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Jueves 29 de mayo de 2008

La Justicia ampara a las familias

10:06 h | Libros,Noticias,Opinión | chequeescolar | Trackback

LOS más recientes pronunciamientos judiciales conocidos en Andalucía acerca del espinoso contencioso que la Administración mantiene con padres disconformes e insumisos ante la política que, a brazo partido, mantiene el PSOE en la Junta de Andalucía nos introduce en una «nueva era» jurídica con un inmediato impacto en la realidad escolar cotidiana. Si hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad había dado prioridad al derecho fundamental de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, ahora, no sólo se hace más alto y exigente el tono de las sentencias sino que se entra plenamente en el fondo del asunto, y se llega a negar valor objetivo a la ratio. Ésta ha sido la gran coartada de la Administración socialista a la hora de restar niños a la enseñanza concertada, derivándolos hacia una red pública controlada por el Gobierno andaluz. Ni siquiera la oferta de unidades nuevas por parte del centro, producida en el mismo barrio en el que se ha resuelto uno de los pleitos en cuestión, fue tomada en consideración por la Delegación Provincial de Educación.

El TSJA es más contundente, explícito e irrevocable que nunca al declarar que la supuesta masificación de las aulas -recordemos que el límite lo pusieron las autoridades docentes en 25 alumnos por clase de Primaria- no puede justificar en modo alguno la restricción de un derecho constitucional. Mucho menos resulta de recibo, según los jueces, la existencia de plazas libres en centros públicos de la misma zona. Hasta el más cándido de los ciudadanos puede discernir que si ese desequilibrio existe es porque la Junta de Andalucía, que siempre ha practicado -y así lo ha reconocido sin recato en sede parlamentaria- una planificación deliberadamente favorable a la enseñanza pública en detrimento de la concertada, así lo ha buscado. Su afán sectario e intervencionista le ha guiado en el arrinconamiento de cuanto suponga un rival para sus ansias de fiscalizar la formación mental de las nuevas generaciones de andaluces. A muy escasa distancia de la tentación totalitaria, los sucesivos consejeros se han empecinado en monopolizar la educación, que -no lo olvidemos- fue la primera gran transferencia que demandaron.

Los Tribunales se toman su tiempo pero finalmente siempre prevalecen sobre el despotismo del poder ejecutivo. El TSJA pone en guardia frente a la avalancha de procedimientos que se acumulan en sus mesas, con un denominador común: la defensa de un derecho al que los padres no quieren renunciar. ¿Hasta cuándo va a esperar la Junta de Andalucía y el partido que la sustenta para imprimir un giro verdaderamente social a su talante y dialogar con los colegios y las asociaciones de padres para que su régimen de escolarización deje de lesionar gravemente las legítimas aspiraciones de las familias? Su grado de dureza en este campo emblemático de su programa sólo cede ante los varapalos consecutivos y cada vez más frecuentes de la Justicia. Una y otra vez, como si de un empeño quijotesco contra molinos de viento se tratase, el TSJA desautoriza la intromisión del Estado en la vida privada de las personas. La responsabilidad de educar a los hijos corresponde a sus padres y sólo por delegación la cumplimentan los centros. La Administración y los establecimientos por ella dirigidos deberían desempeñar un papel subsidiario. En Andalucía, ya lo vemos, es al revés, y la Junta no tiene empacho en abogar por sus tesis apoyándose en que donde hay una plaza escolar pública no debe haber una privada financiada con fondos públicos. La Ley de Educación de Andalucía, primera de las autonómicas, incluye a la enseñanza concertada en el sistema público. Y por añadidura, ahora tenemos una sentencia según la cual «no existe dato objetivo que determine un perjuicio del interés general por la mayor escolarización de menores en el centro». Ya nadie puede llamarse a engaño ni seguir esparciendo la confusión.

Editorial ABC de Sevilla