antes de que acabara el pasado curso. Educación los suspendió tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre y Seco ha recurrido, pidiendo que queden como no evaluados. El letrado recuerda que, como el propio TSJA determinó en un reciente Auto, esas calificaciones son ilegítimas denegaciones de facto del derecho a objetar que reiteradamente ha reconocido la Sala.

Por otra, algunos de los alumnos a los que el TSJA amparó, mediante la concesión de medidas cautelares por las que determinó que habían de quedar exentos de ser evaluados mientras hasta que el propio Tribunal dictara sentencia, también han sido suspendidos por la Consejería de Educación, que hizo caso omiso de las resoluciones judiciales. Carlos Seco ha solicitado a la Sala que inste a la Administración para que se ejecuten las medidas cautelares y los alumnos sean considerados provisionalmente exentos de cursar EpC y de ser evaluados en esas materias, en aplicación de los autos dictados por los magistrados que la componen.

Si la Junta persiste en su actitud, el abogado de los objetores no descarta acudir a la vía penal. Seco considera que el presidente Chaves y la consejera de Educación, Teresa Jiménez, pueden estar incurriendo en varios posibles delitos, tipificados en diversos artículos del Código Penal. Concretamente, en el que hace referencia a la autoridad o funcionario público que impida ejecutar una resolución judicial, el que alude a las autoridades que se nieguen a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales y el que estipula penas para los funcionarios públicos que impidan a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución.