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Martes 29 de enero de 2008

La contestación del Gobierno de Navarra a los padres objetores

15:25 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados

Hace tan sólo unos meses, algún medio informaba de que en Navarra “no se han recibido objeción de ningún tipo”, y que así lo atestiguaban “fuentes de la consejería de Educación”, por lo que la situación podía calificarse de “tranquilidad total y ninguna incidencia”. Sin embargo ya podemos ofrecerles una copia de la carta que, por fin, el Gobierno de Navarra está enviando con su respuesta a los casi 500 objetores navarros. Al menos se da por enterado de su existencia antes de denegar sus peticiones. La situación, no obstante, está lejos de poder calificarse como de “tranquilidad total y ninguna incidencia”.

La carta que han recibido los padres, se puede dividir en 3 bloques.

EL primer bloque viene a ser, al fin, un acuse de recibo de las objeciones presentadas. El Gobierno de Navarra reconoce que, “conocidos los contenidos de las asingnaturas citadas”, hay padres que consideran que “parte de ellos no respetan la libertad de conciencia y son contrarios a los valores en los que intentan educar a sus hijos”. En consecuencia “comunican su decisión de acogerse al derecho constitucional de objeción de conciencia”.

En el siguiente bloque, el Gobierno de Navarra cita las diversas normas y artículos (especialmente la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación) en virtud de las cuales se implanta la asignatura y se determina que el Gobierno fije sus enseñanzas mínimas. Difícilmente podría suscitársele problema alguno de conciencia a ningún padre si no existiera efectivamente tal normativa. La existencia de todas esas normas, por tanto, constituye un presupuesto necesario de la objeción de conciencia y no su refutación.

En el tercer bloque, sin embargo, el Gobierno de Miguel Sanz utiliza el acopio de citas referido tanto para reafirmar la obligatoriedad de la asignatura, como para denegar la posibilidad de ninguna alternativa. Todo ello “a expensas de que se pronuncien las instancias judiciales competentes en nuestra Comunidad Foral”.

En este sentido, cabe recordar las recientes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así, este Tribunal emitió un auto que, sin hacer “un juicio anticipado sobre la efectiva vulneración de derechos fundamentales invocados”, sí establecía que existía al menos ”apariencia de tal vulneración” en grado suficiente para aceptar el recurso. Admitía así el Tribunal que estamos ante un proceso que afecta derechos fundamentales y no ante un mero procedimiento contencioso-administrativo, como sostenían al unísono la Junta y la Fiscalía. Yendo aún más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspendió cautelarmente en diciembre la obligatoriedad de la asignatura. El auto justificaba la suspensión explicando que si el alumno seguía acudiendo a clase durante la tramitación del proceso, y si finalmente éste le favorecía, entretanto “recibiría unas enseñanzas no queridas que soslayarían la finalidad del recurso interpuesto, haciendo perder efectividad a la sentencia”.

Todo parece indicar, por tanto, que los próximos episodios de la rebelión cívica se desarrollarán en las urnas o en los tribunales, a donde el Gobierno de Navarra remite a los objetores.

NavarraConfidencial.com


Martes 8 de enero de 2008

La Comunidad Valenciana discrimina a los padres de colegios que no reciben fondos públicos

20:11 h | Libros,Noticias | Jaimeba | Comentarios cerrados

Un estimado lector de nuestra página nos ha hecho llegar una denuncia sobre la legislación de la Comunidad Valenciana que por su interés reproducimos al final de este artículo.

Lo que se viene a denunciar en resumidas cuentas es que la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana discrimina a los padres que eligen un centro que está financiado al 100% por las aportaciones de los padres. La Consejería financia los libros de aquellos alumnos que acuden a centros estatales o de iniciativa social financiados por fondos públicos pero se olvida de aquellos alumnos cuyos padres han decidido que sus hijos estudien en otros centros.

Esta discriminación hace que padres de rentas más altas que llevan a sus hijos a centros financiados con nuestros impuestos se vean beneficiados frente a padres que ya hacen suficiente sacrificio al tener que pagar dos veces la educación de sus hijos, por una parte a través de sus impuestos y por otra a través del pago directo al colegio por ellos elegido.

Por eso este tipo de ayudas que pueden ser de aplaudir, solo son auténticamente equitativas si son universales. Lo contrario es una penalización de la libertad de los padres.

Agradecemos a nuestro usuario su carta que reproducimos a continuación y animamos a todos a escribir a la Consejería denunciando esta discriminación.

Creo que uno de los mayores errores del sistema educativo actual es el mantenimiento de un sistema concertado de centros cuyo sistema de acceso ha venido permitiendo ciertas prácticas nada estimulantes.

En la Comunidad Valenciana la última normativa de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados ha venido a reconocer tal situación, no obstante lo cual los padres que hemos optado por un centro privado sin concierto seguimos considerándonos discriminados injustamente.

Especialmente sangrante resulta la estimación de los criterios de domicilio y renta para cuya estimación ha venido siendo habitual faltar a la verdad bien aportando contratos ficticios, bien entregado una declaración de la renta no ajustada a la realidad que después era complementada ante hacienda pero fuera del expediente de admisión.

Ante esta situación la Comunidad Autónoma en el último decreto que regula el acceso a los centros docentes públicos y privados concertados (Decreto 33/2007 publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 3 de abril de 2007) y en la Orden que lo desarrolla (Orden de 27 de abril de 2007, DOCV de 2 de mayo de 2007) ha optado por exigir documentación administrativa que acredite el domicilio y si se quiere obtener puntuación por renta la firma de una autorización para que se pueda conseguir confirmación de los datos a través de la Agencia Tributaria.

Es decir la renta de los miembros de la unidad familiar no es un elemento ni tan siquiera obligatorio para acceder a un centro de enseñanza público o concertado en la Comunidad Valenciana.

A pesar de lo anterior, al implantar el programa de gratuidad de libros de texto regulado por la Orden de 6 de junio de 2007 publicada en el DOCV nº 5530 de 8 de junio se limita a los centros sostenidos con fondos públicos.

Tal restricción, en mi opinión, supone una discriminación injustificada y arbitraria de los alumnos que cursan 1º ó 2º de educación primaria en centros no sostenidos con fondos públicos, a más de suponer un doble castigo a los padres que, en su legítimo derecho elegimos un centro escolar no sustentado con fondos públicos, no sólo hemos de sufragar el coste de la educación de nuestros hijos y que debía ser gratuita sin ningún tipo de limitación, sino que además quedamos excluidos de las ayudas para la compra de libros de texto.

La asignación de la ayuda de forma universal a los alumnos que cursan estudios en centros sostenidos con fondos públicos excluyendo al resto de los alumnos que estudian en otros centros contradice el objetivo que se dice pretender en la propia orden y el resto de la legislación “… llegar a la gratuidad de los libros en este nivel educativo de carácter obligatorio, para hacer real la obligación constitucional de una enseñanza básica obligatoria y gratuita”.

Toda la normativa citada está en la página web de la Generalitat Valenciana. (www.gva.es )
y en el del Diario Oficial www.docv.gva.es