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Sábado 28 de octubre de 2006

Profesionales por la Etica responde a la ministra Cabrera: “la única opción de los padres es la objeción de conciencia”

12:13 h | Libros,Noticias | Txemav | Comentarios cerrados

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se pronunció ayer en una entrevista publicada en el diario La Razón sobre la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, impuesta a todos los alumnos con la nueva ley de enseñanza aprobada por el Gobierno socialista. Sin embargo, al Ejecutivo se le escapa que se está negando a los padres el derecho que tienen a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales

Profesionales por la Ética, aludió ayer a las palabras de la ministra Cabrera cuando afirmaba que la libertad de los padres de elegir es “un derecho absolutamente reconocido e incuestionable”. Así, como “un importante avance” valoró esta asociación la actitud de la ministra frete a las declaraciones hace unas semanas de Alejandro Tiana, secretario general de Educación, cuando cuestionaba la existencia de dicho derecho.

Del mismo modo, el punto de vista de la Ministra respecto a la protección de los derechos de los padres que no quieren educación católica para sus hijos puede abrir una vía de solución positiva para el conflicto creado a los miles de padres que no quieren que sus hijos sean adoctrinados con la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Pero, es importante que el Gobierno termine de aclarar cuál es realmente su postura respecto a los contenidos de la mencionada asignatura.

¿Por qué justificaba hace unos días que en el temario de la asignatura pudiera encontrarse el “matrimonio” homosexual”? Ahora parece negar en sus declaraciones que pueda aplicarse el mismo criterio a la clonación humana, incluida en el Proyecto de Ley de Investigaciones Biomédicas, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, o a la eutanasia, cuya futura legalización ha sido insinuada más de una vez por el Gobierno.

Para Profesionales por la Ética “sorprende el desconocimiento de la Ministra respecto a la eficacia directa del derecho constitucional a la objeción de conciencia” pero está recogido en la Constitución.

Llegados a este punto, la asociación insta al Ministerio a que rectifique su actual planteamiento respecto a la imposición de un sistema moral e ideológico a través de la Educación para la Ciudadanía.

Profesionales por la Ética continuará su campaña de difusión de la Guía para la Objeción de Conciencia relativa a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” de la que se están distribuyendo 500 ejemplares diarios, lo que confirma la alarma social en torno a esta materia.

Publicada en Ánalisis Digital


Viernes 27 de octubre de 2006

El cheque escolar

12:34 h | Artículos,Libros | Txemav | Comentarios cerrados

Nadie, o prácticamente nadie, discute que una de las principales responsabilidades del estado moderno es la educación y que éste debe procurar su universalización, es decir, que la educación llegue a todos sus ciudadanos.

Donde se suscita el debate y la controversia es en la conciliación del derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza. Mientras la izquierda pone más énfasis en el derecho a la educación, la derecha hace hincapié en la libertad de enseñanza. Históricamente, la izquierda rechazaba la posibilidad de subvencionar la enseñanza privada con fondos públicos, mientras que la derecha defendía la libertad de enseñanza y de elección de centro por parte de la familia., lo cual implicaba subsidios públicos para que este derecho pudiera ser realmente efectivo. Durante la transición democrática, todos los partidos de izquierda defendían la idea de una escuela pública, única y laica y rechazaban los conciertos. Por otra lado, la Iglesia Católica, los partidos de centro y derecha (incluidos los nacionalistas) y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) defendían el principio de libertad de enseñanza, entendido no sólo como la capacidad de crear centros privados con un ideario propio, sino como la libertad real de elección de los padres, la cual implicaba la necesidad de subvencionar la educación privada para que pudiera ser gratuita.

El debate constitucional y la necesidad de consenso sobre las cuestiones fundamentales de la convivencia democrática empujaron a los principales partidos a un acuerdo básico: la aceptación, por parte de la izquierda, del principio de libertad de enseñanza y de financiación con fondos públicos de los centros privados concertados y, por parte de la derecha, del principio de participación de los padres, profesores y alumnos en la gestión y control de todos los centros sostenidos con fondos públicos y de la libertad de cátedra incluso en los centros con ideario propio.

En la LODE (1985) se plasman tres principios. Primero, los centros que reciben la subvención no pueden cobrar por la enseñanza a sus alumnos. Segundo, los centros concertados han de tener un sistema de admisión de alumnos igual al de las escuelas estatales, es decir, en caso de exceso de demanda, han de prevalecer como criterios de admisión la proximidad al domicilio, el menor nivel de renta y la presencia de hermanos en el colegio. Finalmente las escuelas concertadas tendrán que tener un consejo escolar representativo de la comunidad educativa (titulares del centre, profesores, padres, etc.), con funciones similares a las existentes en los centros públicos.

Este modelo permite la libertad de elección del centro por parte de las familias y se garantiza el principio de igualdad, impidiendo que sean los colegios los que elijan al alumno. No obstante, en la práctica, en los centros concertados todavía se da una cierta selección del alumnado. A pesar de la gratuidad de los centros concertados, actividades extraescolares caras, material escolar caro, etc., son mecanismos económicos que actúan como barreras o filtros de entrada para los hijos de familias de clase baja. De esta manera, los centros concertados, por término medio, mantienen un alumnado de un estatus socioeconómico y cultural un poco más alto que los que van a los centros públicos.

Con sus ventajas e inconvenientes, el sistema de conciertos está funcionado con un cierto grado de aceptación por parte de los diferentes sectores implicados en el sistema educativo, pero las discrepancias ideológicas de fondo continúan aflorando con regularidad. El cheque escolar vuelve a traer a primer plano las diferencias de modelo educativo y de enseñanza.

La idea del cheque escolar tiene una larga historia, con antecedentes en la obra de Thomas Paine y de John Stuart Mill. En su versión moderna fue plateada por primera vez en 1955 por Milton Friedman y posteriormente elaborada por el mismo autor y por Friedrich von Hayek.

Ambos autores admiten que la educación básica se puede establecer con carácter obligatorio y que ha de ser financiada por el estado, porque de ello se derivan importantes beneficios para el conjunto de la sociedad. No obstante, los dos autores consideran mucho más discutible que la enseñanza deba estar organizada directamente por el poder público. Para ambos, es preferible que haya una amplia pluralidad de escuelas que satisfagan las diferentes preferencias de las familias.

Coinciden ellos en que para que la elección sea real, y ninguna escuela tenga privilegios sobre las demás, la formula más adecuada es el cheque escolar: un bono por un valor determinado que podría ser utilizado para pagar la matricula escolar (total o parcialmente) en la escuela preferida por los padres, siempre que se cumplan unos mínimos requisitos que tendrían que ser homologados por el estado. Según los autores este sistema mejoraría la calidad y la eficiencia del sistema educativo en dos aspectos fundamentales. Por un lado, rompería el casi monopolio que durante décadas ha ejercido el estado en la provisión de la enseñanza, de manera que es más fácil que cada familia pueda encontrar la escuela que mejor se adecua a sus preferencias y valores. Por otro, el sistema educativo pasaría a ser un mercado, donde las escuelas mas eficientes obtendrían más recursos (serian más demandadas) y las menos eficientes tendrían más problemas para sobrevivir, por falta de demanda. Eso constituiría un poderoso incentivo porque las escuelas buscarían mejorar su calidad, como forma de asegurarse su cuota de mercado.

Una variante es la planteada por John Chubb i Ferry Moe. Para ellos, se trataría de distribuir los fondos públicos no a los padres mediante cheque, sino distribuirlos entre todo tipo de escuelas en función de su capacidad de atracción de alumnos. Lo que es fundamental es que cada escuela reciba dineros públicos en función de los alumnos matriculados y tenga independencia para llevar a cabo sus propios programas educativos. Cada escuela podría, así, buscar su posición en el mercado, mediante la especialización en un determinado tipo de enseñanza o, incluso, en una orientación religiosa o filosófica.

Planteado en cualquiera de estas dos modalidades, ¿se preserva el equilibrio necesario entre libertad de elección e igualdad de acceso al servicio público de enseñanza? ¿Suponen estos modelos una mejora en la calidad educativa? Mi respuesta a ambas interrogantes es no. Voy a intentar argumentarlo.

En primer lugar decir que el sistema educativo es un mercado especial, porque la escuela plantea una oferta extremadamente rígida. En este mercado, lo más probable es que la demanda se concentre en unas pocas escuelas de gran calidad, que pronto cubrirían sus plazas, ya que no pueden ampliar la oferta. Así, muchos demandantes no pueden acceder al producto deseado. ¿Cómo se escoge a los que entran? Es la escuela la que decide, la que escoge, generalmente en función de las características sociales y académicas (que como sabemos están muy condicionadas socialmente) de los demandantes. En la práctica, en un sistema de libre elección de escuela, es la escuela la que tiene verdadera libertad de elección, no las familias, que sólo pueden aspirar a ser parte de los elegidos. Es muy probable que formen parte del grupo de escogidos los hijos de las familias de clase media y alta y aquellos que no tienen ningún tipo de discapacidad, es decir, los que serán más fácilmente socializados e integrados en la escuela.

En segundo lugar destacar que muchas familias, cuando eligen educación privada, están comprando en realidad lo que algunos consideran segregación social y otros llaman un medio social mas homogéneo con su origen social, y no tanto mejores profesores ni currículum. Por este motivo la política de cheques generalizada no funcionaria, porque las escuelas de calidad no estarían dispuestas a admitir muchos estudiantes de estatus bajo, y, si se vieran forzadas a hacerlo, el alumnado de clase media y alta abandonaría la escuela, como ya se ha podido constatar en EE.UU.

En relación con la mayor calidad educativa de los centros privados en respecto a los públicos, no existe una constatación empírica sobre tal cuestión. Hay estudios que muestran que los resultados de pruebas de matemáticas y de lectura entre alumnos de las escuelas privadas y estudiantes equivalentes de las escuelas públicas, no mostraban diferencias significativas.

Desde mi punto de vista la capacidad de elección es positiva, no sólo por la libertad de enseñanza que significa, sino también por los elementos de competitividad que introduce, pero no debe colisionar con el principio de equidad e igualdad de oportunidades que ha de regir el sistema educativo.

A. Espinosa


La educación en España

4:09 h | Artículos,Libros | Jaimeba | Comentarios cerrados

Existe una clara tendencia a la imposición de un monopolio estatal en materia educativa.

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El art.27 fue sin duda uno de los preceptos más debatidos y trabajados en la redacción de nuestra Constitución y supuso una enorme dación de generosidad entre las partes enfrentadas para conseguir el consenso final. Representa el acuerdo alcanzado entre posturas profundamente antagónicas que se sacrificaron en parte para obtener un resultado conveniente para toda la sociedad española. Este encuentro de ideologías divergentes quedó fielmente reflejado en las palabras que pronunció el portavoz del grupo UCD, Jiménez Blanco, en la última sesión dedicada al tema por el Pleno del Senado: “Entre ayer y hoy, queridos amigos de la Cámara, estamos enterrando, casi sin darnos cuenta tres problemas del constitucionalismo español”. Se refería, como señala Garrido Falla, a los clásicos antagonismos: clericalismo-anticlericalismo; monarquía-república y enseñanza laica-enseñanza religiosa.

De este modo, en apariencia al menos, quedó superada la dialéctica entre Estado confesional/Estado laico que se proyectaba de forma permanente, entre otros ámbitos, en el de la escuela y la enseñanza. En la historia de España, como señala Fernández Miranda, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, como derechos perfectamente diferenciables y potencialmente complementarios, nunca habían sido reivindicados de manera simultánea. Antes al contrario, cuando se reivindicaba uno se negaba el otro. De ahí el valor democrático que encierra el art.27 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, la realidad nos muestra una clara tendencia en los últimos tiempos a la imposición de un monopolio estatal en materia educativa a partir de la práctica total asimilación de los colegios concertados a los públicos laicos en nombre de una igualdad que destruye nuestra más básica libertad en cuanto padres: la libertad de enseñanza. Éste es uno de los derechos fundamentales más inherentes a la persona, ya que lo ejercemos, sin apenas darnos cuenta, desde los primeros instantes de vida de nuestros hijos. Sólo desde la libertad se pueden formar personas libres. De manera que la educación no sólo precisa de libertad sino que es libertad. La sociedad actual se mueve hacia la pluralidad y la diversidad; pretender una uniformización social desde las más básicas etapas escolares instaurando un igualitarismo masificador sólo puede ser entendido por ideologías privadoras de libertad, es decir, totalitarias. Todas estas restricciones a la libertad de enseñanza nos conducen a la imposición de una uniformidad terriblemente empobrecedora. Como decía Stuart Mill, “una educación general del Estado es una mera intervención para modelar al pueblo haciendo a todos exactamente iguales”. Lo curioso es que las posturas más críticas frente al principio de libertad de enseñanza, en cuanto a pluralidad de escuelas y modelos educativos, las mantengan sobre todo quienes, en términos generales, se manifiestan como defensores de la libertad y los derechos inalienables de la persona.

Una sociedad plural y democrática exige asimismo una pluralidad de opciones educativas. Los padres saben mejor que nadie qué tipo de educación quieren para sus hijos. Cada familia debería poder ver satisfechas sus preferencias con independencia de su nivel económico. La Administración no sólo no puede decidir por ellos sino que, por el contrario, tiene la obligación de favorecer el ejercicio de este derecho por parte de los padres, abriendo el abanico de opciones educativas al máximo posible. La educación no es un monopolio del Estado, es un derecho fundamental. Por lo que no se puede imponer un modelo u otro, sino que se deben ofertar todos en igualdad de condiciones. Es obligación de los poderes públicos hacer posibles todas las ofertas educativas, concediendo a quien lo desee la oportunidad de realizar al máximo sus posibilidades dentro de la opción libremente escogida. En esta materia más que en ninguna otra resulta alarmantemente urgente llegar a un Pacto de Estado, es decir, a un consenso total entre las diferentes formaciones políticas que salve a la educación de cambios tan constantes como los cambios del partido en el poder. El consenso en educación es posible, con generosidad y espíritu democrático, como lo demostraron los padres de la Constitución en la redacción del art.27.

María Calvo Charro, profesora Titular de Derecho Administrativo

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Miércoles 25 de octubre de 2006

«SM se ha dejado manipular por la Administración»

17:29 h | Libros,Noticias | Txemav | Comentarios cerrados

Madrid- La secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar de Estado, María Rosa de la Cierva, criticó ayer el libro de religión islámica publicado por la editorial SM haya sido financiado con dinero público y «precisamente a través de una editorial católica.«Me parece lamentable tanto por parte del Estado,como de la editorial», aseguró en declaraciones a Europa Press. Además detalló que, aunque la Fundación Santa María (SM) «tenga personalidad jurídica civil, tiene una implicación religiosa indiscutible» al elaborar y distribuir «todos sus libros en los colegios de los Marianistas de España». De la Cierva destacó que «la editorial SM no debiera haberse dejado manipular por la Administración».

De la Cierva consideró que la financiación gubernamental «en favor de una minoría de alumnos que elige Religión islámica es respetable, sin duda» y que, de lo contrario, se incumpliría el artículo 14 de la Constitución Española, pero pidió que subvencione igualmente los textos de Religión católica, «sin restricciones editoriales y para todos los alumnos». «No quiero decir con esto que no se ayude a las minorías, pero para evitar la discriminación con otras religiones, en este caso, la católica, con una desproporción llamativa en los alumnos que la eligen: un 82% en la Religión Católica frente a un escaso 1% de la Religión islámica, espero que se subvencione igualmente con fondos públicos los textos de Religión católica, sin restricciones editoriales, para todos los alumnos. El Gobierno tiene una especial responsabilidad en cumplir la Constitución Española. En caso contrario, la Administración caería en una flagrante discriminación». Además, De la Cierva añadió que «en caso contrario, los padres que hayan optado para que sus hijos reciban Religión católica, reclamarán la igualdad de trato».

Publicada en larazon.es


Sólo la mitad de los escolares tolera la presencia de inmigrantes en su clase

17:20 h | Libros,Noticias | Txemav | Comentarios cerrados

Madrid- La Fundación Hogar del Empleo (Fuhem) presentó ayer en Madrid las conclusiones de una encuesta realizada a 2.000 niños, de entre 11 y 18 años, sobre la calidad de la educación que reciben.

La investigación, que se ha llevado a cabo en centros de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, arroja datos alarmantes sobre la presencia de inmigrantes en las aulas. Y es que sólo a la mitad de los encuestados les parece bien que haya alumnos de otros países en su clase, mientras que un 13 por ciento se muestra en desacuerdo. La aceptación resulta bastante mayor en Primaria, donde llega a las tres cuartas partes y el rechazo se reduce a sólo el 7,5 por ciento. Mientras, en los dos primeros años de la ESO la tasa de rechazo asciende al 17,8 por ciento.

Los públicos, más tolerantes

Además, la tolerancia de los inmigrantes es mayor entre los estudiantes de la escuela pública -el 69,5 por ciento- que entre los alumnos de centros privados -el 54,8 por ciento-.

Según el coautor del estudio y asesor del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), Álvaro Marchesi, el hecho de que en Primaria casi el 76 por ciento de alumnos estén de acuerdo o muy de acuerdo con la presencia de inmigrantes en sus aulas, y a partir de la ESO el porcentaje ascienda al 50 por ciento, demuestra que «el recelo hacia los inmigrantes aumenta con la edad» y esto es un dato que «debería encender una luz de alarma».

Sin embargo, la directora general del Área Educativa de Fuhem, Charo Díaz Yubero, se mostró más esperanzada al explicar que los estudiantes más mayores son curiosamente los que tienen menos compañeros inmigrantes, frente a los más pequeños, que cada vez comparten aula con más jóvenes de otras nacionalidades, de manera que, a medida que haya más convivencia entre inmigrantes y españoles, menor será el rechazo.

Pero los aspectos preocupantes del estudio no acaban ahí. Casi uno de cada veinte alumnos se siente habitualmente maltratado por alguno de sus compañeros de clase y el 3 por ciento admite que los maltrata. Este acoso se da en todo tipo de centros, tanto en los públicos como en los privados, y afecta más frecuentemente a los chicos que a las chicas.

También se observa que el acoso escolar es mucho más usual en Educación Primaria que en los restantes niveles estudiados, de forma que en Bachillerato prácticamente ha desaparecido.

En general, según Marchesi, «la valoración de los alumnos es positiva» ya que muestra una buena percepción de los estudiantes sobre su día a día en el colegio. El 71,7 por ciento está satisfecho con su tutor, el 86 por ciento está contento de la relación con sus compañeros, el 69 por ciento con la manera de enseñar y el 53 por ciento lo está con las instalaciones y los recursos.

En cuanto a la diferencia entre colegios privados y públicos, los primeros se muestran más satisfechos cuando se les consulta acerca de la preparación de sus profesores, su manera de enseñar, las actividades complementarias y extraescolares y la disciplina. Por otro lado, los segundos valoran más su participación escolar, la atención del tutor y los recursos del centro.

Publicada en larazon.es


Dictamen de la comisión permanente sobre educación primaria

15:47 h | Libros,Noticias | Txemav | Comentarios cerrados

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha dictaminado el proyecto del Real Decreto de enseñanzas mínimas para Primaria y las enmiendas sobre la Religión y la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”

El reglamento sobre los contenidos de Educación Primaria en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) pasará al trámite de análisis por parte del Pleno del Consejo sin que la asignatura de Religión se ajuste a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español en materia de educación. Tampoco, se modificarán los contenidos de la nueva materia que introduce la reforma educativa del Gobierno y seguirán sin ser respetados los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.

La Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) había presentado una enmienda para incluir una cláusula de salvaguarda para que se respete una posible objeción de conciencia de las familias en contra de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” sin que haya represalias por parte del centro educativo o la administración. También se rechazó.

Por cuatro votos a favor y siete en contra, la Comisión Permanente del Consejo Escolar se opuso a que las familias que lo deseen puedan atenerse a la objeción de conciencia para que sus hijos no cursen la nueva asignatura creada por la reforma educativa, concretó a Europa Press el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel.

Publicada en Ánalisis Digital


Martes 24 de octubre de 2006

Estudiantes de la UDE acusan al Gobierno de ‘subvencionar la islamización de España’

15:47 h | Libros,Noticias | Txemav | Comentarios cerrados

La CECE critica que la Unión de Comunidades Islámicas de España obtenga beneficios con la comercialización de libros de texto sobre el Islam.

Rueda de prensa presentación del `primer libro de texto de religión musulmana en EspañaLa Unión Democrática de Estudiantes UDE) criticó ayer que el Gobierno destine 42.000 euros a subvencionar el libro de texto ‘Descubrir el islam’ Ediciones SM), destinado, según consideró, a ‘islamizar a los inmigrantes de origen musulmán’. En la misma línea, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), afirmó que mientras que para desarrollar un libro de texto en cualquier otra materia hace falta un esfuerzo económico considerable, la puesta en el mercado de éste no sólo saldrá ‘completamente gratis’ a sus promotores, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), sino que ‘obtendrán un importante beneficio económico con su comercialización’.

CECE preguntó al Gobierno por qué ha subvencionado ‘un libro de texto para una asignatura que eligen sólo 15.000 estudiantes’ al tiempo que bajo el argumento de la ‘no imposición de formación religiosa’ pone todo tipo de trabas a la enseñanza de la religión católica.


María Rosa de la Cierva afirma que “habrá que acudir al recurso de Objeción de Conciencia” para la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”

11:32 h | Libros,Noticias | Txemav | Comentarios cerrados

En la conferencia que pronunció ayer en el Colegio diocesano de Ávila sobre la “Formación moral y Educación para la Ciudadanía”

La Ley Orgánica de Educación (LOE), reforma educativa impulsada por el Gobierno socialista, en su disposición adicional 2 y 3 que trata sobre la enseñanza de la Religión declara que “se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español”. Pero, ¿porqué se subestima la enseñanza de la Religión?

Es importante recordar que los recogidos en el artículo II del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales establecen que en Educación preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalentes (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” aunque, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos pero si se garantiza el derecho a recibirla. ¿Cumple la LOE este derecho?

¿Qué ocurre con el profesorado de la materia? María Rosa de la Cierva recordó ayer que la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año. “La determinación del contrato, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros, corresponderá a las Administraciones competentes. La remoción, en su caso, se ajustará a derecho”, aseguró.

La LOE sigue negando a los padres el derecho a que sus hijos sean educados según sus convicciones morales y religiosas. La asignatura de “Educación para la Ciudadanía” se impondrá a todos los alumnos, sin excepción. ¿Por qué se empeñan en no respetar los derechos reconocidos en las declaraciones internacionales, la Constitución española?

María Rosa de la Cierva volvió a lamentar ayer que el comportamiento respecto a esta asignatura no es “coherente” con los valores democráticos. ¿Acaso no se confunde el contenido con la educación afectiva, la sumisión a las leyes, “la dictadura del relativismo”?, cuestionó.

En este punto, hizo referencia a las palabras del vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, quien advirtió que “Educación para la Ciudadanía irá más allá de los valores cívicos constitucionales y entrará en el fondo moral de la persona”. Así, la también miembro del Consejo Escolar del Estado declaró que si no se corrigen estos aspectos, “habrá que acudir al Recurso de Objeción de Conciencia”.

Publicada en Ánalisis Digital


Lunes 23 de octubre de 2006

La paradoja entre crecimiento económico y deterioro educativo

23:26 h | Artículos,Libros | Txemav | Comentarios cerrados

Sobre La Gran Estafa, el libro de Alicia Delibes


Libertad de enseñanza

23:19 h | Artículos,Libros | Txemav | Comentarios cerrados

No queda ninguna razón para que el Estado siga imponiéndonos la educación. Que yo sepa, el PP no está por levantar de la sociedad ese yugo. Pero es hora de exigírselo, a él como a los partidos que tengan algún interés en la libertad de los ciudadanos.