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Miércoles 27 de julio de 2005

Educación, libertad y financiación

17:15 h | Artículos,Libros | Txemav | Trackback

La educación pública en España está en una situación lamentable según todos los informes públicos y privados, domésticos e internacionales disponibles. Al tiempo, el derecho constitucional de los padres a elegir la enseñanza que desean para sus hijos no opera en la práctica.

A través de la legislación y de la financiación, el modelo educativo español está controlado de facto por el Estado y la escuela libre; la realmente privada apenas supone el 8% de la oferta. Desde la restauración de la democracia, los sucesivos gobiernos, con independencia de su color político, han utilizado el sistema educativo para intentar imponer a los ciudadanos su ideario. De la escuela pública y laica de la izquierda a la pública pero religiosa de la derecha, ninguna fuerza parlamentaria ha cuestionado la monopolización de la enseñanza por el Estado. Por desgracia, la reforma del Ejecutivo socialista agudiza esa deriva estatista y uniformizadora cuando España necesita una verdadera revolución educativa basada en la competencia y en la libertad de elección.

¿Quiere esto decir que se intenta volver a lo que existía antes de la financiación pública de la enseñanza? La respuesta es negativa pero implica una redefinición del enfoque estatal del problema educativo. El papel del Estado debería consistir en subvencionar no a los centros docentes, sino a la educación. El Gobierno concedería a cada niño un bono cuyo valor sería igual al gasto medio escolar por alumno escolarizado. Cada escuela, tanto si es privada como si es pública, tendría autonomía financiera y debería cubrir el conjunto de sus gastos vendiendo sus servicios en el mercado. Las familias sufragarían el importe de la escolarización de sus hijos con bonos o cheques que les serían distribuidos por los poderes públicos, y que siempre tendrían la posibilidad de completar, si así fuera su deseo, mediante una contribución adicional. Esos bonos escolares serían negociables en cualquier colegio. Su impacto sobre el gasto público sería irrelevante, debido al peso marginal de las escuelas no subvencionadas en España.

El sistema escolar se parecería así a un mercado competitivo en el que los empresarios individuales se enfrentarían para ofrecer el mejor servicio posible al mejor coste. Dichos empresarios tendrían incentivos para contratar los mejores profesores, para incluir en su programa los contenidos específicos que reclamasen sus clientes y para introducir las innovaciones pedagógicas más eficaces. Asimismo, cada familia tendría opción de enviar eventualmente a sus hijos a los colegios que deseasen, de acuerdo con sus particulares preferencias. Quien prefiriese limitarse al nivel mínimo de educación exigido por el poder público sería libre de hacerlo; de la misma manera que el que prefiera apretarse más el cinturón para dar una enseñanza de mejor calidad a sus hijos sería libre de comprar ese “más” en el mercado. Esta opción sería de verdad progresista, ya que fomentaría la aparición de nuevos centros docentes privados y rompería un esquema regresivo que limita la elección de colegio a las rentas altas

La privatización del sistema escolar no significa que el Estado abandone sus prerrogativas en materia educativa. La financiación de la educación y el control de sus contenidos o del nivel de enseñanza son dos temas distintos que pueden y deben ser tratados de manera diferente. Las autoridades públicas siempre definirían una serie de normas mínimas imperativas. Ahora bien, no podrían impedir que los centros docentes enseñasen también algunas otras cosas ni imponer autoritariamente cómo habría de impartirse la educación. Un sistema de esta naturaleza aumenta las oportunidades de todos los individuos. Ahora bien, ello sólo es posible mediante la emergencia de un proceso competitivo imprescindible para garantizar la diversidad y la calidad. Sólo se verán perjudicados aquellos para los que el ideal de igualdad se confunde con la imposición autoritaria de una uniformidad en la mediocridad.

Una reforma apoyada en la generalización del bono escolar garantizaría la libertad religiosa y eliminaría uno de los aspectos más conflictivos de las relaciones Iglesia-Estado. Tienen razón quienes consideran falaz la supuesta asepsia de la enseñanza pública. En ella también se enseña “religión”; no una religión formal y teísta, pero sí una serie de valores y de creencias, los de los enseñantes, que muchas veces son contrarios a los que las familias desean para sus hijos. Las actuales disposiciones recortan la libertad religiosa de los padres, que se ven obligados a pagar con sus impuestos para que adoctrinen a sus hijos o a pagar todavía más si desean que ese adoctrinamiento no se produzca. Para impartir su mensaje, educar a los creyentes y ser libre en un Estado libre, la Iglesia debería apostar por la vía del cheque escolar en lugar de hacerlo por las subvenciones públicas directas a sus colegios.

El bono o cheque escolar no es idea de liberales radicales, sino una realidad en países desarrollados y en vías de desarrollo. Funciona en la socialdemócrata Suecia desde los 90; en Bélgica desde hace más de medio siglo; en estados de EEUU o en Chile, por citar algunos. La combinación de financiación estatal-libertad de elección sería una bandera muy atractiva en España, cuyo sistema educativo arrastra un imparable declive que no se va a resolver con más dinero público.

L. Bernaldo de Quirós