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Jueves 31 de julio de 2008

El cheque escolar garantiza la libertad de educación

18:57 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El gobierno catalán acaba de aprobar el anteproyecto de su nueva ley de educación, con la oposición de algunos partidos y sindicatos, la patronal, y buena parte del profesorado. Y dudo que cambie mucho durante el trámite parlamentario.

Nacerá pues hipotecada en su aplicación y condenada a ser cambiada en cuanto sean otros los que manden. Lo mismo ha pasado con la estatal LOE. El problema de nuestras leyes educativas, es que no pueden ser aprobadas por consenso, porque en las mismas se anteponen los condicionantes ideológicos a los que favorecen el esfuerzo y la calidad pedagógica; y también priman más en ellas la intención de imponer un sistema único de tipo estatalista, que el respetar la autonomía de los centro y la libertad de elección de los padres. Para tener leyes duraderas, estas deben establecer unos contenidos mínimos y unas normas que aseguren su calidad pedagógica, pero luego ser muy flexibles en su aplicación, respetando la autonomía de los centros para fijar su proyecto educativo y la libertad de las familias para escoger el centro y el tipo de educación que prefieran.

Y mejor si se instaura el cheque escolar que garantice una libertad de elección igual para todos. Lo que propugno no es algo ilusorio; ya funciona así en Suecia. Además, estoy convencido de que una sana competitividad favorecerá la excelencia educativa.

Federico Gómez Pardo

Hispanidad


Miércoles 30 de julio de 2008

Font de Mora reafirma que EpC se impartirá en inglés

16:47 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Font de Mora y Concha GómezReconoce que el problema de los objetores “sigue encima de la mesa de la sociedad”. La Consejería asegura que se han tramitado ante ella 4812 declaraciones de objeción, 3615 de las cuales afectan a alumnos que deberían cursar EpC en septiembre.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) de 2.º dela ESO se impartirá en los centros de la Comunidad Valenciana en inglés. En ello se reafirmó hoy el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, quien subrayó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender de forma cautelar algunos artículos de la orden que desarrolla la materia no afecta al hecho de que ésta se estudie en esa lengua, por lo que en este aspecto “está plenamente en vigor”.

Asimismo, explicó que los alumnos podrán examinarse en castellano o en valenciano, las dos lenguas oficiales en la autonomía.

Font de Mora realizó estas declaraciones en rueda de prensa, convocada para valorar los autos notificados ayer por la sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV que suspenden los artículos 2 en los apartados 1.b, 2 y 3 y los artículos 3 y 4 en todo lo que se refiere a la opción B (es decir, a la posibilidad de superar la materia a través de trabajos trimestrales en vez de exámenes). De igual modo, la sala (a raíz de los recursos interpuestos por el Ministerio de Educación y el sindicato CCOO) suspende del apartado 1 del artículo 5 el párrafo que hace referencia a la evaluación de la adquisición de competencias en lengua inglesa.

Tras analizar el contenido de las dos resoluciones judiciales, Font de Mora (que compareció ante los medios acompañado por la subsecretaria de la Conselleria, Alida Mas, y la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez) señaló que “después de que se haya eliminado la parte de que se consideraran las competencias adquiridas en inglés, sólo se evaluarán los conocimientos de EpC y la orden se refiere a la impartición de EpC en inglés”. Por ello, admitió, “puede darse el caso de que algún centro o alguna persona en concreto pida examinarse en valenciano y en principio tiene todo el derecho a que se les examine en esa lengua”.

“Como de lo único que se habla es de impartición en inglés, la asignatura se dará en inglés”, aunque “en el momento de testar los conocimientos se puede elegir hacerlo en inglés o en la lengua en la que uno se considere más capacitado”. “Esta es una opción que pueden plantear los centros”, dijo.

También manifestó que “debo hacer dos felicitaciones y una lamentación”. En primer lugar alabó la “rapidez y agilidad” del TSJCV al tomar esta determinación, al tiempo que felicitó “al Consell porque su modelo de impartición en inglés ha sido perfectamente reconocido y de una forma expresa en los autos”. De este modo, el “gran anuncio” que realizó en su día el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de que la materia se daría en este idioma “está en vigor y es plenamente legal”, insistió.

Por el contrario, el titular de Educación lamentó que, por el momento, se haya de retirar la denominada Opción B, ya que a su parecer, había argumentos “técnicos y jurídicos para dar una salida a los objetores”. Ahora, “el problema se queda sobre la mesa de la sociedad”, sentenció Font de Mora, que recalcó que ésta es una cuestión “que como sociedad no hemos sabido resolver”.

Más de 3600 objeciones afectan a alumnos que deberían estudiar EpC desde septiembre

En este punto, Concha Gómez detalló que hasta el momento se han recibido un total de 4812 objeciones, de las que 3615 corresponden a alumnos que deben cursar la asignatura el próximo curso. En total, unos 50 000 estudiantes de Secundaria recibirán clases de EpC. La responsable de la Conselleria añadió que los actos de adjudicación de plazas de profesorado de EpC previstos para mañana quedan aplazados hasta septiembre.

Gómez apuntó que los alumnos que no cursen la materia obtendrán la calificación de insuficiente y agregó que se darán “instrucciones a los centros para que estos estudiantes estén debidamente atendidos”, es decir, que haya una vigilancia.

Por su parte, Font de Mora, que avanzó que esta semana se darán a conocer los materiales en inglés para impartir EpC, dio por cumplido el “objetivo estratégico básico” del Gobierno valenciano de promover un sistema trilingüe y afirmó que la elección del inglés para EpC está “está justificada desde el punto de vista de la filosofía de la ley y desde el punto de vista de legalidad”.

Sobre la decisión del TSJCV de suspender el artículo de la orden relativo a la posible evaluación de los conocimientos de inglés, el consejero matizó que la idea “no era realizar una evaluación diferente a la de los contenidos de EpC” y puso el ejemplo de un examen de historia en castellano en el que se tiene en cuenta la corrección en esta lengua.

Font de Mora comentó que los servicios jurídicos de la Administración están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de súplica y defendió que “le estamos haciendo un gran favor a la sociedad valenciana porque entendemos que las sociedades en un mundo global estarán tanto más preparadas para progresar cuanto mejor esté preparado su capital humano”. Según Font de Mora, el propio TSJCV ha reconocido este hecho cuando habla de la “conveniencia” del aprendizaje de un idioma extranjero y del hecho de que el inglés se ha convertido en la actualidad en una “lengua franca”.

Font de Mora comparó el fenómeno social que está representando el movimiento objetor con el del servicio militar y ha recordado que entonces hubo un “goteo” de objeciones, hasta que un órgano judicial resolvió.

Las ofertas de diálogo del delegado del Gobierno, “como las lentejas”

Finalmente, el conseller se refirió a la “oferta de diálogo” lanzada ayer por el delegado del Gobierno en la Comunidad, Ricardo Peralta, de la que dijo que es “como las lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas”. “Dicho de otra manera, esta es EpC, así es como la tienes que comer y así es como la tienes que tragar, y si ahora lo que quiere es que yo le ponga el laurel le diré que no me gustan las lentejas y la Educación para la ciudadanía menos”.

Además, le acusó de “desconocer el fundamento jurídico más elemental” al sugerir que la Generalitat debe elaborar una nueva orden de Epc, ya que la mayor parte “sigue vigente”.

V AEL no quiere entrar en una “guerra de cifras”

El pasado 11 de julio, Profesionales por la Ética publicó datos de objeciones por CC AA actualizados a esa fecha, según los cuales en la Comunidad Valenciana se habían tramitado al menos 5526 declaraciones.

El portavoz de Valencia Educa en Libertad (VAEL), José Carlos Muñoz, no ha querido “entrar en una guerra de cifras”, tras los datos facilitados hoy por la secretaria autonómica Concha Gómez.

Muñoz ha asegurado que “en realidad, la contradicción entre ambos datos es más aparente que real”.

“Las asociaciones que formamos el movimiento objetor hemos comentado en multitud de ocasiones que numerosas familias, especialmente en los primeros meses del pasado curso, presentaron sus objeciones en los centros docentes en los que estudian sus hijos y que nos consta que muchos de esos colegios no las han tramitado en la Consejería. Esa es una de las razones por las que cada vez insistimos más a los objetores en que tramiten sus objeciones directamente ante la Administración Educativa, algo para lo que pueden contar con la ayuda y el asesoramiento de plataformas como la nuestra”, ha añadido.

Finalmente, el portavoz ha comentado que ayer mismo su asociación diligenció 80 objeciones en el registro de la Consejería, pese a estar en período plenamente vacacional y ha recordado que quienes deseen dirigirse a VAEL pueden escribir a valenciaeducaenlibertad@gmail.com


El TSJ andaluz dicta diez sentencias a favor de objeción a la EpC en 48 horas

9:12 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Con los nuevos fallos ya son 36 en toda España los que reconocen el derecho de los padres a objetar a la materia.
M. P.
madrid- Andalucía despide el mes de julio con diez nuevas sentencias a favor de los padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Aunque no se descarta que hoy se conozca alguna nueva resolución, los dos primeros días de esta semana han sido los más prolíficos de los últimos meses para los padres opositores andaluces. La decena de dictámenes alimentan la jurisprudencia que reconoce la objeción frente a esta materia formada hasta ahora por otras tres sentencias del Alto Tribunal andaluz y 22 del TSJ de Asturias.

Los fallos de estos dos últimos días son más «amplios y razonados» que los tres anteriores, explica Loles Serrano, abogada responsable de cinco de las victorias. Por su parte, Blanca Oses, una de las madres que reclamó el derecho para tres de sus hijos -ninguno en edad de cursar la materia por el momento-, explica que su sentencia reconoce que sus niños «no tendrán que asistir a clase, ni ser evaluados de Educación para la Ciudadanía en ningún curso en la que ésta se imparta -ahora o en el futuro- y sin que esto suponga merma alguna para su currículum».

Las nuevas resoluciones suponen «la consolidación del derecho a la objeción a Ciudadanía en la jurisprudencia andaluza», calificó Carlos Seco, el abogado responsable de las otras cuatro victorias.

La Razón


El TSJ suspende el modelo de la Generalitat para impartir Educación para la Ciudadanía

9:07 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

La asignatura se podrá cursar en inglés pero no aprobar con un trabajo

Maite Ducajú, Valencia

La orden de la Conselleria de Educación que regula la forma de organizar la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y de los Derechos Humanos en la Comunitat ha sido suspendida de forma cautelar, y parcialmente, por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dio a conocer ayer dos autos, resueltos por unanimidad, por los que acepta varios aspectos de los recursos presentados por del Ministerio de Educación y el sindicato Comisiones Obreras. El Gobierno de España, sin embargo, no discutía la posibilidad de impartir en inglés, cuestión que si era rechazada por la organización de trabajadores.

De esta forma, los alumnos de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria de los centros valencianos sostenidos con fondos públicos recibirán el nuevo curso la totalidad de los contenidos de esta materia -como ocurre en cualquier otra asignatura obligatoria- y no podrán elegirlos. El TSJ no acepta la opción B regulada en la orden de la conselleria, que consistía en la realización de un trabajo trimestral ni que se evalúe los conocimientos de inglés. En cambio, no se pronuncia sobre la posibilidad de que los profesores la impartan en esta lengua extranjera como establece la norma valenciana.

«El alumno que optara por la opción B prevista en la orden no accede a todos los contenidos y objetos de la materia» por lo que «no se alcanzan los objetivos del currículo, tal y como exige la legislación básica» del Estado, señalan los jueces.

El TSJ afirma que tiene «serias dudas» sobre «la competencia del conseller de Educación de la Generalitat para establecer esta opción pedagógica (B) al ser una materia curricular y obligatoria y, considerando que su ejecución causaría daños de imposible o difícil reparación en los alumnos que la eligieran, pues no habrían cursado la asignatura sino los temas previamente elegidos por los padres o tutores, por lo que de estimarse el recurso, estos alumnos deberían repetir la materia para alcanzar sus objetivos».

De hecho, los jueces -que no entran a valorar la posibilidad de objetar- explican que «lo que se protege con esta medida es el interés público en el modo de impartición» de esta asignatura, señalan en el auto, en el que se afirma que al acordar la suspensión de la orden «se pondera que los perjuicios de la misma despliegan su virtualidad y son efectivos a partir del inicio del curso escolar (septiembre de 2008), siendo poco probable que el tribunal pueda tramitar y dictar sentencia sobre el fondo del asunto con anterioridad al mes de mayo de 2009».

Asimismo, reconoce que la Comunitat «puede en principio, pues tiene competencias para ello, establecer que una materia curricular se imparta en inglés, pero no es posible la doble evaluación de la materia pues el currículo de Educación para la Ciudadanía -ministerial- no recoge criterios de evaluación relacionados con la competencia en inglés».

Además, asegura que «se plantean serias dudas al Tribunal sobre la legalidad de la doble evaluación de la asignatura: una referida a la materia; otra vinculada a la adquisición de destrezas lingüísticas de un idioma no oficial pudiendo suceder que si el alumno no progresa en sus conocimientos en inglés no pueda superar la asignatura de Ciudadanía, suponiendo esta doble evaluación una clara interferencia en el proceso racional de adquisición de los conocimientos» de la materia principal.

Por lo que decreta suspender el párrafo «teniendo en cuenta, en todo caso, el grado de adquisición de competencias básicas de lengua inglesa» del apartado 1 del artículo 5 de la orden.

Levante-emv.com


Martes 29 de julio de 2008

Más de 30 sentencias amparan a objetores a EpC

17:01 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Objetores a EpC (Encuentro en Madrid, 2008).JPGCon las 9 notificadas entre ayer y hoy, el TSJ de Andalucía ya ha emitido 12, que se suman a las más de 20 del TSJ de La Rioja.

REDACCIÓN HO.- Durante la mañana de hoy, martes 29 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado a los representantes legales de dos familias jiennenses sendas sentencias en las que les reconoce el derecho a objetar en conciencia frente a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Así lo ha hecho saber a esta redacción Luis Loma-Ossorio, presidente de la plataforma Jaén Educa en Libertad.

Ayer, según ha difundido Profesionales por la Ética por medio de un comunicado, se conocieron otras 7 resoluciones de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que también amparan a otras tantas familias objetoras, tres de ellas residentes en la provincia de Jaén, dos en la de Cádiz y otras dos en la de Córdoba. Estas 9 sentencias se unen a las 3 dictadas desde el pasado mes de marzo por el mismo tribunal y a las más de 20 del TSJ de La Rioja, todas ellas favorables a los derechos de los padres objetores.

En estas nuevas resoluciones (ver el texto de una de ellas en documento adjunto), el TSJA reitera las argumentaciones jurídicas sostenidas desde que emitió la sentencia del 4 de marzo.

Además, hasta ahora en Andalucía, La Rioja y Aragón se han emitido unos 40 autos judiciales que, con carácter provisional hasta la resolución de los respectivos procedimientos, permiten que los alumnos objetores no asistan a clase de EpC y no sean evaluados, sin que puedan derivarse consecuencias negativas para ellos en materia de promoción de curso y titulación.

Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la avalancha de sentencias favorables a los objetores “no hace sino reconocer los derechos fundamentales de los padres, concretamente los recogidos en la Constitución Española y avalados por la jurisprudencia nacional e internacional”.

Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, exige al Gobierno, a las administraciones educativas y a los medios de comunicación progubernamentales una rectificación inmediata. “Concretamente”, afirma Fernández de Alarcón, “pedimos que se pida perdón a los padres objetores, a los que se les ha amenazado, denostado, presionado y despreciado desde numerosas instancias. Y, naturalmente, solicitamos la retirada de las asignaturas que conforman el área de Educación para la Ciudadanía tal como están establecidas por los reales decretos ministeriales.”

Nueva sentencia del TSJ de Asturias

Por otra parte y según refleja el mismo comunicado, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado hoy mismo la existencia del derecho a la objeción de conciencia frente a EpC, reiterando así el criterio adoptado en sus anteriores resoluciones. Sin embargo, a diferencia de otras anteriores del TSJ de Asturias, en esta ocasión se reconoce el derecho de los padres a objetar aun en el caso en el que sus hijos todavía no estén cursando la asignatura, como ya había resuelto el TSJ andaluz en sentencia del 9 de abril. El citado órgano judicial subraya la tutela que merecen los padres objetores frente a EpC ante vulneraciones concretas de su libertad ideológica o religiosa por parte de los centros o el profesorado, que podrá ser probado en el caso concreto. La jurisprudencia del citado Tribunal desdice nuevamente las tesis gubernamentales y del tejido social y político afín, que continúan negando la evidencia jurídica de que en España la Constitución reconoce el derecho a la objeción de conciencia educativa, y dan muestras de intolerante ignorancia que quiebra gravemente la libertad en la sociedad española.

El Tribunal asturiano -como de forma contundente han afirmado ya los Tribunales Superiores de Andalucía yde La Rioja-, se suma de este modo a la tesis defendida por el movimiento cívico objetor del reconocimiento constitucional del derecho a la objeción de conciencia frente a EpC.

Sentencia del TSJ de Andalucía (24-07-08) 429.03 KB


Domingo 27 de julio de 2008

EpC, a debate en Intereconomía TV

18:01 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados
luislosada_190708.jpg

El programa presentado por Luis Losada Pescador reúne, este domingo (20.30 horas), a José Luis Bazán, de Profesionales por la Ética, María Ángeles Eyries, de la plataforma de objetores de Madrid y Mariano del Castillo, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.

REDACCIÓN HO.- El próximo curso comienza la polémica asignatura de EpC en todo el territorio nacional. Desde el gobierno se argumenta que la asignatura es ley y que -por lo tanto- no cabe su desobediencia a la que califican de ‘rebeldía’.

Para hablar de estos temas, El Club de la Palabra ha invitado al coordinador de la asesoría jurídica de Profesionales por le Etica, José Luis Bazan, a la coordinadora de las plataformas de objetores de Madrid, Mª Ángeles Eyries y al director de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Mariano del Castillo. ¿La cita? Este domingo 27 a las 20.30 horas

Los padres objetores, consideran que la asignatura vulnera gravemente su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Censuran el relativismo moral de la asignatura, el laicismo que califican de “adoctrinador” y la formación afectivo-sexual. Elementos suficientes como para no dar “ni un paso atrás” en su decisión de objetar. Ya son más de 40.000 padres, aunque esperan que tras el verano y el inicio de la asignatura la cifra de incremente.

Se trata –señala el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco- del mayor movimiento objetor producido en la historia de España. Mayor incluso que el producido con el servicio militar. En este caso, además, los padres objetores argumentan su decisión en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Carta de Derechos de la Unión Europea, la Declaración de Derechos del Tribunal de Estrasburgo y el art. 27.3 de la Constitución. Todos estos textos amparan y protegen el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.

Sin embargo, el gobierno se niega a negociar con el movimiento objetor. Las administraciones educativas donde ya se ha empezado a implantar esta polémica asignatura amenazan a los padres con el suspenso de los hijos e incluso con la imposibilidad de acceder al título oficial.

Sin embargo, ya son 18 las sentencias de los tribunales superiores de justicia que han dado la razón a los padres objetores. Por supuesto, la cuestión se encuentra ahora a la espera de que el Supremo resuelva. Por eso muchos analistas políticos consideran que la polémica está amortizada a la espera del fallo judicial. No obstante, el movimiento objetor ya ha advertido que va a llegar hasta el final para defender su derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Así que si el Supremo no les da la razón, llegarán al Constitucional o ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Además, el PP acordó en su congreso de Valencia ofrecer a los padres objetores una salida “satisfactoria”. Los objetores lamentan que las administraciones educativas de Castilla y León y de la Rioja no hayan sido sensibles al problema, pero recuerdan que las resoluciones del cónclave popular, son vinculantes para todos los territorios.

Así las cosas cabe esperar un otoño caliente en lo que al derecho a la libertad educativa se refiere. El gobierno no cede, pero los padres tampoco piensan dar un paso atrás. La pelota –de momento- está en el tejado del Supre


Viernes 25 de julio de 2008

Un juzgado de Zaragoza dicta un auto de medidas cautelares a favor de una familia objetora

11:47 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de la capital aragonesa exime provisionalmente a un alumno que el próximo curso habría tenido que cursar ‘Educación ético-cívica’ en 4.º de ESO.REDACCIÓN HO.- Tras el auto acordado el 5 de junio, el de fecha 3 de julio y el más reciente del día 17, todos ellos dictados por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Huesca, el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de Zaragoza acordó el pasado martes, día 22 de julio, el cuarto auto de medidas cautelares que, en la comunidad aragonesa, exime provisionalmente a un alumno de la obligación de cursar las materias de “Educación para la Ciudadanía” (EpC).

En esta oportunidad, han visto provisionalmente amparado su derecho a objetar frente a EpC unos padres que recurrieron ante la Justicia la resolución de la Administración Educativa de la región y solicitaron al juzgado que tramita el procedimiento que su hijo fuese dispensado de cursar esas materias hasta que recaiga sentencia.

Para justificar la concesión de las medidas solicitadas por los demandantes, el magistrado-juez invoca la doctrina jurídica que, en casos similares, han seguido los tribunales superiores de Justicia de otras comunidades como Andalucía, Asturias o La Rioja.

Así, como esos altos tribunales autonómicos, considera que, si no se acordase la suspensión provisional de la obligatoriedad de cursar las asignaturas de EpC, el daño causado podría ser irreparable en caso de que finalmente la sentencia fuese favorable al recurso de la familia objetora.

Por lo tanto y según dispone la resolución judicial, el alumno afectado queda cautelarnente eximido de cursar ‘Educación para la ciudadanía y los derechos humanos’ (que, como alumno matriculado en 3.º de ESO, habría debido estudiar durante el curso 2007-2008) y ‘Educación ético-cívica’ (que le correspondería estudiar a partir de septiembre, como alumno que será de 4.º de ESO).

El texto completo del auto se incluye como documento adjunto.

Auto de medidas cautelares – Zaragoza (22-07-08) 222.98 KB

Jueves 24 de julio de 2008

El gobierno riojano decide reconocer las objeciones a EpC

17:07 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados


Alumnos objetores

Tras las numerosas sentencia del TSJR que reconocen el ejercicio del derecho a objetar en conciencia frente a las asignaturas de Educación para la ciudadanía, el ejecutivo regional rectifica sus planes iniciales.

REDACCIÓN HO.- El gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha hecho público hoy un comunicado en el que manifiesta que, acogiendo la tesis de las sentencias del TSJ, va a estimar las objeciones de conciencia en vía administrativa.

El pasado día 15, tras las primeras resoluciones favorables de la Sala de lo Contencioso-Administrarivo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), la Oficina del Portavoz del Gobierno publicó una nota de prensa en la que anunciaba que generalizaría entre los objetores que no estuviesen amparados por ninguna resolución judicial la aplicación de medidas cautelares, pero sin reconocer las objeciones. La Administración Autonómica remitía a las familias objetoras al reconocimiento de ese derecho por vía judicial.

Desde aquella fecha, el TSJR ha seguido resolviendo y notificando sentencias favorables a las familias objetoras que habían recurrido ante él la denegación acordada por la Consejería e Educación, hasta la suma provisional de veintiuna.

A la vista de cómo se desencadenan los acontecimientos, hoy, 24 de julio, la misma Oficina ha emitido este comunicado:

Educación eximirá a los alumnos objetores de asistir a clase y ser evaluados de ‘Educación para la Ciudadanía’ mientras no haya sentencia definitiva

La Consejería de Educación admitirá las objeciones de conciencia que se presenten contra el conjunto de asignaturas englobadas bajo la denominación de ‘Educación para la Ciudadanía’ y eximirá a los alumnos de asistir a las clases y de ser evaluados en dichas materias, sin perjuicio del pronunciamiento definitivo del Tribunal correspondiente sobre la cuestión.

Esta decisión se ha tomado a la vista de las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que dan la razón a las familias objetoras, así como después de escuchar las opiniones de los colectivos de padres afectados.

De acuerdo a esta decisión, los padres contrarios a esta asignatura deberán presentar en la Consejería de Educación una nueva solicitud de objeción de conciencia. En esta petición formal, los padres asumirán las posibles consecuencias que pudieran derivarse de sentencias desfavorables.

Por su parte, CONCAPA-Rioja, una de las asociaciones que han mantenido con el gobierno de la Comunidad las conversaciones a que alude la propia nota, ha valorado la decisión mediante la publicación de otro comunicado, que transcribimos en su integridad:CONCAPA-RiojaCONCAPA-Rioja


Ante el reciente anuncio de la Consejería de Educación en el que se hace pública la intención de estimar las Objeciones de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, desde CONCAPA RIOJA

1.- Mostramos nuestra plena satisfacción con esta decisión del Gobierno de La Rioja mediante la que se contribuye inequívocamente al mandato constitucional de garantizar a las familias la educación de sus hijos conforme a sus propias convicciones (Art. 27.3 CE)

2.- Animamos a todas las familias riojanas contrarias a que el Estado sea quien señale los valores morales en que deben ser educados nuestros hijos, a que presenten ante la Consejería de Educación su objeción de conciencia frente a estas asignaturas mediante el formulario que en breve estará disponible en www.concaparioja.es

3.- Invitamos al resto de Comunidades Autónomas a que, siguiendo el ejemplo del Gobierno de La Rioja y en cumplimiento del mandato constitucional antes citado, estimen las objeciones de conciencia sin obligar a las familias a acudir a los tribunales en amparo de sus Derechos Fundamentales más básicos.

4.- Requerimos, de nuevo, al Gobierno de España para que dejando de lado sus evidentes pretensiones ideologizantes y en cumplimiento de los principios democráticos más esenciales modifique -a través del consenso real y efectivo- los contenidos de estas asignaturas eliminando todo aquello que -conforme ha dispuesto el TSJ de La Rioja- vulnera nuestros derechos fundamentales.

5.- Deseamos que este nuevo triunfo de la sociedad civil contribuya a la consecución de un gran pacto social sobre educación del que nazca un nuevo sistema educativo de mayor calidad, libre y democrático; y en el que la participación de las familias sea realmente efectiva.

6.- Agradecemos a las familias riojanas que -mediante un ejemplar ejercicio de verdadera ciudadanía democrática- presentaron su objeción de conciencia y acudieron a los Tribunales en defensa de sus derechos.


El PSOE exige la implantación de EpC en Madrid

12:01 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

No respetan la libertad de los padres a educar moralmente a sus hijos.

REDACCIÓN HO / ANALISIS DIGITAL.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid llevará al Pleno de hoy una proposición para que el Consistorio inste al Gobierno regional a aprobar un decreto que contemple la implantación de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” el próximo curso.

El portavoz socialista, David Lucas, dio ayer cuenta en rueda de prensa de las propuestas que su grupo planteará en la reunión de hoy, entre las que se encuentran la exigencia de que se inste al Ejecutivo de Esperanza Aguirre a desarrollar un decreto con carácter urgente donde se contemple la implantación de dicha asignatura de acuerdo con los decretos establecidos en la LOE.

Los socialistas trasladarán su preocupación por el “boicot permanente” que, a su juicio, realiza la Comunidad de Madrid contra la legislación estatal y pedirán que el Gobierno autonómico comunique a los padres las consecuencias que pueden derivarse de la objeción de conciencia que, sin amparo legal, están intentando propiciar.

El PSOE considera que, del mismo modo, la Comunidad de Madrid debe remitir a los centros escolares una circular en la que se ponga de manifiesto que la asignatura de Educación para la Ciudadanía carece de alternativa y, por lo tanto, es obligatoria para todos los alumnos. Todo un ejemplo de “talante” a la hora de obviar el derecho constitucional de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, y todo un desprecio a la voz ciudadana tras la auténtica rebelión cívica que suponen las miles de objeciones que se han producido en toda España frente al adoctrinamiento ideológico que impone la asignatura.


Miércoles 23 de julio de 2008

Magistrados del TSJA que ampararon a los padres objetores a EpC se querellan contra Pérez Royo

21:29 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

El colaborador de El País y SER los llamó “desvergonzados”, “delincuentes” y “prevaricadores”.

REDACCIÓN HO Y DIARIO DE SEVILLA.- Varios magistrados de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA han denunciado ante la Fiscalía de Sevilla al catedrático de Derecho Constitucional de la Hispalense Javier Pérez Royo, al que imputan un delito de injurias y calumnias por haberles tildado de “desvergonzados”, “delincuentes” y “prevaricadores”, en un artículo titulado Fraude de Constitución, publicado en El País, y que hacía alusión a la sentencia que anuló varias expresiones de las órdenes que regulan la enseñanza de Educación para la Ciudadanía.

Tras la denuncia, la Fiscalía abrió diligencias de investigación pero el caso ha sido remitido a la Fiscalía de Madrid porque el artículo se publicó en la edición nacional y es, por tanto, la competente para investigarla.